Opinión
Un sistema de financiamiento de la educación superior eficiente y sostenible es una condición habilitante para avanzar hacia una sociedad más equitativa y desarrollada.
En octubre de 2023 entraron en vigor los criterios y estándares nuevos de acreditación institucional, que son más exigentes y que permiten avanzar en un modelo evaluativo centrado en las evidencias. La mejora continua de las Instituciones de Educación Superior (IES) requiere invertir más recursos. Asimismo, las exigencias serán cada vez mayores. Ejemplos de ello son la puesta en marcha de la Ley 21.369 sobre el acoso sexual, la violencia y la discriminación de géner, y la Ley 21.545 sobre la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, entre otras.
En un contexto de exigencias mayores, la discusión pública sobre el sistema de financiamiento de la educación superior requiere mayor análisis y reflexión. Hoy, el elemento central es el financiamiento institucional para la gratuidad, que no tiene margen de crecimiento dada la estrechez fiscal y las necesidades sociales que deben abordarse prioritariamente. El gasto en gratuidad representó en 2023 cerca del 50% del presupuesto de educación superior, y en 2024 llegara al 54%. En esta situación, la sostenibilidad financiera del sistema de financiamiento se vuelve un factor fundamental. Adicionalmente, la evidencia comparada muestra que la gratuidad debe ser uno de varios instrumentos para conformar un sistema de financiamiento sustentable.
La Subsecretaría de Educación Superior anunció el ingreso de un proyecto de ley que rediseñará el sistema de financiamiento de la educación superior, que actualmente tiene como piedra angular la gratuidad. El sistema de financiamiento institucional para la gratuidad actual contempla la fijación de valores regulados de los aranceles de carreras impartidas en forma presencial (se excluye la formación online o a distancia que ha aumentado significativamente en los últimos años), sobre la base de una metodología definida por dicha Subsecretaría. Esta metodología se basa en la recopilación de datos de costos históricos asociados a impartir las carreras, y atributos específicos del subsistema universitario y del subsistema técnico profesional –cuya inclusión metodológica no refleja necesariamente la realidad de los subsistemas ni la estructura de costos asociada a impartir las carreras–.
A modo de ejemplo, la metodología elaborada por la SUBESUP contempla otorgar un mayor valor de arancel a las instituciones que disponen de un alto número de jornadas completas (profesores con 39 horas o más) por estudiante. Ello no está en sintonía con la naturaleza de las instituciones del subsistema Técnico Profesional, cuya formación orientada al mundo del trabajo promueve la vinculación de los docentes con el sector productivo y de servicios, para así brindar una formación pertinente y de calidad a los estudiantes. Asimismo, la perspectiva histórica de los costos no permite dar cuenta apropiada y oportunamente de los cambios tecnológicos que experimentan las carreras del subsistema Técnico Profesional. El crédito con aval del Estado y la fijación del número máximo de vacantes son materias vinculadas de trascendencia que por sí solos necesitarían un texto aparte.
Por ello, la revisión del sistema de financiamiento institucional para la gratuidad es clave para continuar formando a miles de personas que son el motor de crecimiento y desarrollo del país. Un sistema de financiamiento de la educación superior eficiente y sostenible es una condición habilitante para avanzar hacia una sociedad más equitativa y desarrollada. Sin una mirada integral de este asunto al momento de definir el valor regulado de los aranceles, número de vacantes máximas y otros instrumentos de financiamiento vinculados, conducirá a que miles de personas vean coartadas sus oportunidades de desarrollo personal, se dificulte el logro de sus anhelos y esperanzas, y se dificulte el crecimiento de la productividad del país, estancada hace varios años.
Adicionalmente, algunos estudios realizados por INACAP han mostrado que el retorno de la educación Técnico Profesional es mayor al mostrado por un conjunto de universidades (tanto en ingreso de las personas como retorno del gasto que realiza el Estado). Esto resalta la necesidad de iniciar una discusión constructiva sobre la distribución del gasto público para que sea sostenible, eficiente y orientada al desarrollo de las personas. Esto permitirá dar más y mejores oportunidades y contribuir a mejorar la productividad del país. En ello, la educación Técnico Profesional tiene un rol crucial.
