El compromiso del Estado con la pedagogía no puede esperar

Chile enfrenta un desafío urgente: asegurar la formación de los docentes que las futuras generaciones necesitan. La discusión sobre el proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía no es solo un ajuste técnico, sino también una señal clara del tipo de país que queremos construir.

Desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), observamos con preocupación cómo ha disminuido el interés por estudiar pedagogía en los últimos 10 años. Aunque nuestras instituciones han logrado mantener e, incluso, aumentar la matrícula en algunas regiones, la tendencia general es preocupante. La docencia ha dejado de ser una opción atractiva para muchos jóvenes y eso nos obliga a actuar.

Este problema no se explica únicamente por los requisitos académicos. Hoy vemos un déficit de profesores, una alta rotación laboral y un sistema que no logra motivar ni retener a quienes podrían liderar el cambio educativo. Las condiciones laborales, el reconocimiento social y la falta de apoyo son parte de las razones que explican esta realidad.

Por eso es importante comprender que el proyecto de ley en discusión no busca rebajar los estándares de calidad, sino adaptarlos a una realidad más diversa. Las actuales barreras de ingreso fueron pensadas en otro contexto, anterior a la gratuidad y a los profundos cambios sociales y educativos ocurridos en nuestro país. Si no las actualizamos, solo seguiremos acentuando la caída en la matrícula.

Las universidades estatales tenemos un rol clave en este desafío. A pesar de representar solo el 20% de la matrícula universitaria total, concentramos el 40% de los futuros profesores del país. En zonas extremas, como Arica, Atacama o Magallanes, muchas veces somos la única alternativa. Y en la Región Metropolitana, nuestra participación en pedagogía es incluso mayor que en otras áreas del conocimiento.

Además, nuestros estudiantes provienen mayoritariamente de la educación pública y municipal, y sus puntajes de ingreso son, en promedio, levemente superiores a los del sistema no estatal. Eso habla del compromiso que tenemos con la equidad, la inclusión y el acceso democrático a la formación docente.

Por eso valoramos que el nuevo proyecto proponga criterios de ingreso más contextualizados por región, definidos con participación técnica y con evidencia. Esto permitirá atender las particularidades locales y responder de mejor forma a los territorios con mayor necesidad de docentes.

Sin embargo, no basta con cambiar las reglas de ingreso. Se requieren políticas más amplias: mejorar las condiciones laborales, fortalecer la carrera docente, ampliar programas de continuidad de estudios y crear vías formales para regularizar la situación de quienes hoy enseñan sin formación pedagógica. También es urgente agilizar los procesos de acreditación y validación de programas que hoy se ven obstaculizados, incluso cuando más se necesitan.

Desde el CUECH hemos planteado que las universidades estatales acreditadas sean el espacio natural para desarrollar estos programas. No basta con buenas intenciones: se necesita voluntad política, coherencia institucional y, sobre todo, inversión pública. Porque formar profesores es una responsabilidad que el Estado no puede delegar ni postergar.

La educación de calidad comienza con profesores bien formados. Hoy, más que nunca, se requiere un pacto social que valore la escuela, respalde a sus actores y reconozca el trabajo cotidiano que se realiza en cada aula. La formación docente no es solo una tarea académica: es una muestra concreta del compromiso de un país con su futuro.