Opinión
Es fundamental que cualquier decisión sobre el uso de las fuerzas militares en labores de seguridad pública en Chile se base en una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios, considerando el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales.
El debate actual sobre la posible implicación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en lugares estratégicos para la defensa nacional, especialmente en el marco de la ley de infraestructura crítica y el aumento de la inseguridad, plantea un dilema complejo que requiere un análisis exhaustivo.
Por un lado, se argumenta que la formación táctica de los militares les proporciona habilidades únicas para abordar situaciones de alto riesgo en entornos urbanos y proteger lugares críticos. Esta versatilidad les permite, según se sostiene, responder eficazmente a amenazas criminales de manera proporcional a su poder de fuego. En efecto, frente al vertiginoso ritmo de transformación del delito, pasando de una orientación doméstica a la transnacionalización e implantación de organizaciones criminales en nuestro país, la fuerza militar es la única capacitada para mantener a raya esta escalada delictual.
Sin embargo, esta perspectiva debe ser matizada con una consideración crucial: la formación militar, aunque valiosa en ciertos contextos, difiere sustancialmente de la formación policial en términos de enfoque y prioridades. Mientras que los militares están entrenados para enfrentar objetivos enemigos con el uso máximo de la fuerza, los policías se centran en la proporcionalidad de su uso, el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos.
El despliegue de militares en zonas urbanas de alta densidad como terminales de buses y centros comerciales tiene el riesgo potencial de trasladar las lógicas de la guerra a espacios urbanos sin mayor mediación. Así, en lugares que se caracterizan por el flujo y tránsito de gran cantidad de personas, el uso de armamento y tácticas militares pueden tener consecuencias fatales, pudiendo costar innumerables vidas humanas por mero alcance.
Existen casos en los que la intervención de las fuerzas armadas ha tenido un impacto positivo en el mantenimiento de la seguridad pública. Un ejemplo destacado es el de Francia, donde la operación Sentinelle y el plan Vigipirate han demostrado ser efectivos para disuadir amenazas terroristas y proporcionar una sensación de seguridad a la población. La presencia visible de soldados en lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los principales aeropuertos ha contribuido a esta percepción de seguridad. Sin embargo, algunos críticos señalan que este despliegue militar ha generado desconfianza en los cuerpos convencionales de policía del país, lo que plantea desafíos adicionales en términos de colaboración y coordinación entre las fuerzas de seguridad.
Otro ejemplo paradigmático que ilustra los desafíos del despliegue de militares en labores de seguridad pública es el caso de México, donde la guerra contra el narcotráfico impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón ha tenido consecuencias devastadoras. La militarización del norte del país y la adopción de políticas de “mano dura” contra las organizaciones criminales han desencadenado una escalada de violencia y una peligrosa carrera armamentista entre el narcotráfico y las fuerzas militares. Estas últimas han sido denunciadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato de civiles no vinculados al conflicto, generando un impacto negativo en la población y la sociedad en su conjunto.
En este sentido, es fundamental que cualquier decisión sobre el uso de las fuerzas militares en labores de seguridad pública en Chile se base en una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios, considerando el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales. La formación en derechos humanos debe ser un elemento central en la preparación de las fuerzas militares para estas tareas, garantizando que su actuación esté alineada con los principios democráticos, la proporcionalidad de la fuerza y el Estado de derecho.
