Donald Trump no deja ver el bosque (parte I)

Con un inusual estilo comunicacional, el presidente Donald Trump ha cambiado radicalmente la conducción de la política, nacional e internacional, de los Estados Unidos. Su impronta ha concentrado la atención de los analistas y estudiosos de las relaciones internacionales, de la opinión pública y de la prensa mundial. 

Aun cuando cada una de sus acciones amerita un análisis pormenorizado, tal despliegue inhibe percibir los factores que ayudan a entender las raíces y profundidad de los cambios en curso. Desde muy temprano los sectores conservadores en la nueva república levantaron banderas semejantes a las de la actual administración, la diferencia ahora está en la nueva forma de gobernanza que el trumpismo intenta instalar en forma permanente.

Para apreciar el actual esfuerzo de reordenamiento del poder en los EE.UU., es preciso analizar aquellas constantes sociales, políticas y económicas y, a la vez, identificar los elementos originales que ayudan a explicarlo.

La caracterización que ensayaremos del trumpismo –sin entrar en sus dimensiones económicas y geopolíticas internacionales– va más allá de la persona de Trump, apunta a aquellas nuevas situaciones críticas institucionales y de contexto. La crisis política institucional de EE.UU., así como algunos de sus agudos problemas sociales, son de larga data. Mostraremos que en el actual espacio político los viejos temas y las características de la nueva gobernanza se combinan, haciendo del trumpismo un fenómeno original.

Para avanzar en esta hipótesis analizaremos la crisis institucional estadounidense, sus cambios contextuales políticos y sociales, para luego caracterizar esta especial forma de gobernar como corporativismo despótico.

Crisis institucional de larga data

Las fallas estructurales de la democracia estadounidense no son nuevas. Aun cuando  importantes académicos como David Easton, Robert Dahl, Samuel Huntington o Walter Rostow, entre otros, destacaron a EE.UU. como modelo a seguir por los países en vías de desarrollo, su democracia siguió enfrentada a serios problemas –macartismo, negación de derechos civiles, limitación de derechos de las mujeres, segregación de minorías, racismo–, algunos de los cuales continúan bajo otras formas hasta la actualidad.

Estas fallas se pueden apreciar en cuatro niveles domésticos significativos: el sistema electoral y su efecto en la conducta del electorado; el desbalance estructural de poder a favor de los republicanos en el Legislativo; las limitaciones del Poder Judicial para controlar a los otros poderes; y los difusos límites constitucionales que permiten ampliar la autoridad del Ejecutivo. 

Sistema electoral y electores

El sistema de colegio electoral para las elecciones presidenciales en EE.UU. (Artículo II, Sec.1, de la Constitución), al garantizar el federalismo y los intereses de los estados más pequeños permite –aunque no siempre ha sido así– que el presidente pueda ser electo con menos votos populares que los representados en este colegio. El desigual crecimiento demográfico en cada estado ha profundizado estos desequilibrios de representación. Así, por ejemplo, la relación personas/voto electoral en Wyoming es de 192.284 personas y en California de 732.189.

En la medida que el partido que tiene más votos a nivel estatal obtiene la totalidad de sus miembros en el colegio electoral, esto se traduce en que la minoría queda sin representación. Así, los ocho más importantes “estados bisagra”, donde no hay claro dominio de un partido, tienden a decidir la elección presidencial, lo que desincentiva la participación electoral en los otros estados.

Robert Dahl (2001), cambiando su posición inicial, criticó este sistema: “Desde una perspectiva democrática, el cambio más deseable sería una enmienda constitucional que reemplazaría el colegio electoral por la elección directa del presidente por voto popular; si ningún candidato recibiera más del 50 por ciento del voto popular, poco después se celebraría una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos”.

Otra falla del sistema, producto de la decisión de la Corte Suprema (Shelby County v. Holder en 2013) que debilitó la supervisión federal, permitió a gobiernos estatales republicanos aprobar leyes que han limitado el voto de la población negra y latina: estrictas normas de identificación de votante (Texas, Georgia); eliminación de votación anticipada y restricción horaria (Florida, Arizona); purga de votantes (Georgia; Ohio); cierre de centros de votación en condados con alta población negra/latina (Mississippi, Alabama, Texas); y prohibición de votar a personas con antecedentes penales (Kentucky, Iowa, Mississippi).

Frente a estos desbalances institucionales, los demócratas han intentado infructuosamente modificarlo. En 2019 propusieron una agenda de reforma democrática (HR-1 y HR-4), aprobada en la Cámara de Representantes, pero rechazada en el Senado, que modificaba la desproporción entre votantes y electores estatales, y limitaba la influencia del financiamiento privado en las campañas. Otra de sus propuestas, actualmente irrealizable, es el National Popular Vote Interstate Compact, que garantizaría la presidencia al candidato que recibiera la mayoría de los votos populares en los 50 estados y el Distrito de Columbia. 

Otro aspecto de este sistema se observa en la conducta política de los ciudadanos. Esta ha mostrado importantes contradicciones entre sus ideales democráticos y su práctica política, ya que “solo una pequeña fracción de los estadounidenses priorizan los principios democráticos en sus opciones electorales cuando hacerlo va en contra de su identificación partidista o sus políticas favoritas” (Graham & Svolik, 2020).

De hecho, en la última elección presidencial quienes tradicionalmente no habían sido parte de la base electoral de Trump, e incluso críticos de su anterior administración, votaron por él en gran parte afectados por el aumento de la desigualdad (Gini 39,7 en 2020 a 41,3 en 2022) y el alto nivel de precios (a pesar de la reducción de la tasa de inflación), más que por una adhesión a sus principales y controvertidos puntos programáticos.

Por otra parte, por diversas razones, los demócratas no recibieron el mismo apoyo que había recibido Biden en la elección anterior por parte de los jóvenes, las mujeres, los sectores de menores ingresos, y la población negra y latina.

Esta votación pragmática terminó defraudando a estos mismos grupos que votaron por Trump. El estudio de opinión pública del Social Science Research Solutions (SSRS), en la primera quincena de marzo de 2025, sobre la nueva administración, mostró que el rechazo mayoritario frente a la conducción de Trump del Gobierno, el manejo de la economía, la política de salud y migración, excluyendo a los autoidentificados como demócratas, fue precisamente de mujeres, personas de color, menores de 45 años, grupos de bajos ingresos, políticamente independientes y moderados.

Poder Legislativo

Institucionalmente, la democracia estadounidense ha ido distribuyendo inequitativamente el poder en el Congreso, entre otros mecanismos, por el manejo de la composición de los distritos electorales (gerrymandering), favoreciendo por años al partido y candidatos republicanos (Steven Lewitsky & Daniel Ziblatt, 2020).

Desde esta posición de fuerza los republicanos han radicalizado sus posiciones. Si bien esta radicalidad no era nueva (Garnier, 2021), los efectos negativos de la globalización económica sobre una parte importante de sus bases sociales (Aguirre, 2020) llevaron al Partido Republicano a desplegar una cerrada oposición al Gobierno de Barack Obama (2009-2017), desconociendo “la legitimidad de una presidencia demócrata o de iniciativas gubernamentales demócratas” (Skocpol & Jacobs, 2012), las que fueron calificadas de “socialistas”, como el seguro de salud universal, el impuesto a los más ricos, el apoyo financiero a estudiantes pobres, la protección del medio ambiente o la creación de empleos. 

Estas críticas republicanas fueron estimuladas por grupos económicos afines, quienes, a través de fundaciones privadas, apoyaron el trabajo de think tanks conservadores, abogando por la desregulación del funcionamiento de las empresas, la reducción de los impuestos corporativos y el debilitamiento de leyes laborales, entre otros temas (Callaham, 1999).

Un rol destacado en este campo lo ha tenido una de las familias más ricas de EE.UU., Charles y David Koch, cabezas de Koch Industries. A través de siete fundaciones financian un conjunto de organizaciones dedicadas a promover una ultraliberalización de la economía, su amplia desregulación y el fortalecimiento de valores conservadores, las que actúan políticamente, junto a otros grupos conservadores, influyendo en los legisladores.

Poder Judicial

En el caso del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, esta muestra importantes límites en la aplicación de las normas constitucionales. Tal como indica el constitucionalista y expresidente de Columbia University, Lee Bollinger, refiriéndose a las actuales presiones económicas gubernamentales sobre universidades y grupos privados, “la libertad de expresión y la libertad de prensa son muy sólidas en Estados Unidos, pero no se han desarrollado para lidiar con una nueva forma de censura, la censura implícita. Esta es un área subdesarrollada en la interpretación de la Primera Enmienda y puede conducir a algunas contradicciones” (Bourmeau, 2025). 

Los efectos de esta débil protección constitucional, de acuerdo al politólogo Adam Przeworski (2025), es la siguiente: 

“Todas las leyes dejan cierto margen de interpretación, pero en Estados Unidos no existe ninguna ley que regule de forma estable y predecible el alcance de los poderes presidenciales. La Constitución prácticamente no los menciona, restringiendo la función del presidente a velar por la fiel ejecución de las leyes. […] Su estatus constitucional no está definido, por lo que las únicas barreras para su uso son las sentencias judiciales o las acciones del Congreso. Los presidentes tienen la libertad de intentar cualquier cosa que consideren que puede salirse con la suya, y lo que logren dependerá de las circunstancias políticas. Este sistema no es estable ni predecible.[…] Esto no es un ‘Estado de derecho’ ni por asomo”. 

Tanto así que, pensando en una alternativa política distinta, Levitsky y Way (2025) llaman a la movilización electoral, ya que “las constituciones mejor diseñadas tienen ambigüedades y vacíos que pueden ser explotados con fines antidemocráticos […]. La Constitución sola no puede salvar la democracia de los Estados Unidos […]. Trump es vulnerable en el Congreso, en las Cortes y en las urnas”.

Poder Ejecutivo

En este contexto, el Ejecutivo puede desplegar, sin grandes limitaciones, todo su poder apoyado en la “doctrina ejecutiva unitaria”, principio constitucional que centraliza el poder en la presidencia. Así, el Artículo II de la Constitución de EE.UU. norma que “el Presidente tiene amplios poderes inherentes sobre el Poder Ejecutivo, incluida la autoridad para controlar y dirigir a todos los funcionarios y agencias ejecutivas sin interferencia significativa del Congreso o el Poder Judicial”. De aquí la política de Trump de aumentar el control presidencial, gobernar vía órdenes ejecutivas, y resistirse a la supervisión judicial y legislativa, como se verá más adelante. 

De esta forma, el diseño institucional de larga data –el espacio macropolítico– facilitó las condiciones necesarias para que el trumpismo intente reestructurar la gobernanza del sistema político estadounidense.