Economías ilícitas: desafíos y primeros pasos

En estos días se ha dado a conocer un proyecto de ley que busca acabar con los cuidadores ilegales de autos, algo largamente esperado para detener, con multas y cárcel, a las mafias que se instalan en la vía pública, donde incluso se han reportado casos de ciudadanos que pagan los supuestos “estacionamientos” solo para evitar las represalias de estos grupos.

Esta práctica ilícita, junto con muchas otras, fue precisamente uno de los temas que abordamos durante el Segundo Día contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado, instancia que impulsamos desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, en conjunto con la OCDE, ICAIE y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, para dar respuesta a uno de los principales desafíos para la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo económico de Chile y América Latina.

Sin duda, el problema de las economías ilícitas, que son todas aquellas que operan por fuera del marco legal –como el comercio ambulante, el contrabando y las falsificaciones, por poner algunos ejemplos–, está estrechamente ligado a las actividades del crimen organizado, un fenómeno no limitado a nuestras fronteras y que siempre busca nuevas vías para entrar a nuestro país con la mayor ganancia posible.

En este contexto, donde la demanda de estos productos ha alcanzado cifras críticas en Chile –dato respaldado por la Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando, que realizamos desde el gremio–, surge la duda de cómo empezar a hacerle frente.

Si bien el rol del Estado es fundamental para esta lucha, por medio de las instituciones policiales y las entidades fiscalizadoras, existen diversas vías donde podemos contribuir desde el sector privado, tanto de manera individual como en alianzas público-privadas, y que fueron el resultado de las mesas de trabajo que se realizaron durante el seminario.

En primer lugar, es clave reconocer la importante contribución que puede realizar la esfera privada desde el ámbito de la información, pudiendo aportar, por ejemplo, con recursos o datos críticos para la prevención de delitos en las cadenas logísticas, como la detección de movimientos sospechosos con inversión en prevención territorial mediante la seguridad privada, y con la colaboración tecnológica con el Estado.

Otro eje, en el que hemos hecho grandes avances, es el aporte en la educación del consumidor, por medio de programas que generen una transformación cultural. En este punto, desde la Cámara hemos impulsado diversas campañas anticontrabando, tanto a nivel nacional como local en regiones, promoviendo canales de denuncia y destacando la importancia de comprar en el comercio legal.

La relevancia de estos puntos, sumada a un amplio abanico de consideraciones adicionales, se materializó en un documento de 12 propuestas como resultado del seminario, con el objetivo de enfrentar las economías ilícitas y el crimen organizado en nuestro país. En él se destaca la importancia del trabajo conjunto, pues solo a través de la cooperación público-privada será posible recuperar la estabilidad del empleo, reactivar la inversión y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.