¿Quién financiará la seguridad social del futuro ante el desfase demográfico que se avecina?

Chile enfrenta una transformación silenciosa pero profunda: la combinación entre una acelerada disminución de la natalidad (según el INE, la caída de la natalidad en un año es de 7,3%) y un creciente envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no solo desafía nuestras estructuras culturales y sanitarias, sino que también pone en tensión la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de seguridad social.

En las próximas décadas, habrá proporcionalmente menos personas activas trabajando e imponiendo, y más adultos mayores que necesitarán pensiones y cuidados. En ese contexto, debemos comenzar desde ya a repensar las fuentes de financiamiento de nuestro Estado de Bienestar ante el evidente colapso futuro.

Una de las dinámicas que agrava esta situación es la automatización del empleo, especialmente en una economía de servicios como la chilena. Cajeros automáticos que reemplazan trabajadores en supermercados, estaciones de servicio sin asistentes, peajes sin personal y aplicaciones que sustituyen tareas antes humanas: todos estos ejemplos son parte del paisaje cotidiano.

Aunque estas tecnologías mejoran la eficiencia y reducen costos para las empresas, su masificación reduce el número de trabajadores contratados que aportan al sistema previsional, afectando de manera estructural su base de financiamiento, sumado a la creciente informalidad para financiar la vida diaria.

Frente a este escenario, puede ser adecuado avanzar en el debate sobre la implementación de un impuesto transitorio-transicional a las máquinas de reemplazo. Se trataría de un gravamen que no busca frenar la innovación tecnológica, sino garantizar que su impacto negativo sobre el sistema de seguridad social no quede sin respuesta. En términos simples, si una máquina o sistema automatizado reemplaza a un trabajador que contribuía mensualmente al sistema previsional, esa máquina debiera pagar un aporte equivalente o proporcional a lo que ese trabajador aportaba.

Este impuesto tendría carácter transitorio: se aplicaría por un período acotado, mientras se ajusta el modelo demográfico y se desarrolla un nuevo equilibrio entre trabajo humano y automatización. Este horizonte podría situarse entre 30 y 40 años.

Japón, país que lleva décadas enfrentando el envejecimiento poblacional más avanzado del mundo, ya ha abierto este debate. Aunque no ha establecido aún un impuesto de este tipo, el Gobierno japonés ha explorado mecanismos para asegurar que la robotización no erosione la base fiscal y previsional. Además, algunos académicos y legisladores han sugerido que los beneficios que obtienen las empresas por automatizar deberían destinar una parte a financiar la red de seguridad de las personas desplazadas. No se trata de detener el progreso, sino de hacerlo sostenible y justo.

Chile tiene hoy una oportunidad para anticiparse a una crisis de proporciones si se mantiene el actual modelo previsional y laboral sin ajustes. Un impuesto transitorio-transicional a las máquinas de reemplazo sería una herramienta para redistribuir parte del valor generado por la automatización hacia quienes se ven desplazados y hacia el sistema de seguridad social en su conjunto. Si no lo hacemos, en 30 o 40 años más tendremos una generación envejecida, con menores ingresos previsionales, y un Estado sin los recursos para garantizar su bienestar.

La tecnología puede ser aliada del desarrollo, pero para ello debe ser parte de un pacto social justo. Llegó el momento de discutir cómo hacer de la automatización un proceso inclusivo, que no profundice las desigualdades ni debilite los pilares del Estado de Bienestar que aún estamos construyendo.

La política tiene el deber de adelantarse a una realidad imposible de evitar; es el tiempo y momento de abordar esta materia.