Aranceles y seguridad alimentaria

Durante varios años, o incluso décadas, imperó en el comercio internacional de Chile el principio de que había que comprar cualquier mercancía, en cualquier país del mundo, siempre y cuando esta se produjera y se vendiera más barata que el precio al cual se podía producir internamente. Basado en este principio, el país pasó a proveerse de trigo por la vía de las importaciones básicamente desde Canadá, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, en ese mismo orden.

Como consecuencia de ello, la cantidad de trigo sembrada y producida en Chile disminuyó en forma sistemática. Si una cantidad importante de productores internos de trigo no podía producir en forma competitiva con el trigo proveniente del exterior, tenía que cambiar su giro productivo y dedicarse a otra cosa.

A raíz de todo aquello, la superficie sembrada de trigo pasó de 419.660 hectáreas en el período 2004-2005, a 263.164 hectáreas en el 2014- 2015 y, diez años después, en el 2024-2025, la superficie sembrada fue solo de 172.867 hectáreas. En términos de producción las cifras, en los tres períodos mencionados, fueron de 1.851.949 toneladas, 1.482.310 toneladas y 1.188.781 toneladas, respectivamente.

Se está en presencia, por lo tanto, de una baja sostenida en la superficie sembrada y en la cantidad producida de trigo. Pero este producto es solo un ejemplo. Algo similar sucede con el maíz, con los porotos y con otros rubros de consumo más o menos habitual en la dieta de los chilenos.  

Se suele definir la seguridad alimentaria como “una situación en la que todas las personas tienen acceso físico, económico y social a los alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias”. A lo largo del presente siglo se dio por sentado que la seguridad alimentaria de Chile estaba garantizada por los tratados de libre comercio firmados con los países productores de trigo y de otros alimentos, que se suponían firmes e inviolables. 

Esos tratados aseguraban que ese trigo estaría siempre a disposición de Chile, a los precios que imperaran en el comercio internacional, y que nuestro país se abstendría de cobrar arancel a esos productos importados, que pudiesen aumentar los precios con que ese producto entraba y competía en el mercado nacional. Se partía del supuesto de que el trigo importado estaría siempre presente como alterativa para satisfacer la demanda de Chile y, por lo tanto, estábamos alimentariamente seguros. El trigo para producir el pan nuestro de cada día no faltaría en nuestro país, aun cuando se produjera cada vez menos.

Era, indudablemente, una concepción bastante peculiar de la seguridad alimentaria, pero ella era totalmente armónica con la concepción liberal que imperaba en el país y en sus relaciones económicas internacionales.

Pero ahora impera en el comercio internacional una alta dosis de incertidumbre y de falta de consideración y respeto a las normas y tratados que daban forma a un orden económico internacional hasta fines del 2024. Las normas que formaban parte del derecho internacional, respetado por todos los países, han sido sustituidas, de hecho, por otras que se basan hoy en día en las luchas y necesidades geopolíticas de los países más poderosos e importantes del planeta.  

En el presente, nuestro concepto de seguridad alimentaria no puede seguir siendo el mismo. Actualmente, más que nunca, nuestra seguridad alimentaria depende de tratados que nadie asegura que serán plena y permanentemente respetados, y de mercados que no se sabe si se mantendrán permanentemente abiertos.

Nuestra seguridad alimentaria debe pasar, por lo tanto, a depender de la capacidad del país para producir un alto porcentaje de los alimentos que necesita y no seguir amarrados a una política que ha conducido, en forma clara e indiscutida, a producir cada vez menos e importar cada vez más. 

Eso pasa por aumentar en forma sustantiva la producción interna y por limitar, en alguna medida, las importaciones que entran al país con precios bajos y sin pagar aranceles. Hay, por lo tanto, que limitar nuestras importaciones, pero eso no es fácil, pues los tratados de libre comercio que hemos firmado no nos dejan muchos grados de libertad en ese campo, y Chile no está en condiciones de patear ningún tablero ni dar por caducado autónomamente ningún tratado internacional.

Solo nos queda la alternativa de negociar. Y negociar implica no solo solicitar un trato diferente, sino estar dispuesto a otorgar algo que la contraparte solicite a cambio. No es fácil, pero hay que poner esas aspiraciones en nuestra agenda de negociaciones con viejos o con nuevos socios comerciales. Todo ello, desde luego, si nos interesa la seguridad alimentaria del país.