
El contrasentido de la cobertura complementaria de Fonasa
Aunque la MCC se apruebe tal como está planteada, es imperativo fortalecer verdaderamente el seguro público y avanzar hacia un plan único de beneficios que ofrezca mayor protección financiera, generando los espacios fiscales en salud para que esto se convierta en una realidad.
La ley corta de isapres busca implementar el fallo de la Corte Suprema del año 2020, que establece la aplicación de la tabla única de factores con una perspectiva de sostenibilidad financiera en el sistema de salud. Además, introduce una nueva modalidad de atención y protección financiera en Fonasa, que busca emular las coberturas del sector privado de aseguramiento en el ámbito público.
La Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), cuyo diseño ha sido aprobado en gran parte por el Senado y la Cámara de Diputados, carece de un análisis técnico y una perspectiva clara sobre los objetivos que el sistema público de salud y el aseguramiento de primera capa deben perseguir.
Esta modalidad guarda similitudes estructurales con la modalidad de libre elección. Por un lado, la definición de las prestaciones es propuesta por Fonasa y se materializa mediante resolución, sin un proceso definido de evaluación, tiempos establecidos, análisis financieros o fundamentos de pertinencia sanitaria. Por otro lado, las prestaciones se otorgan en prestadores con convenio, lo que implica que Fonasa deberá establecer la valorización de las prestaciones y los métodos de pago.
Lo interesante es que los afiliados que opten por esta modalidad accederán a una mayor protección financiera a través de un seguro complementario, pagando una prima fija por persona (no por grupo familiar), la cual será adjudicada a una empresa de seguros mediante licitación de Fonasa.
A primera vista, la MCC parece ser una opción atractiva para aquellos que pueden costear esta protección adicional. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo fortalece esto a Fonasa y contribuye a los objetivos del sistema de salud?
En realidad, esta medida no contribuye, sino que va en sentido contrario. Se basa en la capacidad de pago de las personas, aumenta el gasto privado en salud en detrimento del gasto público y, por ende, refuerza las inequidades del sistema, teniendo un impacto negativo en el camino hacia la salud universal.
Chile ya destina más del 6% del gasto en salud a seguros complementarios, por encima del promedio de la OECD. Los sistemas de salud que son referentes en términos de eficiencia y cobertura apenas recurren a esta modalidad de protección, lo cual es significativo, ya que los seguros complementarios son una solución relevante cuando la cobertura de los seguros obligatorios y los recursos públicos resultan insuficientes.
Aunque la MCC se apruebe tal como está planteada, es imperativo fortalecer verdaderamente el seguro público y avanzar hacia un plan único de beneficios que ofrezca mayor protección financiera, generando los espacios fiscales en salud para que esto se convierta en una realidad.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.