Sin verdad no hay futuro: Chile frente a su deuda histórica con la niñez institucionalizada

Cuando un país decide mirar de frente su historia y escuchar a quienes han sido violentados en sus derechos, abre la posibilidad de conocer la verdad, identificar a las víctimas, contribuir a la reparación del daño y asegurar de que no se vuelva a repetir. Esa es la esencia de la “Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename o en Sistemas de Cuidados Alternativos Privados”, más conocida como Comisión Verdad y Niñez.

Chile tiene una deuda histórica con quienes, siendo niños, niñas o adolescentes, estuvieron bajo la protección del Estado y en lugar de cuidado recibieron abandono, negligencia e, incluso, diversos tipos de violencias. Hoy tenemos una oportunidad única para restituir dignidad, reconocer el daño y abrir caminos a garantías efectivas de no repetición. 

Desde su instalación formal en marzo de este año, hemos avanzado con convicción y responsabilidad, considerando la complejidad y envergadura del mandato, que exige el respaldo concreto del Estado y de la sociedad civil. Se estima que cerca de 690 mil personas estuvieron bajo custodia del Estado entre 1979 y 2021, las cuales merecen la posibilidad de entregar su testimonio.

Para ello se necesita una amplia difusión y convocatoria, la utilización de tecnologías seguras para la contactabilidad y resguardo de información, equipos humanos capacitados para acoger, documentar y analizar cada caso y un presupuesto acorde con la importancia de la tarea de generar un espacio de escucha basado en el cuidado, la seguridad y el respeto que se merecen.

Junto a lo anterior, nos hemos estado coordinando con expertos internacionales para su apoyo y asesoría, y estamos trabajando con distintas agrupaciones de víctimas y sobrevivientes en la planificación del trabajo a desarrollar.   

La buena noticia es que, tras reunirnos recientemente con el Presidente de la República, se lograron dos avances decisivos: extender el período de investigación de la Comisión hasta 2024 y prorrogar su funcionamiento, originalmente de un año, hasta abril de 2027. Ambos pasos son señales políticas relevantes y coherentes con la magnitud de la tarea.

Pero esto no basta. El cumplimiento del mandato presidencial y del fallo internacional que lo respalda, que condenó recientemente al Estado de Chile por la muerte de diez jóvenes bajo el cuidado del Estado en el año 2007, y por las condiciones de privación de libertad de otros 271 jóvenes entre los años 2006 y 2009, depende ahora de la asignación efectiva de recursos en el Presupuesto 2026. Un adecuado presupuesto permitirá dar respuestas efectivas a quienes han vivido un profundo dolor y evitar revictimizaciones. 

Sabemos que hay resistencias. Pero la dignidad humana no puede medirse con cálculos presupuestarios o temores políticos. Si el Estado les ha fallado a niños, niñas y adolescentes que debía proteger, debe responder.

Esta Comisión no es de los comisionados, ni de este Gobierno, es un compromiso de Estado. Es de las miles de personas –muchas hoy adultas, muchas aún en situación de exclusión o pobreza– que siguen esperando que alguien les diga: te creo, lo que viviste fue injusto, y el país hará lo necesario para reparar.

Nuestro llamado es simple pero profundo: escuchemos para reparar. Escuchemos con tiempo, con rigor y con humanidad. Chile no puede seguir construyendo futuro sobre un pasado silenciado. Esta vez, hagámoslo distinto. Porque cuando un país escucha a sus niños, niñas y adolescentes –aunque sea tarde–, comienza a transformarse de verdad.