
Fiscalización de Contraloría: principales hallazgos
Muchas veces se suele ver a la contabilidad como un conjunto de tareas repetitivas y rutinarias, o bien al contador como alguien que adquiere su conocimiento desde el oficio y la experiencia. Incluso hoy en día se ve como una labor que puede ser fácilmente reemplazada por la inteligencia artificial.
Un informe de la Contraloría General de la República presentado al Congreso en estos últimos días, respecto de informes despachados desde el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, detecta un total de 1,5 billones de pesos objetados. Dentro del desglose que se hace de este monto, aproximadamente 360 mil millones de pesos, es decir, alrededor de un 24% del total, corresponden al incumplimiento de normas contables y/o presupuestarias, cuyo principal motivo es el incumplimiento del principio contable de devengado.
Desde 2009 las empresas en Chile que reportan sus estados financieros ante la CMF Chile (Comisión para el Mercado Financiero de Chile) deben hacerlo bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, no quedando ajeno a esto el sector público, el cual se rige por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
Sin embargo, cualquiera sea el escenario, la contabilidad se basa en el principio de “devengado”, el cual establece que cualquier hecho económico debe ser registrado, independientemente de que exista o no un ingreso o egreso de efectivo, y es justamente este principio el que se ve trastocado en esta fiscalización.
Cabe destacar que la mala aplicación de este principio no necesariamente apunta a que se estén malversando fondos públicos, sino que pueden existir ingresos o gastos que se estén reconociendo en períodos que no corresponden o de manera no oportuna, desfases que ocasionan estas diferencias significativas en la información contable, dado que, por el período que se auditó, las operaciones corresponden al ejercicio de 2023 o anteriores, lo que hace más difícil aún determinar el origen en el desfase de los reconocimientos.
Luego, esto nos lleva a preguntarnos el porqué de esta situación y la real competencia que poseen aquellas personas que se desempeñan en las unidades contables de las entidades fiscales.
Es de saber que, generalmente quienes llevan a cabo labores contables en el sector público suelen tener bajos grados, lo que nos hace cuestionarnos no solo la competencia de quienes desarrollan este tipo de funciones, sino cuál es la definición de los perfiles profesionales para estas unidades, dado que, por lo que sabemos, requiere de una alta especialización y conocimientos en materia contable, lo que se adquiere no solo desde la práctica desarrollada como un oficio, sino sobre todo desde la teoría, lo que es adquirido desde la formación profesional en institutos de educación superior o universidades, o bien desde una constante capacitación a quienes se desempeñan en esta función.
Muchas veces se suele ver a la contabilidad como un conjunto de tareas repetitivas y rutinarias, o bien al contador como alguien que adquiere su conocimiento desde el oficio y la experiencia. Incluso hoy en día se ve como una labor que puede ser fácilmente reemplazada por la inteligencia artificial.
Sin embargo, todos estos paradigmas no pueden estar más alejados de la realidad, dado que la contabilidad requiere cada vez más una profunda especialización y profesionalización para la adquisición de conocimientos que nos lleven a desempeñar esta labor de manera correcta y, finalmente, a reflejar la información financiera de manera fidedigna, que pueda converger en una correcta toma de decisiones.
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