Donald Trump y su ambición por un tercer mandato en EE.UU.

Se acaban de cumplir los primeros cien días del segundo Gobierno de Donald Trump, con un mundo convulsionado y sumergido en la incertidumbre política y económica. Y, en ese contexto, el listado de profundos cambios e impactos que ha generado Trump a nivel global logró eclipsar un tema que sigue latente: su interés en buscar un tercer mandato presidencial. Una posibilidad que, a la luz de la Constitución de Estados Unidos, no está permitida. Esto, ya que la Enmienda 22, ratificada en 1951 tras la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, limita a solo dos los mandatos presidenciales (sean consecutivos o no).

Roosevelt fue una excepción histórica: ganó cuatro elecciones seguidas (1932, 1936, 1940 y 1944) y falleció en 1945 durante su cuarto periodo, cuando la Segunda Guerra Mundial ya se encontraba en su última etapa. El Congreso, temeroso de que se consolidara un liderazgo personalista, impulsó la reforma para evitar que algún presidente volviera a perpetuarse en el poder.

Que él mencione abiertamente la posibilidad de un tercer mandato –incluso promocionando gorras que dicen “Trump 2028”– no es solo una provocación, sino una señal preocupante sobre su visión del poder. Para que esto ocurra, tendría que impulsarse una reforma constitucional, algo extremadamente difícil de lograr en Estados Unidos.

Una enmienda de estas características requiere el apoyo de dos tercios del Congreso (Senado y Cámara de Representantes), seguido por la ratificación de tres cuartas partes de los estados (38 de 50). Aunque actualmente los republicanos tienen la mayoría en ambas Cámaras, ese control por sí solo no basta para modificar la Carta Magna. Además, muchos republicanos tradicionales –aunque hoy silenciados– aún consideran sagrada la limitación de mandatos como un pilar del republicanismo estadounidense.

La sola idea de modificar este límite representa un grave peligro para la democracia estadounidense. Se trata de una intención que nos remite a modelos autoritarios disfrazados de legalismo, como ocurrió en Bolivia, con Evo Morales; en Venezuela, con Hugo Chávez; y ciertamente en Rusia, donde Putin ya lleva 25 años en el poder, entre otros.

En todos esos casos, los líderes en funciones impulsaron reformas constitucionales o interpretaciones judiciales amañadas para prolongar su permanencia en el poder, erosionando los contrapesos institucionales y minando la voluntad popular bajo el pretexto de una supuesta “continuidad necesaria”.

Estados Unidos –la democracia más grande de Occidente– siempre ha sido un referente mundial en términos de alternancia en el Gobierno, transiciones pacíficas y respeto por los límites del poder. Si Trump logra siquiera abrir la puerta a esta posibilidad, el precedente sería devastador: marcaría el fin del consenso constitucional que ha sostenido la estabilidad institucional de esta potencia por más de dos siglos.

Además, envalentonaría a otros líderes autoritarios del mundo a seguir el mismo camino, bajo el argumento de que incluso en la “mayor democracia del planeta” se puede manipular el sistema para beneficio personal.

La historia enseña que los límites al poder son la mejor garantía contra la tiranía. Ignorarlos, relativizarlos o eliminarlos no es un signo de liderazgo fuerte, sino de autoritarismo disfrazado de legitimidad democrática.

En ese contexto, es imposible no recordar la película Guerra civil (2024), dirigida y escrita por Alex Garland, y protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny y Stephen McKinley Henderson. Es un thriller estremecedor, que muestra un Estados Unidos inmerso en una devastadora guerra civil, donde fuerzas rebeldes buscan llegar a Washington para deponer a un presidente que va en su tercer mandato consecutivo y que, previamente, disolvió al FBI, entre otras medidas.

No hay ningún beneficio en que Trump u otro político busque un tercer mandato presidencial. Ni en Estados Unidos ni en ningún otro país.