¿Cómo cambiarán las ocupaciones? Una mirada desde la minería y la acuicultura chilena

La transición hacia una economía ambientalmente sostenible –impulsada por la crisis climática, la automatización y nuevas exigencias sociales– ya no es una opción, sino una necesidad global. La pregunta que hoy marca la diferencia no sobre es si esta transformación ocurrirá, sino cómo la enfrentamos y con qué grado de justicia para quienes actualmente sostienen estos sistemas productivos y su cadena asociada.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido la Transición Justa como un proceso que busca que “los beneficios de una economía más verde se distribuyan equitativamente, y que nadie quede atrás”. Esa mirada se vuelve especialmente urgente en sectores como la minería y  la acuicultura, motores del desarrollo chileno y, al mismo tiempo, epicentros de profundas transformaciones laborales.

Lo interesante es que en ambos casos ya están ocurriendo, en silencio, mutaciones ocupacionales que están alterando profundamente las dinámicas del trabajo, y la transición justa no significa que estos sectores desaparezcan, muy por el contrario el desafío es cómo ajustan sus modelos de producción a nuevos estándares requeridos por la humanidad y, aparejado a ello, cómo se ajusta el capital humano a dichos requerimientos.

Un reciente estudio, “Transición Socioecológica Justa: Modelo de intervención para mejorar la empleabilidad de las y los trabajadores”, desarrollado por la consultora Abbanz con apoyo de OTIC Asimet, analiza este fenómeno. Su enfoque parte de una evidencia clara: más de 250 mil personas trabajan actualmente en minería y acuicultura en Chile, y muchas de ellas verán sus funciones modificadas como parte del proceso de transformación productiva.

En el caso de la minería, ocupaciones tradicionales como operadores de maquinaria pesada, personal de transporte o supervisores de faena están siendo desplazadas por tecnologías automatizadas y sistemas de control remoto. El avance de la digitalización y la presión por descarbonizar procesos han comenzado a eliminar funciones manuales repetitivas o asociadas al uso intensivo de energía fósil y materiales contaminantes.

Pero, como ocurre en toda transformación estructural, esto también abre nuevas posibilidades: emergen ocupaciones vinculadas a la eficiencia energética, la automatización, la fiscalización ambiental y la gestión de residuos. En otras palabras, el empleo no se elimina, se transforma y es el motor para avanzar a sistemas productivos más responsables con la sociedad como un todo.

La acuicultura no se queda atrás. La industria salmonera –que duplicó su dotación laboral en solo cinco años– enfrenta hoy un giro profundo. Robots subacuáticos, sensores de calidad del agua, trazabilidad automatizada y mayores exigencias normativas están reformulando el quehacer acuícola. Actividades como la limpieza manual o la alimentación artesanal tienden a reducirse, mientras crece la demanda por técnicos en monitoreo ambiental, profesionales en bioseguridad, nutrición sostenible y certificación de estándares internacionales.

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En su influyente informe “Jobs in a Net-Zero Emissions Future”, el World Resources Institute sostiene que la transición energética provocará desplazamientos significativos en el empleo, donde la creación neta de empleos verdes podría superar las pérdidas, siempre que existan políticas activas de formación y protección laboral. Asimismo, la Comisión Europea ha advertido que los países que no logren alinear sus sistemas de formación con las nuevas necesidades del mercado laboral verde enfrentarán riesgos de exclusión social y desajuste estructural.

La OIT, en tanto, advierte que los empleos verdes no son automáticamente empleos decentes, y que la calidad del trabajo en sectores emergentes dependerá del grado de diálogo, regulación y planificación con que se aborde esta transformación. En el contexto latinoamericano, investigaciones de la CEPAL coinciden en que la clave no está solo en crear nuevos empleos, sino en proteger a los trabajadores en tránsito, asegurando que la transición no profundice las desigualdades existentes.

El estudio chileno propone una respuesta concreta: avanzar hacia una gobernanza del trabajo que institucionalice el diálogo social como columna vertebral del proceso. No basta con capacitar trabajadores o reconvertir empresas de forma aislada. Se requiere construir espacios estables de negociación y anticipación entre empleadores, sindicatos, comunidades y el Estado.

La propuesta incluye la creación de mesas de transición, formación de facilitadores del diálogo y una planificación articulada en etapas, acompañada de una Guía de Transición Justa que entrega herramientas prácticas para implementar estas estrategias en empresas y territorios.

El llamado es claro: anticiparse a los cambios, que ya están ocurriendo, es más efectivo –y más justo– que reaccionar a ellos cuando ya están instalados. Chile tiene una oportunidad concreta de liderar esta agenda en América Latina, pero para ello debe reconocer que la sostenibilidad no puede construirse sobre la precariedad. La transformación productiva debe ser, al mismo tiempo, una palanca de inclusión, innovación y desarrollo territorial.

La transición no es solo energética, tecnológica o ambiental. Es también profundamente social. De cómo gestionemos sus efectos sobre las personas dependerá que se convierta en una promesa compartida y no en una fractura silenciosa.