Pobreza en Chile: lo que los números no estaban contando

A comienzos de julio, la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza entregó su informe de recomendaciones al Presidente Gabriel Boric. De ser acogidas, estas propuestas implicarían una verdadera reconfiguración del panorama social del país: la estimación oficial de pobreza para el año 2022 no sería del 6,5%, sino al menos del 22,3%.

En otras palabras, el cambio sería del orden de 3,5 veces. Una cifra que, aunque impactante, resulta mucho más coherente con el Chile real. Porque con una tasa de 6,5%, el país se presentaba ante el mundo como si tuviera menos pobreza que Canadá, una comparación difícil de sostener a la luz de las condiciones materiales de vida de millones de familias trabajadoras.

Entre las recomendaciones está la eliminación del llamado “alquiler imputado” y la introducción de dos líneas diferenciadas de pobreza: una para propietarios y otra para arrendatarios. El alquiler imputado es un ingreso ficticio que se agrega al ingreso monetario de los hogares que son propietarios de una vivienda, la están pagando, o viven en condiciones de cesión o usufructo. La lógica detrás de este ajuste, utilizada en varios países de América Latina y el Caribe, es hacer una comparación más equitativa entre quienes pagan arriendo y quienes no. Para eso, se les pregunta a los propietarios cuánto costaría arrendar una vivienda similar en su barrio, y ese valor se suma a su ingreso.

Pero lo que en principio podría parecer un tecnicismo metodológico, hoy opera más bien como una distorsión que subestima sistemáticamente la pobreza. La propia Comisión reveló un dato tan insólito como alarmante: 24 mil hogares con ingresos monetarios reales iguales a cero no son clasificados como pobres. ¿La razón? El llamado “alquiler imputado”, una ficción estadística que asigna valor a la vivienda que habitan, aunque no genera ingreso alguno. Es decir, para el sistema, estas familias no tienen un solo peso para comprar un pan, pero no califican como pobres porque, en teoría, “viven en algo que vale”. En la práctica, tendrían que comerse su casa.

Una de las consecuencias más llamativas de esta práctica es lo que ocurre con la población mayor. Según las cifras oficiales vigentes, la pobreza en personas de 60 años o más alcanza apenas un 3,1%. ¿Tiene sentido ese número en un país donde la mitad de las pensiones totales no superan los $267 mil para quienes reciben su pensión de vejez? (dato oficial para el mismo período del cálculo de la pobreza).

Lo más probable es que esta baja tasa se deba precisamente al efecto del alquiler imputado, ya que las personas mayores tienen una probabilidad más alta de haber accedido a una vivienda propia, lo que eleva ficticiamente su ingreso medido.

Con las nuevas recomendaciones, la pobreza en este grupo etario subiría a un 18,1%, es decir, se sextuplicaría. Un cambio aún más dramático que el del promedio nacional. Y lo que es más preocupante: esta nueva estimación ya considera el efecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ha funcionado como un verdadero respirador artificial para el colapsado sistema de pensiones basado en la capitalización individual.

Basta mirar un dato revelador: si se consideran únicamente las pensiones autofinanciadas, la mitad de quienes acceden a su jubilación de vejez reciben menos de $190 mil mensuales. Es más, si nos centramos exclusivamente en las nuevas personas que se pensionan, la mitad percibe menos de $91 mil mensuales.

Si se excluyen las ayudas estatales y se calcula la pobreza solo a partir de ingresos laborales y pensiones contributivas, entonces la tasa de pobreza entre las personas mayores de 60 años se acercaría al 40%. Esta cifra revela con crudeza la magnitud del fracaso del sistema previsional chileno y deja en evidencia que la supuesta “baja pobreza” era en realidad el resultado de una metodología que invisibilizaba el deterioro social.

En definitiva, este informe de la Comisión no solo propone cambios técnicos. Lo que hace es poner sobre la mesa una verdad incómoda: Chile no tiene poca pobreza; Chile tiene una mala forma de medirla.