Opinión
Existe una serie de trabas regulatorias que están impidiendo a los hogares chilenos acceder a más oportunidades y mejorar su calidad de vida.
Llamativa fue la celebración de varias autoridades sobre el crecimiento de la economía de un 0,2% en el año 2023. Y es que un crecimiento cercano a cero no es para celebrar. Es para preocuparse. Se argumenta que en el 2023 vivimos un proceso de ajuste para controlar la inflación, lo que enfrió la actividad económica, y que en los próximos años volveremos a crecer. Sí, eso es cierto, pero se proyecta que en los próximos años la tasa de crecimiento será cercana a 2%. Esa cifra tampoco es para celebrar. Es el mismo ritmo de crecimiento que vivimos desde el 2013, que al ajustarlo por el número de habitantes se obtiene que el ingreso del chileno promedio no mejora hace diez años. Mal.
Candente está el debate sobre por qué Chile se estancó. Algunos argumentan la reforma tributaria del segundo Gobierno de Bachelet que encareció la inversión, otros argumentan que el deterioro viene arrastrándose desde antes por falta de innovación, de mejoras en la productividad y mala calidad de la educación. Y más tesis se suman a estas. En esta columna, no pretendo indagar en las razones del estancamiento económico, sino que mostrar algunas oportunidades para revertir esta tendencia, deshaciendo ciertas trabas regulatorias que nos impiden generar empleos e ingresos para los chilenos.
Partiré por una traba que afecta al sur de Chile: la Ley Lafkenche. Promulgada en 2008, su espíritu es reconocer el uso consuetudinario de las comunidades indígenas en los bordes costeros, a través de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). Pero su diseño tiene varios problemas que están provocando la suspensión indefinida de una serie de inversiones en las costas del sur.
La ley establece que, cada vez que una comunidad presenta una solicitud de ECMPO, debe suspenderse el trámite de toda otra solicitud de uso de estos espacios –como concesiones marítimas o de acuicultura–, mientras la solicitud de ECMPO no se resuelva. La regulación no limita la extensión del área que puede ser solicitada, y tampoco fija un plazo de caducidad de la suspensión de las otras solicitudes si el trámite del ECMPO supera los plazos legales establecidos. ¿Resultado? Prácticamente toda la costa de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos está solicitada como ECMPO y su tramitación promedia más de 7 años, cuando la regulación establece que debieran resolverse en alrededor de uno. Esto ha provocado que más de un tercio de las solicitudes de concesiones de acuicultura estén suspendidas.
Se puede mejorar el diseño de la ley estableciendo un límite al área máxima que puede ser solicitada como ECMPO por cada comunidad o un silencio administrativo negativo en caso de que alguna de las instituciones involucradas no cumpla con los plazos regulados. Esto entregaría más certeza a los proyectos de inversión, además de mantener el reconocimiento del uso consuetudinario de los pueblos originarios.
Sigamos con el norte del país. Chile es el único país junto con Bolivia en que el litio no es concesible, y esta trampa regulatoria impide que ingresen al mercado de litio nacional los competidores que ofrezcan la mejor tecnología, tanto en eficiencia como en sustentabilidad, y así aprovechar el actual boom de demanda mundial. La llegada de las mejores empresas no solo generará más recursos para las arcas fiscales, sino que permitirá también atraer mayor inversión, mejor tecnología y generar empleos de calidad en el norte del país.
Quiero terminar con una traba regulatoria que afecta negativamente la creación de empleos de calidad en todo el país: nuestro sistema de indemnización de despido. Tener altos costos de despido se traduce en altos costos de contratación, lo que rigidiza el mercado laboral formal e impide su extensión. Una comparación internacional muestra que, a mayor monto de la indemnización por despido, menor es el porcentaje de la población con empleos protegidos por ella. Dentro de la OECD, Chile es el país que entrega la mayor indemnización por despido, pero también el que se la entrega a un menor número de trabajadores.
Rediseñar la indemnización, con montos que converjan a los niveles de la OECD, facilitaría el crecimiento de los emprendimientos, que son los que más sufren con esta regulación, y permitiría que más chilenos puedan acceder a empleos protegidos y mejores sueldos.
Existe una serie de trabas regulatorias que están impidiendo a los hogares chilenos acceder a más oportunidades y mejorar su calidad de vida. En esta columna solo nombré tres de ellas, que a través de mejoras en su diseño pueden tener un efecto positivo sobre nuestra economía y lograr salir de este estancamiento de diez años.
