Parque Cultural de Valparaíso como ejemplo de crisis sistémica de un país sin políticas públicas

En Chile, donde la retórica cultural abunda en discursos sobre “patrimonio” y “participación ciudadana”, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) emerge como síntoma de un fracaso sistémico: un proyecto privado, concesionado gratuitamente al Estado desde 2003, cuya misión pública ha sido fagocitada por la improvisación, el cuoteo político y la precariedad financiera. Un espacio de memoria convertido en contenedor de diletantismo institucional.

El PCdV nació bajo la promesa de una asociación de derecho privado dedicada a salvaguardar la ex Cárcel y Polvorín de Valparaíso. Con recursos municipales, regionales y ministeriales, debía combinar gestión profesional, participación de comunidades culturales y un mínimo de autoabastecimiento económico (10% de ingresos propios, según la Ley de Presupuestos).

Nada de eso ocurrió, pues no se trazó un modelo de negocios viable ni se definió una línea editorial-curatorial, salvo, tal vez, en los intentos de los inicios de la primera gestión, al menos en lo que respecta a un proyecto ejecutivo de editorialidad curatorial. De forma posterior, y muy cercana en tiempo, la presidencia del directorio ha girado sin órbita estable.

Al comienzo del Gobierno de Boric (2022), la ministra Brodsky nombró a Sebastián Redolés, quien –a pesar de mis reparos con él en otros asuntos que mencionaré en otro texto– tuvo el gesto ético-político de denunciar irregularidades en la repactación de una deuda histórica con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y fue destituido tras presentar antecedentes a Droguett, jefe de gabinete del entonces recién asumido ministro de las Culturas (reemplazando a Brodsky), Jaime de Aguirre Höffa.

En la dirección, después de Boris González, que estuvo un par de meses, asumió Gianina Figueroa en octubre de 2023, recién nombrada por la ministra Arredondo. Anteriormente, Nélida Pozo, artífice inicial de un acuerdo de pago en cuotas, dejó la deuda sin supervisión. El comité designó entonces a Mario Ahumada como subrogante, quien duró apenas unos meses y en mayo de 2024 dimitió en medio de “situaciones extrañas” y falta de quórum. Le sucedió Erik Fuentes (ex Dirección de Patrimonio y Derechos Humanos), quien estuvo hasta julio de 2024.

Desde entonces, el cargo de director ejecutivo está vacante. Entre septiembre y diciembre de 2024 se contrató a Juan Medel sin concurso público, tampoco se renovó su contrato ni se convocó a nuevos cargos administrativos.

La historia financiera del PCdV arrastra un déficit multimillonario (no los mismos montos que ha mencionado Pozo que están desde el comienzo), que se ha cubierto con créditos y banca ética. Sin embargo, el 7 de febrero de 2025 el CDE embargó $167 millones, correspondientes a gastos impugnados de mayo-junio de 2020. Esa retención equivale a casi dos meses de operación (el parque requiere alrededor de $100 millones mensuales).

La presidenta del directorio saliente, Gianina Figueroa, informó públicamente que en abril se presentaron tres propuestas de repactación al CDE, todas rechazadas. Mientras tanto, ningún funcionario del Ministerio de las Culturas (Carolina Arredondo) ni la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, han ofrecido alternativas más allá de comunicados genéricos.

Quisiera detenerme a mencionar que los estatutos dictan un directorio mixto: una mesa presidida por el ministerio (ministra Arredondo), tres cupos de la Delegación Presidencial (delegada González), uno de la Municipalidad de Valparaíso (alcaldesa Camila Nieto), otro del Consejo de Rectores de la Universidad de Valparaíso (CRUV), uno del Gobierno Regional de Valparaíso, y tres electos por la asamblea de socios.

Hoy, la participación efectiva roza el mínimo legal, donde de 60 socios activos se pasó a apenas 10, y los cargos de Gobierno Regional y CRUV están vacantes. Sin quórum, las reuniones se suspenden, las decisiones se aplazan y la representación legal del Parque es inexistente.

Sumado a todo esto, el sindicato del PCdV ha denunciado el despido arbitrario de contratos a honorarios –en su mayoría mujeres– sin notificación ni fundamento, un acto violatorio de la normativa laboral y de la propia lógica de un espacio cultural. En diciembre de 2023, ocho trabajadoras fueron desvinculadas sin ningún previo aviso. Desde entonces, las jefaturas de programación, patrimonio, mediación y territorio operan en “piloto automático” o han sido eliminadas y fusionadas sin criterio. El sindicato asiste a las instancias de debate, pero no es vinculante en las decisiones clave, particularmente las que afectan presupuestos y nombramientos.

En todo este tiempo, no ha existido un plan a mediano o largo plazo. No hay definición de líneas curatoriales ni objetivos de inclusión social. El PCdV se ha convertido en un contenedor de espectáculos puntuales, desconectado de su principio originario de ser un “epicentro” de creación, reflexión y memoria colectiva dura.

Esta “crisis de sentido” –que atraviesa a un país donde la política cultural se reduce a discursos mediáticos– se reproduce en muchas partes del Parque: pasillos sin exposiciones, salas cerradas por falta de personal, oficinas vacías y despachos judiciales en lugar de talleres.

El caso del Parque Cultural de Valparaíso no es un accidente, sino la consecuencia lógica de una política pública frágil, sin presupuestos ni dotaciones pertinentes, sujeta a cuoteos y vaivenes políticos, y sin un compromiso real con la cultura y el patrimonio. Mientras las autoridades –ministra Arredondo, delegada González, alcaldesa Nieto y la omisa representación del Gobierno Regional y CRUV– no se han manifestado en una agenda urgente de cambio de modelización, hasta el momento.

Desvinculaciones masivas, embargos, renuncias en cadena y un vacío programático dejan al Parque en una situación extremadamente delicada, muy cercana a su cierre, como síntoma de un inminente colapso institucional general en el país. Mientras, las trabajadoras y los trabajadores del Parque, y toda la comunidad que debiese involucrar, pagan los costos de las operadoras y los operadores de turno y sus ineficacias provincianas en términos de mundo.

Recordemos que ya esta administración de Gobierno Central tuvo la garrafal desidia y arrogancia política en la importante ausencia de Chile en la Bienal de Venecia y la no asistencia a la Feria del Libro de Frankfurt. La cultura, en política, la ven como una especie de premio de consuelo y las administraciones, en su mayoría, han sido frágiles y oportunistas operacionalmente.

Esto en un síntoma nacional, que se evidencia, sin eufemismos, en regiones.

El desastroso caso del Parque Cultural de Valparaíso se ha transformado en un “elefante blanco” sin narrativa, “agonizando” bajo el déficit y la improvisación. Es momento de que se asuman responsabilidades, y una mayor participación política de las y los artistas en las realidades infraestructurales y construir, de una vez por todas, juntos y juntas, una política cultural robusta, realmente transparente y participativa, y no la fachada de ello.