Opinión
Dado que ninguno de los problemas estructurales del sistema es resuelto por la ley corta, que solo se limita a regular plazos para pagar dineros cobrados en exceso, las isapres seguirán enfrentando una crisis existencial que las hace inviables en el mediano y largo plazo.
El Titanic se aproxima al iceberg. Usted es un tripulante del barco. Repentinamente, el navío colisiona con una masa gigante de hielo. En ese momento, un astuto inversionista se acerca a usted y le ofrece, por un precio bastante accesible, convertirse en accionista del Titanic. El Titanic son las isapres, el potencial accionista es usted, el afiliado.
Esa es la forma más simple de explicar en qué consiste la propuesta de una “capitalización popular”, de la diputada Joanna Pérez (Demócratas). Es una nostalgia ochentera que permitiría que aquello que las isapres les cobraron en exceso a los afiliados, pueda ser pagado al usuario en forma de acciones de esas mismas isapres. La idea es mala, simplemente porque equivale a darles a los pacientes acciones de un barco que se hunde. Es hacer a los afiliados parte del problema y no de la solución.
El problema de fondo es que la crisis de las isapres no es solo un asunto relacionado con el reciente fallo de la Corte Suprema, sino una crisis estructural, que la ley corta no resuelve. El origen de la crisis se remonta al fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 2010 y a la subsiguiente creación de una nueva tabla de factores para regular las alzas de los planes. Estos elementos pusieron, a su vez, al descubierto los problemas estructurales de las isapres, que son: la ausencia de mecanismos de contención de costos y la posibilidad de seleccionar usuarios. Si estos problemas no se solucionan –y hacer a los pacientes accionistas no lo resuelve–, el sistema no es viable.
Explico. Hasta el 2010, las aseguradoras subieron los precios de los planes con muy poca regulación, seleccionando a afiliados de más altos ingresos y menos enfermedades. Aumentos de costos en salud, eran resueltos por la vía de aumentar con muy poca regulación los precios de los planes. Ideas como reducir gasto administrativo (que casi duplica al de las mutuales o al de los seguros privados alemanes) o establecer sistemas de atención primaria por médicos generalistas, que, actuando como puerta de entrada al sistema, permitieran un uso racional del recurso de médicos subespecialistas, bajando costos, nunca estuvieron en carpeta.
Sin embargo, el fallo del TC estableció que las isapres no eran simples seguros privados de salud. No se trata de un seguro de un auto que puede, según las reglas del mercado, cobrar lo que quiera. Por el contrario, se estableció que, a diferencia de estos, las isapres financiadas con cotizaciones tenían un carácter social y no podían discriminar arbitrariamente entre hombres y mujeres o establecer diferencias excesivas de precio por edad. Eso terminó en la creación de una nueva tabla de factores de riesgo, que acotó la posibilidad de subir los precios de los planes y terminó con la discriminación entre sexos. Es decir, aumentos de costos ya no podrían resolverse simplemente por la vía de subir los planes en el precio que se estimara necesario.
A la ausencia de mecanismos eficientes para controlar el gasto en salud y una nueva tabla de factores que limitaba los ingresos, se sumó otro problema. Las isapres siempre pudieron seleccionar a los afiliados más sanos. Ese mecanismo las benefició por mucho tiempo y, como podía predecir la teoría económica en seguros estructurados, de esta forma obtuvieron elevadas utilidades no por la vía de entregar el mejor servicio, al menor costo, con énfasis en salud preventiva, sino por la vía de seleccionar a usuarios que pagaran mucho y usaran poco el servicio.
Sin embargo, ese mecanismo, que antes las benefició, ahora podría perjudicarlas. El comportamiento oportunista podría llevar en este caso a la fuga de afiliados sanos a isapres nuevas, sin problemas financieros. Esto último, podría hacer que las isapres antiguas se vuelvan inviables, al quedarse con una cartera de afiliados que cuesta más que lo que aporta, los llamados pacientes cautivos. Estos representan 40% de los afiliados del sistema y son pacientes que, por su elevado riesgo de enfermar, no los aceptan en otra isapre.
Resolver estos problemas, la ausencia de mecanismos efectivos de control de costos y la selección de usuarios, no es simple (y la ley corta no lo hace). Evitar los incentivos para seleccionar usuarios sanos requiere crear un fondo de compensación de riesgo (materia de ley) que permita que las cotizaciones de los afiliados vayan a un fondo común y que este fondo pague a cada isapre más o menos recursos, según el riesgo de enfermar del afiliado.
Por otra parte, crear un sistema de atención por médicos generalistas, que sea la puerta de entrada al sector privado, tampoco puede hacerse de un día para otro y, probablemente, requiere también cambios legales (dada la necesidad de modificar contratos antiguos).
Dado que ninguno de los problemas estructurales del sistema es resuelto por la ley corta, que solo se limita a regular plazos para pagar dineros cobrados en exceso, las isapres seguirán enfrentando una crisis existencial que las hace inviables en el mediano y largo plazo.
Finalmente, la entrega de acciones a los afiliados solo los haría parte de un sistema en crisis, entregándoles la propiedad de un medio difícil de transar (no todas las isapres cotizan en bolsa) y cuyo valor puede, con alta probabilidad, convertirse en cero en el mediano plazo, producto de la quiebra de alguna de las aseguradoras. Sin cambios estructurales, entregar acciones de ese sistema a los afiliados será, simplemente, hacer a los pacientes accionistas de un barco que se hunde.
