Seguridad municipal en su momento crítico

La seguridad municipal se ha convertido en uno de los nudos más urgentes y a la vez más problemáticos de la agenda de seguridad pública. Desde el punto de vista de la ciudadanía, se exige una acción concreta de los municipios para prevenir inseguridades. Se demanda a las alcaldías tener barrios más seguros, recuperación de espacios públicos y resolver situaciones críticas como las de Meiggs o el Persa Biobío, donde operan bandas que controlan el comercio ilegal. Lo mismo sucede en barrios conflictivos en Iquique (Barrio Boliviano), Antofagasta (barrio Pantaleón, Barrio Industrial) o Valparaíso (Barrio Puerto), por citar algunos.

Mientras tanto, a nivel legislativo se debate un proyecto para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad en un debate que no ha estado exento de dificultades. Por una parte, se propugna un mayor empoderamiento de la labor que realizan los inspectores municipales, pero al mismo tiempo se plantean dudas sobre las condiciones en que operará este mayor poder de los inspectores municipales, toda vez que no se transformarán en policías municipales. La mayor exposición de estos inspectores en la persecución del delito sin ser policías los deja sin duda en una situación de vulnerabilidad.

A nivel nacional se experimenta un significativo aumento de los delitos violentos, acompañado por la consolidación de redes criminales transnacionales que operan en el país y que, obviamente, no respetan fronteras nacionales, regionales o comunales. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública enfrenta un enorme desafío de establecer un sistema de seguridad pública que involucra una coordinación interinstitucional horizontal –con las distintas agencias del Estado– y vertical –con las regiones y municipalidades del país–.

De este modo, aunque a nivel constitucional la principal responsabilidad respecto de la seguridad pública recae en el Gobierno Central, reformas legales recientes y la opinión pública dirigen una presión cada vez mayor sobre los municipios para que se hagan cargo de este acuciante tema.

Entre marzo y junio de este año sistematizamos las acciones que municipalidades del país se encuentran hoy realizando en materia de prevención y seguridad ciudadana. Respondieron a nuestro requerimiento el 91% de ellos (314 municipalidades), lo que nos permite visualizar qué se encuentran haciendo los municipios. Son más de 4.300 acciones o iniciativas que los municipios nos informaron, lo que da un promedio de 14 iniciativas por municipio, aunque con una amplitud que va desde alcaldías que implementan 26 acciones hasta otras que no reportan ninguna.

¿Qué tipo de acciones desarrollan?  Sistematizamos medidas institucionales como contar con una Dirección de Seguridad o tener comités de seguridad vecinal, pasando por iniciativas territoriales (patrullas, cámaras, centrales de televigilancia, drones, etc.) y con acciones relativas a la prevención con grupos vulnerables, como indicamos en este estudio.

¿Qué aprendemos de la evidencia?

Primero, uno de los determinantes de la cantidad de acciones que se desarrollan en los municipios es la disponibilidad de recursos, por lo que la cuestión del financiamiento municipal es una pieza clave para fortalecer la acción municipal –particularmente en lo que dice relación con prevención territorial–. La brecha entre comunas es tan enorme que el debate sobre los mecanismos de redistribución entre ellas es crucial.

Segundo, varios municipios se encuentran desarrollando iniciativas tecnológicas de alto costo y que incluyen la instalación de cámaras de televigilancia, pórticos lectores de patentes, uso de drones y centrales. Lo anterior requiere de una integración intercomunal que permita la interoperatividad en el manejo de datos entre los distintos sistemas que se están instalando, además de la necesaria coordinación con las policías.

Además, se requiere plantear una gobernanza de datos que es fundamental para, al mismo tiempo brindar seguridad y garantizar la privacidad de datos. Al mismo tiempo, se necesita realizar evaluaciones de costo-efectividad sobre la implementación y uso de este tipo de tecnologías.

Asimismo, se propone desarrollar guías técnicas y brindar asesoría especializada a los municipios en los procesos de licitación relacionados con estas tecnologías. Dado que estas herramientas requieren conocimientos técnicos específicos, su incorporación sin la debida orientación puede derivar en inversiones poco efectivas y un uso ineficiente de los recursos públicos.

Tercero, se necesita fortalecer los programas de prevención social dirigidos a grupos vulnerables, particularmente jóvenes. Ampliar y fortalecer el programa Lazos, ya que actualmente solo está presente en el 27% de las comunas que respondieron la solicitud. Según la Dirección de Presupuestos, respecto de 2024, la evaluación del programa es mayormente positiva, con una alta capacidad de alcanzar metas y ejecutar presupuesto, pero enfrenta desafíos como complementar las intervenciones con estrategias destinadas a grupos de pares o la necesidad de robustecer la gestión del equipo a nivel central.

Su ampliación permitiría fortalecer la prevención psicosocial en niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, especialmente en comunas con altos niveles de vulnerabilidad. Salvar a la niñez y la juventud de caer en el círculo de la delincuencia debiese ser un imperativo moral y político de primer orden, dado el escenario de vulnerabilidad que se presenta en Chile.

Cuarto, la gran cantidad de iniciativas municipales registradas debiese dar paso a establecer un catálogo de buenas prácticas de prevención social integrada, que genere oportunidades para replicar este tipo de experiencias. Del mismo modo, se debiese fomentar la cooperación público-privada (con universidades, empresas, sociedad civil) para abordar un sinnúmero de desafíos que se enfrentan a nivel local.

Los dramas derivados de la inseguridad que vive el país no los resolverá por sí solo un alcalde, un solo cuerpo policial e, incluso, un Gobierno. Hoy más que nunca se requiere altura de miras y perspectiva. Un primer paso es tomar decisiones observando la evidencia y los datos, entender la diversidad que existe en los territorios, comprender que el trabajo interinstitucional es clave y pensar en la pertinencia territorial de las políticas que se implementan en las 345 comunas del país. Aquí, como en tantos otros temas, no está de más recordar que Santiago no es Chile.