Opinión
Chile también posee una larga tradición y cultura democrática, pero esta se ha ido disipando por la susceptibilidad en el sistema político, la desigualdad social-política-económica y la falta de instancias de participación ciudadana propulsadas por el Estado.
En Chile se ha vuelto usual el mirar con recelo y desconfianza al Estado (o lo que se entiende por este), lo cual está directamente vinculado a las políticas de shock y el discurso que investía a la dictadura de Augusto Pinochet, donde toda suscripción estatal era vinculada a lo negativo, así como también el interés en la política. Esto era reflejo de la influencia e intervención de Estados Unidos, dado su desdén por el aparato público, y de la ignorancia política que caracterizaba a los militares que regían el país, confundiendo frecuentemente a la intervención estatal como una extensión del socialismo.
Hoy en día nos encontramos en una encrucijada política que requiere de una atención y análisis –por decir lo menos– especial, dadas las circunstancias nacionales e internacionales donde la polarización está llegando a niveles complejos. La desatención sobre la política y el desprecio de esta, tienen como secuela una “elitización” social e intelectual. A la vez, esto viene siendo producto de la dilución de la cultura política en Chile, y la exigua socialización política que arrastramos desde la dictadura, ya que esta se fundó en la misión de desarticular lo más vivo de la democracia: la participación ciudadana y su organización.
Esto es fatal para toda nación que se considere libre y democrática, puesto que los horizontes comunes se vuelven difusos. La cultura política es un factor primordial para el ejercicio correcto de las estructuras políticas, puesto que en ellas descansa el desarrollo económico y social de los ciudadanos porque, en mayor o menor medida, la regulación estatal permite establecer orden y claridad.
Y es que cuidar al Estado y otorgarle importancia no es una cuestión ideológica de izquierda, así como tampoco el progreso económico es algo de la derecha, se trata de velar por un sistema político-social que nos ha garantizado, en gran medida, derechos e instancias de desarrollo humano y donde se hace imperante la participación popular. “Sin un Estado fuerte, no hay democracia”, fue una de las célebres frases del presidente de la República Oriental de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la visita a nuestro país. Un gobernante que está lejos de ser autoritario o de izquierda, pero sí un férreo demócrata de la tradición política del Uruguay.
Chile también posee una larga tradición y cultura democrática, pero esta se ha ido disipando por la susceptibilidad en el sistema político, la desigualdad social-política-económica y la falta de instancias de participación ciudadana propulsadas por el Estado. A esta crisis, se ha propuesto como solución la reforma al sistema, pero esta debe contemplar aristas que enmienden, como mínimo, la representatividad territorial, paridad, número de distritos, financiamiento político y, sustancialmente, mecanismos de democracia directa donde el ciudadano posea una voz activa y consecuente dentro del engranaje institucional.
Dos conceptos que, en sí mismos, no tienen una inherente relación como así comúnmente lo plantean sus detractores. El estatismo es una doctrina en la cual el Estado ordena las dinámicas –no necesariamente de manera autocrática– y donde la autoridad política del Estado es legítima; apela al rol del Estado como parte elemental en la estabilidad y equilibrio de la sociedad –contractualismo–, más no un ente absoluto per se.
El hecho de que en la historia cuantiosos dictadores se hayan apropiado del Estado y hubieran utilizado las herramientas que este ofrece para gobernar de manera autoritaria, habla más de la increíble capacidad de acción estatal que de alguna idiosincrasia despótica que este posea.
