¿Cuánto más esperamos para robustecer el Poder Judicial?

Las acciones vinculadas a hechos de corrupción en el Poder Judicial parecen haber pasado a segundo plano. Sin embargo, hace menos de 15 días surgieron nuevos antecedentes en la investigación contra Luis Hermosilla, los cuales involucran a miembros de nuestro sistema de administración de justicia. Estos se suman a la remoción de la ahora exministra Ángela Vivanco, a posibles casos de tráfico de influencias en Cortes de Apelaciones, en la integración de salas de la Corte e, incluso, a conversaciones de WhatsApp en las que un notario afirmaba: “Aquí estamos por el lucro”.

Así, el ideal de un sistema de justicia ciega –sin sesgos ni favoritismos, basado únicamente en la aplicación imparcial de la ley– parece haberse desvanecido en una mera quimera.

Lamentablemente, los hechos de corrupción que hemos conocido en el Poder Judicial en el último año no pueden contrarrestar la tentación de proyectar escenarios donde hechos como esos no son aislados y conviven en el día a día de la administración de justicia.

Tampoco pueden escapar los pensamientos sobre la existencia de mercaderes de la justicia, dispuestos a transar fallos por favores, dineros u otros beneficios.

Menos aún, escapa la incitación de considerar que el sistema de justicia –tribunales, defensas, sistema registral y notarial– podría estar cooptado por intereses mezquinos de algunos que concentran algún tipo de poder.

A pesar de que se han presentado proyectos de ley para mejorar el sistema de nombramientos judiciales, modernizar el sistema notarial, mejorar la carrera en el Ministerio Público, fortalecer el rol de la Defensoría Penal, y de los amplios consensos políticos de la necesidad de reformar el sistema y las instituciones que participan en la administración de justicia, nada parece ocurrir. Proyectos más, proyectos menos en el Congreso, nada logra ver la luz. El statu quo parece dominar, ¿qué necesitamos que pase para que las cosas cambien?

Hoy, las señales políticas y anuncios de transformaciones parecen buscar anestesiar el dolor generado por los escándalos más que curar las heridas que mantienen al sistema judicial en un lento desangrar.

Propuestas e iniciativas no faltan. La propia Asociación de Magistrados ha promovido ideas de reformas, han existido acuerdos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para mejorar el sistema, se han discutido largamente los desafíos a los que debe responder el sistema notarial y las protecciones que necesitan las víctimas de delitos para fortalecer la Defensoría, pero todo ha quedado en nada.

Hoy, más que pactos, necesitamos la valentía política de romper los esquemas y aperturar los procesos de la justicia, desde la forma de los nombramientos, con audiencias públicas, mecanismos de tutela del cumplimiento de las obligaciones de probidad y transparencia en el Poder Judicial, mecanismos de rendición de cuentas y controles externos autónomos e independientes que aseguren la imparcialidad y objetividad en los procesos de revisión judicial.