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Pensiones de gracia, pensiones de mierda Opinión

Pensiones de gracia, pensiones de mierda

Daniel Chernilo
Por : Daniel Chernilo Profesor Titular de Sociología en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y Director del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas.
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La popularidad de los retiros del 10% de las pensiones se explica por el hecho de que Chile no cuenta con una experiencia intergeneracional de pensiones que permita a los jóvenes proyectarse al futuro y a los adultos mayores disfrutar de su trabajo pasado.


El Presidente Gabriel Boric ha dejado claro que él confía en que la reforma al sistema de pensiones será uno de los cambios estructurales que quedarán asociados a su mandato. El asunto lo ha acompañado en sus dos primeros años de gestión y todo indica que ello continuará siendo así, al menos durante 2024.

El tema de las pensiones es una de las discusiones de política pública más delicadas en cualquier sociedad. Sus implicaciones son múltiples y todas extremadamente relevantes: en razón de los montos involucrados en cualquier cambio al sistema, su impacto en las condiciones macroeconómicas del país son tremendas; en razón de los principios que lo informan –cotización individual vs. seguro colectivo–, las pensiones no solo reflejan sino que también organizan hacia el futuro el tipo de sociedad en que queremos vivir; en razón de su impacto en la calidad de vida en personas mayores, sus alcances éticos y de justicia intergeneracional son enormes.

Por ello, y más allá de las diferencias ideológicas y políticas en el Parlamento, es muy probable que alguna reforma al sistema de pensiones se termine aprobando, si no por convicción, al menos porque nadie querrá quedar como aquel que defendió ciegamente un sistema que entrega montos insuficientes a la hora de jubilar.

Sin embargo, es interesante que durante estos años en el país se han planteado no una, sino dos discusiones distintas sobre pensiones. Junto a la tramitación de la reforma de las AFP, el Gobierno ha tenido que enfrentar también el tema de las pensiones de gracia que se otorgaron a víctimas de la represión estatal durante el estallido social de 2019. En este segundo caso, si bien los alcances económicos, sociales y éticos no son comparables a los de la reforma del sistema en su conjunto, las esquirlas políticas dejaron varios heridos.

En estos casos, lo que se cuestiona es que se estarían entregando compensaciones monetarias de por vida, a costa del Estado, a quienes “no las merecen”. La imagen que queda –lo digo como afirmación de hecho y no como juicio de valor– es que una vez más las prioridades de la política están todas al revés: los débiles siguen esperando (lentitud en la reforma de las AFP) y los frescos se salen con la suya (celeridad en la aprobación de las pensiones de gracia). O, para decirlo claramente: pensiones de mierda para quienes cotizaron regularmente, pensiones de gracia para los más vivos.

Lejos de ser dos problemas distintos, entonces, me parece que ambas discusiones sobre las pensiones están íntimamente relacionadas. Primero, porque es evidente que el país no ha decidido realmente qué clase de sistema de pensiones quiere; segundo, y tan significativo como la ausencia de una definición sobre el tipo de sistema, esta confusión expresa el hecho de que este es un país que no ha tenido nunca en su historia un sistema de pensiones de cobertura general: un país que no sabe qué es, y por qué se otorga, una pensión.

Como lo señalé en una columna en El Mostrador en octubre de 2021, la popularidad de los retiros del 10% de las pensiones se explica por el hecho de que Chile no cuenta con una experiencia intergeneracional de pensiones que permita a los jóvenes proyectarse al futuro y a los adultos mayores disfrutar de su trabajo pasado. Ante la frustración con las AFP porque los montos de sus pensiones son insuficientes, cómo no habría de generar malestar denominar como “de gracia” pensiones que son, en realidad, “de reparación”. Por cierto habrá casos en que esas pensiones no correspondan, pero la razón de ello no tendrá que ver con la conducta anterior (ni posterior) de quienes las reciben, sino que debiese demostrarse que no son realmente víctimas de la acción ilegal del Estado.

Lo que el país requiere es que, por primera vez en su historia, tengamos una discusión seria respecto de qué es un sistema de pensiones, bajo qué principios distintas personas se hacen merecedoras de ellas y cómo, entre todos, encontramos los recursos para financiarlas de forma justa.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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