Cuando las instituciones funcionan: la señal que necesitamos

En tiempos de desconfianza generalizada, cuando parece que las malas prácticas se han enraizado como parte del paisaje institucional, es justo y necesario destacar aquellas señales que, desde el Estado, devuelven un poco de esperanza. La reciente actuación de la Contraloría General de la República, encabezada por doña Dorothy Pérez, frente al escándalo de las licencias médicas fraudulentas, es una de ellas.

El informe que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica –algunos con hasta 30 viajes en un año– no solo expone un abuso vergonzoso del sistema, sino que también deja en evidencia la fragilidad de los controles internos de muchos servicios públicos. Es corrupción, sin eufemismos. Y frente a ella, la Contraloría no dudó: remitió los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y ordenó la apertura de sumarios administrativos. No hubo cálculo político, ni excusas técnicas. Hubo acción.

Las culturas organizacionales no se transforman solo con manuales o declaraciones de principios. Cambian cuando las instituciones demuestran que los incentivos perversos ya no son tolerados y que la trampa sí tiene consecuencias. Por eso es tan valioso lo que hizo la Contraloría. Porque este caso no solo destapa un perjuicio económico, que lo hay, y serio, sino que también interpela a fondo la ética de lo público.

Muchos de estos viajes se hicieron desde servicios de salud, municipalidades y organismos del Estado que enfrentan, por otro lado, precariedad estructural y déficit de atención a la ciudadanía. ¿Cómo explicarle a una persona que no puede acceder a una atención médica digna que su dinero financió las vacaciones de un funcionario en Miami o Cancún con licencia psiquiátrica?

La gestión de Dorothy Pérez ha sido, en este sentido, clara y firme. No se quedó en el hallazgo, sino que extendió la investigación a Capredena, Dipreca y otras instituciones que también podrían haber facilitado, por acción u omisión, este tipo de fraudes. No es menor que, en paralelo, la Fiscalía Nacional haya abierto una causa penal y el propio Presidente Boric haya dicho con claridad que muchos de los responsables “debieran ser destituidos”.

El Estado de Derecho no se sostiene en la retórica, sino en la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley. Y la probidad no es una aspiración decorativa, sino una obligación funcional. La Contraloría, al ejercer su rol sin titubeos, cumple no solo con su mandato legal, sino también con el deber moral de dar una señal: en Chile no todo vale.

Se habla mucho de recuperar la confianza ciudadana. Pues bien, aquí hay una ruta concreta. Instituciones que hacen su trabajo, que detectan irregularidades y que actúan con transparencia. Ojalá otras sigan ese ejemplo. Porque no basta con descubrir el fraude: hay que asegurarse de que no se repita, y eso solo se logra cuando se combina la vigilancia con sanciones, y la prevención con una cultura de integridad.

La ciudadanía está cansada de impunidad. Necesita creer que lo público no es sinónimo de trampa ni burocracia. Y en este escenario, el rol que ha asumido la Contraloría bajo la dirección de Dorothy Pérez es una de las mejores noticias que hemos tenido en materia de integridad institucional en mucho tiempo.

Cuando las instituciones funcionan, el país también lo hace.