Renovar la Ley I+D: una urgencia para Chile

La Ley N° 20.241, que otorga incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), expirará el 31 de diciembre de 2025. Esta normativa ha sido una herramienta fundamental para promover la innovación en Chile, permitiendo a las empresas deducir hasta un 52,55% de sus inversiones en I+D, siempre que los proyectos estén certificados por Corfo.

Desde su entrada en vigor, esta ley ha generado un impacto real: el monto acogido al beneficio pasó de $5.433 millones en 2012 a más de $313.000 millones en 2023. Esto demuestra que cuando existen los incentivos adecuados, las empresas sí apuestan por la innovación.

Sin embargo, su inminente expiración pone en riesgo todo lo avanzado. Si no se renueva, corremos el riesgo de retroceder justo cuando Chile empieza a construir una cultura de colaboración entre la ciencia y el sector productivo.

Nuestro país tiene un enorme potencial en esta materia. Contamos con centros de investigación de excelencia en universidades y otras instituciones, con profesionales preparados y con una creciente conciencia sobre el rol de la ciencia en el desarrollo económico y social. Pero aún estamos lejos de los estándares internacionales: mientras los países desarrollados invierten entre un 3% y 4% de su PIB en I+D, Chile apenas llega al 0,36%.

Renovar y fortalecer esta ley no solo es urgente, es estratégico. Es una decisión concreta que puede tomarse hoy, sin necesidad de grandes infraestructuras ni largos plazos. Se trata de seguir construyendo puentes entre el conocimiento y la industria, de impulsar soluciones locales a problemas globales, y de apostar por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento.

El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de dar una señal clara: Chile cree en la ciencia, la valora y la pone en el centro de su futuro. No dejemos que esta ley caduque. 

Invertir en ciencia, tecnología e innovación no es solo una apuesta de futuro: es una urgencia del presente.