Eliminar la UF… ¿será peor que mantenerla?

La Unidad de Fomento (UF) fue creada por el Decreto Ley 4.286 del 20 de enero de 1967, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, con el propósito de proteger los contratos de largo plazo de la pérdida de valor del dinero a causa de la alta inflación que afectaba a Chile en esa época.

Desde la década de 1990, con la estabilidad económica lograda, la idea de eliminar la UF ha surgido reiteradamente en la discusión pública. Recientemente, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca eliminar el uso de la UF como mecanismo de cobro en contratos vinculados a arriendos, dividendos hipotecarios, educación y salud.

Uno de los argumentos que justifica esta propuesta es que Chile ha contado con tasas de inflación relativamente bajas y estables durante las últimas décadas, especialmente si se compara con períodos anteriores. En este contexto, algunos sostienen que el uso extendido de una unidad indexada a la inflación ya no sería necesario.

Otro argumento a favor de eliminar la UF es que genera efectos inerciales sobre la inflación, ya que provoca reajustes automáticos en instrumentos financieros y valores como sueldos, subsidios, planes de salud o impuestos. Esto ocurre porque la UF se ajusta en función de una inflación pasada y ya conocida, no sobre proyecciones futuras. En otras palabras, actualiza los valores nominales con base en una inflación “que ya ocurrió”, lo que introduce un desfase y puede contribuir a una persistencia en las alzas de precios, dificultando el control efectivo de la inflación.

Sin embargo, la decisión de eliminar la UF en el contexto actual de la economía chilena no sería apropiado ni oportuno. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha cuestionado la medida en los últimos días argumentando lo siguiente: “No exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile, en un momento en el cual hay déficit habitacional, en un momento en el cual el valor del suelo, el valor de las propiedades está aumentando; ha disminuido el acceso a la vivienda propia, se ha ido generando un déficit”.

La economía chilena es considerada altamente indexada, lo que significa que muchos acuerdos económicos están vinculados a indicadores como la inflación o el tipo de cambio vigentes. De hecho, el valor de la UF se reajusta diariamente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

Modificar esta estructura podría traer importantes consecuencias. La eliminación de la UF tendría efectos negativos en el sistema financiero, especialmente en los contratos de largo plazo, como los créditos hipotecarios. Al desaparecer la cobertura frente a la inflación, se elevarían las tasas de interés nominales para compensar ese riesgo, y se endurecerían las condiciones de acceso a la vivienda. Otros sectores también podrían verse afectados, como los contratos de salud previsional.

Además, fijar precios en pesos chilenos no significa necesariamente que estos no aumenten. Al contrario, quedarían más expuestos a la inflación y, además, habría que revisar masivamente los contratos vigentes, lo que generaría costos administrativos y desafíos regulatorios importantes.

En consecuencia, la eliminación de la UF no es solo un aspecto de discusión técnica, sino un proceso de transformación estructural del sistema financiero y económico en Chile. Cualquier transición que se quisiera implementar en un contexto de inflación persistentemente baja tendría que ser gradual, muy bien diseñada y acompañada de políticas compensatorias.

Una alternativa distinta sería proponer un proyecto de ley enfocado en revisar las posibles anomalías en los cobros en UF, especialmente en áreas como arriendos, planes de salud y educación, donde los reajustes automáticos a veces se aplican sin una justificación real en los costos de prestación del servicio. Esto podría generar distorsiones de precios que afecten el acceso equitativo a derechos básicos.

Una revisión de este tipo permitiría avanzar hacia un sistema más justo y transparente, sin tener que prescindir de la UF como herramienta macroeconómica.