El control fronterizo en Chile y la necesidad de repensarlo

Durante el primer trimestre de 2025, Chile registró 6.342 Ingresos por Pasos No Habilitados (IPNH), lo que representa una disminución del 14,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar de esta baja, los flujos continúan siendo significativos y persistentes. En paralelo, se ejecutaron 243 expulsiones de personas extranjeras, de las cuales el 70% fue de carácter administrativo y el 30% judicial.

Estos datos evidencian una realidad compleja que obliga a repensar el actual enfoque de control fronterizo. La disminución de los IPNH no puede entenderse como una victoria de las estrategias punitivas, sino como una oportunidad para evaluar con mayor profundidad la eficacia y consecuencias de las medidas implementadas hasta ahora.

Siguiendo la evidencia entregada por la implementación de medidas de castigo económico y penal en Estados Unidos, Italia y Francia, muestran que las sanciones dirigidas a disuadir la migración irregular no solo resultan poco efectivas, sino que también generan consecuencias negativas. La experiencia internacional revela que este tipo de medidas no disminuyen significativamente los flujos irregulares, ya que muchas personas migrantes no actúan sobre la base de un análisis racional de costo-beneficio: la necesidad de escapar de contextos de violencia, pobreza o persecución supera cualquier amenaza legal o económica en el país de destino, dado su nivel de información sobre la normativa del país de destino, su manejo del lenguaje o nivel educacional.

Tampoco debe subestimarse el efecto adverso de estas políticas en los sistemas de justicia. La experiencia europea ha demostrado que la criminalización de la migración irregular genera tres tipos de brechas: discursiva, de implementación y de eficacia. Es decir, las leyes suelen ser menos severas de lo que anuncian los discursos políticos; su aplicación real está condicionada por recursos limitados y una alta discrecionalidad; y finalmente, sus resultados no cumplen con los objetivos deseados, como aumentar las tasas de retorno o disminuir los ingresos irregulares.

De hecho, incluso si se endurecen las sanciones, lo que realmente determina el comportamiento migratorio es la percepción de ser detectado, más que la severidad de la pena. Por lo tanto, si las vías de ingreso regular permanecen restringidas o poco claras, las personas seguirán optando por rutas informales, muchas veces poniendo en riesgo su integridad y aumentando la presencia de redes de tráfico y trata de migrantes en las fronteras.

En este escenario, Chile tiene la oportunidad de mirar más allá del control y avanzar hacia una gestión migratoria basada en evidencia, derechos y cooperación. Primero, es clave reforzar los mecanismos de ingreso regular, facilitando procesos accesibles y transparentes que permitan a las personas migrar de manera ordenada y segura.

Segundo, es necesario invertir en mecanismos efectivos de regularización y protección internacional, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

Y tercero, fomentar una cooperación regional e internacional que permita una respuesta coordinada, solidaria y eficiente ante los flujos migratorios que afectan a toda América Latina.

La protección de la frontera no puede ser la única respuesta a un fenómeno complejo y desafiante. Además de fortalecer los mecanismos de control, seguridad y cooperación entre instituciones, estas medidas deben ser complementadas con estrategias de integración que respeten los derechos humanos y avancen hacia una gobernanza compartida. Entender la seguridad más allá de las fronteras y el control fronterizo no solo contribuirá a reducir los riesgos asociados a la migración irregular, sino también a fortalecer la cohesión social y la seguridad en el mediano y largo plazo.