Opinión
Ya hace más de una década contamos con investigaciones que vinculan paros de profesores con caídas en los resultados educacionales. Con posterioridad, surgió evidencia que mostraba que paros de profesores se asocian con caídas de hasta un 29% en pruebas estandarizadas de matemática.
Con la firma de un acuerdo entre senadores de distintos sectores políticos y el Gobierno, se puso fin a uno de los paros de profesores más largos del último tiempo, que afectó gravemente la educación pública en el norte de Chile. Esta vez, cerca de 30 mil estudiantes vieron vulnerado su derecho a la educación por culpa de un paro que duró más de 80 días y que puso en jaque la implementación de la desmunicipalización, esa política pública que hace tan solo 7 años se planteaba como la gran solución a los problemas de la educación pública chilena.
Desde el año 2010 ya se pueden contabilizar 157 días de paros convocados a nivel nacional por el Colegio de Profesores, a lo que se suman los más de 250 días de suspensión de clases producto de la pandemia. Hay cada vez más evidencia a nivel internacional sobre el daño que esto genera a niños y niñas y, sin embargo, la tendencia a paralizar parece ir en aumento. Habrá, pues, que redoblar los esfuerzos para mostrar lo dañino que puede ser un paro.
Ya hace más de una década contamos con investigaciones que vinculan paros de profesores con caídas en los resultados educacionales. Con posterioridad, surgió evidencia que mostraba que paros de profesores se asocian con caídas de hasta un 29% en pruebas estandarizadas de matemática, así como efectos menores, pero significativos, en pruebas de lenguaje. Este daño estaba presente a lo largo de toda la curva de distribución de habilidades, pero su impacto aumentaba en los alumnos más vulnerables.
Hace cuatro años, un nuevo estudio, esta vez utilizando datos de Argentina, mostró que el estar expuesto a paros de profesores en la educación primaria reducía los ingresos de hombres y mujeres en un 3,2% y 1,9%, respectivamente, con impacto directo en desempleo y capital humano. Dicho estudio concluyó estimando las pérdidas monetarias para Argentina en aproximadamente 2.340 millones de dólares, equivalentes a un aumento del ingreso medio de los docentes de un 62,4%. De forma parecida, un año después, otro estudio predijo pérdidas de ingresos de entre 1,9% y 7,7%, dependiendo de si se perdía un 25% del año escolar hasta la totalidad del mismo.
Es urgente evitar más paralizaciones. Los efectos de seguir perdiendo clases no solo son devastadores para miles de niños y niñas, sino también para el país en su conjunto. Una solución parte por hacer cumplir a rajatabla la ley y la Constitución, que hoy prohíben que funcionarios públicos –como son los docentes de los SLEP– puedan declararse en huelga. Un avance aún más ambicioso sería declarar las salas cuna, jardines infantiles y escuelas como servicios esenciales, prohibiendo por lo tanto la huelga en ellos; y, como contrapartida, incorporando mecanismos que mejoran la negociación colectiva entre docentes y equipos directivos, tales como arbitrajes obligatorios u otros.
La propuesta constitucional que se vota en diciembre contiene un primer avance en la materia: establece el deber del Estado de “garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”. Sin embargo, no hay diferencias en la forma de definir a los servicios esenciales, que siguen limitados a aquellos que dañan la “salud, el abastecimiento, o la economía o seguridad del país”.
Al igual que la salud, los paros en educación tienen un costo y un impacto en las vidas humanas. Que las secuelas se vean con un largo desfase no puede ser excusa para que aceptemos que estos proyectos de vida se sacrifiquen. Y al igual que respecto de otros servicios esenciales, las paralizaciones de escuelas y jardines infantiles tienen costos enormes para la economía chilena. No hay razones de peso para incluir consultorios, sanitarias y subestaciones eléctricas, y excluir la educación de niños y niñas dentro de aquellas actividades que no pueden parar. Declarar los establecimientos educacionales como servicios esenciales puede no resolver todos los problemas, pero al menos implica un acuerdo: tratar la educación como algo esencial.
