Opinión
La redacción de leyes sin acciones que permitan su aplicación real nos tendrá en un círculo vicioso de modificaciones reglamentarias y revocaciones eternas, así como discusiones políticas y sociales que no llegan a puerto.
Hace casi 10 años, los perros “salvajes o bravíos” fueron incorporados como especie dañina invasora al Reglamento de la Ley de Caza (19.473), lo que significaba en términos prácticos que los perros asilvestrados se podían cazar. Esto fue rápidamente revocado, mediante la dictación del Decreto Supremo Nº 6 del 25 de marzo de 2015 del Ministerio de Agricultura, que modificó el reglamento en un sentido inverso, debido a la presión social que ejercieron las agrupaciones de protección animal y distintos actores sociales.
Desde entonces, existe una suerte de discusión al respecto entre instituciones públicas, ONGs de protección animal, ONGs de conservación y la academia, pero hasta el momento ha sido eso: discusión, sin un efecto, ni menos una política pública estatal. Así, en enero del presente año, la Comisión de Agricultura aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 12271) que declara nuevamente a los “perros asilvestrados” como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad competente, lo que ha generado un revuelo social, pues existen dos posturas opuestas: a favor o en contra, no hay matices, pero sí cientos de polémicas.
A la Tenencia Responsable de Mascotas (TRM) no se le ha dado la importancia necesaria en nuestro país. Si bien existe una ley de TRM (21.020), no existen las capacidades técnicas, ni los recursos humanos ni económicos para hacerla efectiva. El Programa Mascota Protegida, programa gubernamental, ha disminuido drásticamente los recursos asignados y los municipios, en quienes recae la fiscalización, no son capaces de supervisar. En este sentido, prácticamente no existen sanciones en contra de quienes incumplen la ley, permitiendo la libre deambulación de perros, abandonando animales, no responsabilizándose por daños a terceros y maltratando, entre otros.
Hoy existen más de 12 millones de mascotas con tutores. Sin embargo, solo cerca de 2 millones están inscritas en el Registro Nacional de Mascotas (que recordemos, es una obligación de la ley) y más de 4 millones no tienen tutor. Por años se ha intentado controlar la sobrepoblación a través del control reproductivo quirúrgico. Sin embargo, este abordaje es simplista, no acorde con los avances científicos existentes y sin las campañas de educación que debiesen existir desde los primeros niveles de enseñanza. Así, no se ha considerado un abordaje multidimensional y bajo enfoque “Una Salud y Un Bienestar”, y diariamente vemos, como consecuencia de esta falta de política, repercusiones en salud pública, en el medio ambiente y en el bienestar animal.
La redacción de leyes sin acciones que permitan su aplicación real nos tendrá en un círculo vicioso de modificaciones reglamentarias y revocaciones eternas, así como discusiones políticas y sociales que no llegan a puerto. Se requiere abordaje profesional multidimensional y un rol activo del Estado para enfrentar la crisis actual.
