Opinión
AgenciaUno
Una buena medida –y probablemente la única disponible– sería reducir significativamente el precio de las frutas y verduras, y hacerlo bajando el IVA que se les aplica, por ejemplo, a un 5%, en lugar del 19%.
Hay una cuestión de nutrición sana en la que todos los dietistas están de acuerdo con la OMS. Su recomendación es consumir al menos 400 gramos de fruta y verdura al día para el bienestar físico y mental. Estamos muy lejos de esta meta, según el Minsal, ya que sólo el 15% de los hogares chilenos alcanza este nivel, aún menos en los más modestos. Esto contribuye a explicar que la tasa de obesidad de la población chilena (34%) sea la más alta de América Latina después de México. ¿Qué puede hacer la política pública frente a esto?
Los menús escolares o un mejor etiquetado de los productos pueden ayudar. Pero hay que ir mucho más allá. Nos parece que una buena medida –y probablemente la única disponible– sería reducir significativamente el precio de las frutas y verduras, y hacerlo bajando el IVA que se les aplica, por ejemplo, a un 5%, en lugar del 19%.
Debo admitir que es paradójico pedir una reducción del IVA sobre un bien específico, cuando Chile presume de haber conservado un tipo único del IVA. De hecho, la mayoría de los economistas, incluido el autor de esta columna, coinciden en evitar lo más posible la modulación de los tipos del IVA con fines de política social, ya sea para promover o frenar el consumo de bienes o para apoyar el poder adquisitivo de los hogares pobres.
De hecho, es difícil dirigirse únicamente a los hogares de bajos ingresos y el productor puede captar fácilmente la reducción. En términos generales, afectar los precios relativos entre bienes distorsiona el uso de los recursos necesarios para producirlos. Si queremos desalentar el consumo de bienes como el tabaco o el alcohol, un “impuesto especial”, que afecta a la cantidad física y no al valor del bien, es más eficaz.
En Europa, se recurre excesivamente a estas reducciones y es una enfermedad que afecta la eficacia del instrumento. Por ejemplo, el déficit con respecto del tipo normal del 20% en Francia es de casi una cuarta parte de la recaudación total. Como se puede imaginar, es difícil devolverlo. Por eso, algunos países, como Dinamarca y Chile, han aprendido de la experiencia y optado por un tipo único, como forma de resistir a cualquier lobby.
Pero toda regla tiene sus excepciones, incluso muy largas: muchos servicios de salud, de educación, de transporte, inmobiliarios y financieros no pagan IVA. Y los argumentos contra la modulación no se aplican en absoluto a las frutas, verduras y legumbres. Un exceso de ortodoxia tributaria rozaría ahí la herejía. Para fomentar el consumo, no podemos utilizar un “impuesto negativo” o una prima vinculada al consumo del bien, como se podría hacer para incentivar la compra de vehículos eléctricos.
Tampoco se trata de un bien, como el carburante, consumido de forma desproporcionada por las rentas bajas y sobre el que un IVA proporcional tiene un marcado efecto regresivo. Aquí, por el contrario, los hogares con bajos ingresos prefieren sustituir las frutas y verduras costosas por alimentos industriales baratos, pero poco saludables, especialmente para los niños. No debemos reducir el consumo de frutas y verduras, debemos fomentarlo, incluso si esa medida también beneficia a los hogares más ricos. Esta medida podría financiarse fácilmente aumentando los impuestos adicionales sobre el tabaco y el alcohol, manteniendo el objetivo de mejorar la salud.
En favor del IVA como herramienta, hay también que tener en cuenta una dimensión psicológica y ética. La redistribución a través de reducciones de IVA tiene la ventaja de ser silenciosa y no discriminatoria: nadie se opone al efecto redistributivo porque es invisible y universal, mientras que un beneficio monetario adquiere de algún modo la apariencia de lo que es: una ayuda a un asistido.
Otra ventaja de tal medida sería fomentar una industria agrícola altamente estratégica en la que Chile tiene verdaderas fortalezas para la exportación. Apoyar la demanda interna es también una buena medida de política industrial.
Pero, más que todo, está en juego la salud pública y la equidad en un acceso menos discriminatorio a alimentos sanos. Las autoridades deben ponerse en marcha.
