Tiempo de paz, ya no más el enfermizo desencuentro

Tras casi dos años de trabajo, se entregó al Presidente de la República el informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento. Sin embargo, incluso antes de dicho acto, por ende, sin un conocimiento previo y público del documento, ya sectores de las derechas han salido a criticarlo.

Entendemos que en Chile Vamos, como ellos mismos lo han planteado, esto podría afectar su votación en La Araucanía, Biobío y Los Ríos y, por eso, es relevante manejar bien el tema. Pero el tildarlo de octubrismo por parte de la extrema derecha, nos parece al menos irresponsable.

Revisemos.

Entre las recomendaciones propuestas por la comisión se encuentra “reformar la Constitución Política de la República de Chile para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional “.

Para nosotros un mínimo. Un desde, presente en cada discusión que se ha dado al respecto. Se dio en ambos procesos constitucionales, incluso en el texto de anteproyecto realizado por la Comisión Experta, con el que la gran mayoría estuvimos de acuerdo y hasta destacamos.

Asimismo, el documento “recomienda también que se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país”.

“La Comisión recomienda establecer en la Constitución que son pueblos indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam”, agregan. Nuevamente, un mínimo.

Como quien posee ascendencia aymara, una de las etnias más importantes de Sudamérica, conozco de cerca cómo los pueblos indígenas del norte, pero también de todo el país, han sobrevivido a siglos de explotación económica y aculturación forzada, adaptándose exitosamente a los más diversos contextos políticos, legislaturas y acuerdos, que por cientos de años han dejado sus más mínimas solicitudes en nada.

Hoy ni siquiera estamos hablando de plurinacionalidad, concepto que tanta urticaria generó en un sector durante el primer proceso constitucional, sino tan solo de reconocimiento, por lo que aprovecho de hacer desde ya el llamado al Gobierno para que al menos esto no quede en el solo gesto, sino que –pese a lo que auguran algunos medios respecto del tiempo que le queda a este Gobierno– pueda dejar presentada la reforma constitucional necesaria.

Sin ir más lejos, para ejemplificar los tiempos que se ha tomado este país (gobiernos y Congreso) para tramitar demandas indígenas, el boletín N° 10526-06 que busca aprobar la creación del Consejo de Pueblos, data de 2016 y no presenta movimiento desde 2020 en la Comisión de Gobierno, pese a que contaba “con un consenso político transversal y su contenido es valorado por las comunidades indígenas y por las instituciones, organizaciones y actores que velan por el resguardo de los Derechos Humanos y de los pueblos indígenas”, según detalla el informe.

Y particularmente, siendo diputado, presenté por allá en 2019 dos proyectos de ley, uno para el reconocimiento de la identidad indígena en los instrumentos públicos de identificación, vale decir, en el carnet de identidad; y un segundo para permitir el izamiento de banderas de pueblos originarios en los órganos de Administración del Estado en determinadas oportunidades, ninguno de los cuales superó su primer trámite en la Cámara Baja.

Hay más puntos en este informe que cuesta entender que no puedan tener consenso, como, por ejemplo, una ley de reparación integral para todas las víctimas del conflicto, “tanto mapuche como no mapuche”. ¿Quién podría negarse a esto? La crítica inicial era que la reparación era solo para indígenas, pero se agregaron civiles. ¿De verdad quienes hoy critican están por negar reparaciones a aquellos que dicen defender?

El exministro del fallecido expresidente Sebastián Piñera e integrante de la Comisión, Alfredo Moreno, señaló que “proponemos pasar de un sistema que solo entrega tierras a uno que abre múltiples caminos para el desarrollo. De un modelo que genera división a uno que construye encuentros. De restricciones que condenan a la pobreza a libertades que permiten el progreso. De la espera indefinida a plazos claros y realistas. De ignorar a las víctimas a reconocerlas y repararlas”, y agregó, “lo que hoy presentamos no es un simple ajuste, es un cambio profundo en la forma de entender y abordar este desafío histórico”, por esto “no podemos seguir potenciando el problema, tenemos que atrevernos a resolverlo”, y ese es precisamente el llamado al que queremos sumarnos (y sumarlos) hoy.

El Gobierno ahora debe generar todos los caminos administrativos y constitucionales para que las “Recomendaciones” del informe comiencen a germinar. Y porque también somos realistas, sabemos que el tironeo para hacer fracasar el entendimiento y búsqueda de paz continuará, por aquellos sectores políticos que hacen del conflicto “su alimento”, que usan el conflicto para sobrevivir y desde allí generar miedos que den sentido a sus livianos y manipuladores discursos. Este esfuerzo de reencuentro es también una prueba de la sociedad chilena, si levanta la cabeza hacia el derrotero de una convivencia sana o una enfermiza y eterna odiosidad.