En el mes de mayo de 2025 la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su informe final con recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo mapuche.
La línea argumental básica del informe es que “entre el Estado y el pueblo Mapuche existe una relación marcada por un problema histórico, cuyas causas se remontan a las políticas de expansión de la Corona Española y, posteriormente, al establecimiento del Estado de Chile, las cuales provocaron la pérdida territorial del pueblo mapuche a lo largo del tiempo e impactaron a la sociedad mapuche en lo cultural, social, político y económico”.
La violencia perdurará mientras no se entreguen tierras: “Los antecedentes de los que dispuso esta Comisión permiten constatar la existencia de una importante brecha entre la demanda territorial del pueblo mapuche y la acción estatal desarrollada en las últimas décadas para abordarla. No es posible avanzar hacia la paz y el entendimiento sin abordar el problema de la tierra del pueblo Mapuche”.
Pero esto no sería suficiente. Se requeriría contar además con “una institucionalidad que responda a las necesidades de los pueblos indígenas y al ejercicio efectivo de sus derechos”. ¿Suena conocido? “A pesar de que la Ley Indígena de 1993 vino a constituir un paso importante hacia el reconocimiento de derechos territoriales, ésta ha demostrado ser insuficiente para revertir el despojo histórico de tierras y no ha logrado abordar de manera efectiva las demandas de autonomía y reparación integral del pueblo Mapuche”. El informe habla de más de un millón de hectáreas que habrían sido despojadas.
Cabe entonces legítimamente preguntarse: ¿estará de acuerdo la gran mayoría de chilenos con esta mirada controvertida y parcial que esgrime la Comisión de despojo y abuso por siglos del pueblo mapuche? ¿No será más representativo de Chile el reconocer una derrota del pueblo mapuche, triste pero real, el gradual mestizaje –es cuestión de hacer tests de ADN en la población para probarlo– y la asimilación de mundos distintos, entre los cuales solo uno de ellos era el mapuche, y así darse cuenta de la esencia que hoy conforman la nación y pueblo chilenos?
¿Estará dispuesta esta gran mayoría a aceptar una desigualdad estructural ante la ley entre los chilenos so pena de ceder ante la violencia de una minoría? Ya dijo una vez que no. Y lo dijo fuerte y claro. ¿Estaremos conscientes de que políticas de acción afirmativa muchas veces terminan debilitando y haciendo más dependiente, en vez de ayudar al grupo que se quiere levantar por sus propios méritos?
De las tierras: en 1993 se aprobó la Ley 19.253 que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). “El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo con sus costumbres y valores” (Art 1). Se creó un fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por Conadi que, entre otros objetivos, buscaba “otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la Corporación” (Art 20).
“Las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales” (Art 12) y “no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción , salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia… no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración” (Art 13). Tierras como piezas de museo… lo que obviamente fue un error y se debería corregir para que creen riqueza. Pero eso no pasa por cambiar estructuralmente las relaciones entre chilenos.
Entre los años 1993 y 2024 se entregaron 230.563 hectáreas a un costo de US$ 1.017 millones en moneda de 2024 a beneficiarios indígenas mapuches, ya fuese a título individual u organizados como comunidades que operan bajo reglas de unanimidad. Antes de 1993 y desde el siglo XIX se habían entregado otras 510.386 hectáreas bajo 2.918 títulos de merced. La estimación adicional de futuras demandas de tierra, si se aprobaran todas las aplicaciones en curso, rondaría las 400.000 hectáreas, a un costo aproximado de US$ 4.000 millones, asumiendo un parámetro de 10 hectáreas por familia.
En la institucionalidad buscada radica lo más negativo y peligroso de la propuesta para el futuro de Chile. Entre las recomendaciones, destacan:
- Un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, “garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
- Un reconocimiento a las formas propias de organización mapuche “en concordancia con el principio de autogobernanza”.
- La necesidad de contar con una institucionalidad que permita la representación política de los pueblos indígenas a través de la creación del “Consejo de Pueblos”, bajo una ley que “determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias”.
- La creación de un Tribunal Arbitral que, entre otras responsabilidades, vería solicitudes fundadas en demandas basadas en tierras sin titulación histórica y solicitudes de reparación de comunidades formadas después de la entrega de las recomendaciones que invoquen títulos que nunca hayan sido invocados, integrado por tres jueces mapuches y tres no mapuches y que “contra sus resoluciones no procederá recurso alguno”. Un tribunal así definido prácticamente garantiza conflictos con propietarios no mapuches.
De la gran omisión: la palabra “violencia” aparece 74 veces en el documento, pero, si bien se la lamenta, nunca se la condena de manera enfática, como si esta respondiera y se justificara por una cuestionable interpretación histórica de despojo crónico. La palabra “terrorismo” aparece solo una vez; la palabra “Temucuicui” sencillamente no existe en las 153 páginas del documento oficial. Una distorsión grande de la realidad, como mínimo.
De la inocencia perdida: el Tribunal Arbitral velaría en orden a “que exista el debido resguardo de los derechos de los propietarios particulares de tierras, en especial la voluntariedad en el ofrecimiento de las mismas.” Sin comentarios… Y respecto de las tierras forestales, “la Comisión recomienda que se constituya una mesa de trabajo entre la industria forestal y el Ejecutivo, con el objetivo de revisar, actualizar y priorizar según los criterios que esta comisión establece para el proceso de transición de los predios forestales que están siendo demandados y que podrían ser adquiridos a través de CONADI”.
¿Pagando la cuenta unos pocos por esta antojadiza atribución de culpa a la gran mayoría del país? Imposible no comprender las razones de sobra que tienen los principales actores en este rubro para partir a Brasil; imposible no darse cuenta de que se sigue refiriendo en el informe a “usurpaciones pacíficas y violentas de tierras”, como si hubiese de verdad alguna diferencia…
En resumen, el informe de la Comisión Presidencial, si bien valioso en la estimación de tierras entregadas y solicitadas al amparo de leyes vigentes que valdría la pena acotar, pues se estarían transformando en un verdadero cheque abierto, falla profundamente en el diagnóstico de cómo Chile se estructuró y, consecuentemente, en las recomendaciones institucionales que se derivan de ese primer y gravitante error.
Desconoce increíblemente que la nación chilena nunca va a aceptar romper un principio básico de convivencia, cual es la igualdad ante la ley. Ya lo hizo con un rechazo contundente a la plurinacionalidad y a todo lo que ese desvarío constitucional implicaba. Aquí somos todos chilenos y el que tengamos distintos orígenes es y debería ser siempre irrelevante. Más aún, debería ser motivo de orgullo, porque algo superior a todos nos convoca bajo el paraguas chileno. Todos buscamos desarrollarnos, pero no puede ser al alero de una mirada de unos contra otros, mapuches contra no mapuches en este caso, sino todos juntos como chilenos.
Y el Estado, cuando ayudase, lo debería hacer una y otra vez en razón de la pobreza y no de la condición de origen del beneficiado. La derrota del pueblo mapuche es historia, y vieja historia, y Chile es hace ya más de dos siglos una sola gran nación. Una propuesta institucional como la antes descrita, basada en el errado y culposo diagnóstico de despojo desde que el pueblo mapuche fuera derrotado, atenta directamente contra el corazón de Chile.
Es, a fin de cuentas, una propuesta inaceptable. No podría mejor describirse este informe sino bajo el sencillo pero agudo proverbio popular que recuerda que “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”.
