¿El Cosena otra vez?

Las últimas semanas han sido extremadamente noticiosas, debido a diversos casos que mostrarían el rol que estaría adquiriendo el crimen organizado en el país. En primer lugar, se produjo una gran conmoción pública a partir de varios casos que darían cuenta de la potencial participación de agentes de las FF.AA. en hechos asociados al tráfico ilícito de drogas, que mostrarían la creciente influencia que estarían adquiriendo organizaciones criminales en su trabajo, especialmente en el contexto de su labor en la frontera norte.

Cuando aún no concluía esa conmoción, se tuvo conocimiento de la incorrecta liberación de un sicario que se encontraba en prisión preventiva en Santiago, sin que exista todavía una versión muy clara acerca de cómo pudo haber ocurrido esto. El Ministerio Público investiga si la liberación fue producto de un error o de influencia indebida del crimen organizado, pero en cualquier hipótesis se trata de un hecho de extrema gravedad y que ha sido percibido, con justa razón, como un verdadero escándalo.

Como era de esperarse, se han generado diversas reacciones en la opinión pública y desde el mundo político. Una que ha sido mencionada por varios candidatos a la Presidencia de la República es la de citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para que este órgano se pronuncie sobre medidas para atacar los problemas.

No es la primera vez que distintos representantes de la clase política hacen el mismo llamado, el que se ha transformado en una de las respuestas favoritas que más se repite frente a las diversas crisis de seguridad que el país ha enfrentado en los últimos años. Así es como ya es hasta predecible que, frente a problemas de seguridad que generen conmoción pública, algún dirigente político hará este mismo llamado.

De hecho, el 5 de febrero de 2024 el Cosena se reunió luego de una fuerte presión política que llevó al Presidente Boric a convocarlo para pronunciarse sobre la conveniencia de involucrar a las FF.AA más intensamente en materia de seguridad pública. Esto, a propósito de la posibilidad de decretar Estados de Excepción Constitucional y de discutirse sobre la implementación de la Ley de Protección de la Infraestructura Crítica, que ya había generado una reforma constitucional en febrero de 2023 (Ley 21.542).

La presión política de ese momento estaba orientada a favorecer la presencia de militares en las calles en actividades de control cotidianas, habitualmente cumplidas por las policías. Contrario al clamor de un grupo de la clase política que abogaba por la militarización de actividades de seguridad, el Cosena, con mucha prudencia, se mostró reacio a tales propuestas, identificando diversos problemas para su implementación.

¿Es una buena idea convocar al Cosena para los problemas de seguridad que se han conocido durante las últimas semanas? Estimo que no. No es el órgano adecuado para lidiar con este tipo de asuntos, pues su existencia constitucional no ha sido pensada para ello, no cuenta con las facultades para hacerlo ni dispone de los recursos y medios técnicos para tal labor. En cambio, hoy contamos en Chile con una nueva arquitectura institucional en la materia, como es el Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema de Seguridad Pública (Ley 21.730 del 5 de febrero de 2025), que debiera ser el espacio adecuado y natural para lidiar con este tipo de problemas.

Esto, sin perjuicio del valioso aporte que los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas puedan hacer en las materias de su especialidad, que pueden ser canalizadas por diversas vías, incluyendo, como veré, su trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad.

Esto requiere una explicación. El Cosena se encuentra regulado en los artículos 106 y 107 de la Constitución como un órgano asesor del Presidente de la República en materias de seguridad nacional, cuando este decide convocarlo para escuchar su opinión. Esta sola definición nos muestra que no estamos en presencia de una institución diseñada con el propósito de colaborar en temas de seguridad y orden público, salvo que se sostenga una versión tan amplia de la noción de “seguridad nacional” que haga que prácticamente todo quepa en ella, desnaturalizando su función.

Su integración también da cuenta de lo mismo. Forman parte el Presidente de la República (quien lo preside) y se integra por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el general director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

El Presidente podría, según estime, además, incluir a las sesiones respectivas a diversos otros ministerios. No forman parte de este Consejo, en cambio, algunos actores claves del sistema de seguridad pública con quienes resultaría indispensable coordinar cualquier estrategia relevante en materia de crimen organizado, por ejemplo, el Fiscal Nacional, el director general de la Policía de Investigaciones o el director nacional de Gendarmería.

El Cosena, por otra parte, no tiene un funcionamiento permanente y sus opiniones son simplemente recomendaciones. Entre 2014 y 2025 se ha reunido solo en tres ocasiones. El 2014, con el propósito de analizar escenarios en la víspera del conocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo con el Perú, y el 2019, a propósito de las masivas protestas de octubre de ese año. Su trabajo se agota, por así decirlo, en las opiniones y expresiones que se formulan en la sesión respectiva. No le corresponde implementar, hacer seguimiento o evaluar lo que recomienda ni tiene facultades legales o recursos para tal labor.

Como contrapartida, la ley que creó el Ministerio de Seguridad ha establecido un Sistema de Seguridad Pública complejo, encargado de hacerse cargo precisamente del tipo de problemas que hemos enfrentado estas semanas. Por de pronto, este ministerio ha sido creado con el propósito de colaborar con el Presidente en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, a la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad.

Para ello, debe efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos y está a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas, y fiscalizar las actividades dentro del ámbito de sus atribuciones. Además, el ministerio debe coordinar y encomendar acciones, y pronunciarse, en el ejercicio de sus competencias, sobre la implementación de los planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos.

A nivel de diseño de políticas y estrategias, la corresponde elaborar y proponer al Mandatario la Política Nacional de Seguridad, incluyendo también el diseño de políticas y estrategias específicas para combatir al terrorismo, el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico, el resguardo de fronteras y la ciberseguridad, entre otras. Para esta labor debe coordinarse con distintas agencias del Estado y promover un trabajo conjunto, incluyéndose específicamente a las FF.AA. dentro de ellas.

Para el cumplimiento de estas funciones, y las demás que desarrolla detalladamente la Ley 21.730, el ministerio se organiza en dos subsecretarías que cuentan con equipos profesionales permanentes tanto a nivel nacional como a nivel regional, que debieran integrarse por personas con especialidad reconocida en la materia.

Como señalaba, la ley crea un Sistema de Seguridad Pública que se integra con otros órganos a nivel nacional y regional. El sistema se define como el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas que, mediante su acción coordinada y colaborativa, propenden a que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito. Para ello, el sistema se integra por diversos órganos de la administración del Estado, por el Ministerio Público, las municipalidades y las demás entidades públicas o privadas que colaboren en las mismas materias.

Uno de sus componentes claves a nivel nacional es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que sirve de instancia de colaboración y coordinación del sistema a nivel nacional, y también se crean Consejos Regionales. Forman parte del Consejo los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el general director de Carabineros de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones y el director nacional de Gendarmería y pueden, además, ser convocados a las sesiones del Consejo todas las entidades que forman parte del sistema.

Como se puede apreciar en este brevísimo repaso institucional, los llamados a convocar al Cosena no hacen mucho sentido a la luz de nuestra actual arquitectura institucional. Valga la pena recordar en este punto que, cuando la ley fue aprobada en forma reciente, fue celebrada transversalmente por los distintos sectores políticos, salvo algunos minoritarios, como un logro de Estado. Lo lógico es que lo que debiéramos solicitar es que este sistema funcione tal como lo ha previsto la ley y se haga cargo de los desafíos que los casos recientes nos ha presentado. No se entiende que la primera demanda, frente a cualquier problema de seguridad, sean estos llamados a convocar al Cosena.

¿Qué explica que se siga insistiendo en el Cosena? Hay varias posibilidades, pero ninguna de ellas parece corresponder a buenas razones.

Una primera sería explicar dichos llamados por una suerte de desconocimiento del actual diseño en seguridad pública en el país. Me resulta difícil creer que quienes hasta hace poco tuvieron un rol protagónico en el diseño de este nuevo sistema lo hayan olvidado tan rápido.

Una segunda posibilidad es que estos mismos actores aún no comprendan bien la naturaleza y el tipo de desafíos que presenta el crimen organizado y la necesidad de encararlo de manera compleja con una institucionalidad más sofisticada, que pueda desarrollar e implementar estrategias efectivas y no simplemente formular opiniones generales.

Tampoco me parece muy claro que no exista esta capacidad de comprensión en actores que permanentemente participan en el debate político y están al tanto de estos temas. Una tercera opción es comprender que los llamados a convocar al Cosena quizás solo aspiran a entregar señales de tranquilidad a la ciudadanía. Tampoco me parece un argumento muy convincente, considerando que a esta altura se necesita mucho más que simples señales para enfrentar un fenómeno que cada vez parece más serio y difícil de encarar.

Lo que la ciudadanía espera es que las autoridades tomen cartas en el asunto. Finalmente, parece que nos queda comprender que, cuando se hacen llamados a convocar el Cosena, no se está buscando realmente resolver el problema, sino que se intenta hacer un punto u obtener una ganancia política específica en un momento dado.

Sabido es que al actual Gobierno la convocatoria a un órgano como el Cosena le resulta incómoda, por lo que los llamados a ello sirven para generar momentos de tensión institucional que solo se traducen en réditos políticos de corto plazo y sin mucho aporte o avance en el tema de fondo. Esta razón, que probablemente nadie esté dispuesto a aceptar en forma explícita de manera pública, obviamente resulta inaceptable.

Esperemos que en los próximos días la sensatez retorne y que quienes han hecho estos llamados a convocar al Cosena, especialmente quienes aspiran a la primera magistratura del país, comprendan que en el escenario actual esa no es la vía institucional apropiada para encarar los desafíos que nos plantea el avance del crimen organizado y la mayor complejidad criminal que el país enfrenta. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en permitir que la nueva institucionalidad, que con tanto esfuerzo se ha ido implementando, pueda cumplir su labor en forma adecuada. Chile lo necesita.