Contribuciones: un impuesto polémico

El impuesto territorial, comúnmente denominado “contribuciones”, ha vuelto al centro del debate público en nuestro país. Si bien su propósito original —financiar servicios municipales y territoriales— es legítimo y necesario, su aplicación actual deja en evidencia profundas falencias que afectan, en particular, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Uno de los grupos más perjudicados por este impuesto es el de los adultos mayores. Muchos de ellos habitan viviendas que adquirieron hace décadas, cuando los precios de mercado eran considerablemente más bajos. Hoy, sin haber modificado su situación económica, enfrentan reavalúos que elevan drásticamente el monto de sus contribuciones, pese a que sus ingresos —principalmente pensiones— permanecen fijos o incluso decrecientes en términos reales. En consecuencia, se produce una paradoja alarmante: personas que son propietarias de una vivienda, pero que no cuentan con los medios económicos para sostener los pagos exigidos por el Fisco.

Esta situación los obliga, en muchos casos, a tomar decisiones dolorosas: vender la vivienda familiar, hipotecarla, endeudarse, o recurrir a la ayuda de familiares. Lo que debiera ser un derecho básico —vivir con dignidad en la vejez y en la casa propia— se transforma en una carga financiera abrumadora.

A ello se suma una falta de claridad en los criterios que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para determinar el avalúo fiscal. Las alzas no siempre parecen responder a una lógica comprensible ni a una valoración real del mercado, lo que genera desconfianza y frustración. Además, la ciudadanía aún percibe poca transparencia respecto al destino de estos recursos: ¿en qué medida retornan efectivamente en servicios públicos de calidad?

Frente a este escenario, se vuelve urgente una reforma que introduzca criterios de equidad y justicia tributaria. Un sistema que contemple mayores exenciones o rebajas permanentes para los adultos mayores de ingresos bajos y medios, acompañado de mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la gestión de estos recursos.

Las contribuciones no deben ser un castigo por envejecer ni una amenaza al derecho a la vivienda. Es momento de repensar este impuesto y ajustarlo a la realidad demográfica, económica y social del Chile actual.