Minería sin frenos en Brasil y la advertencia para Chile

Hace unos días, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley 2159/21, una reforma que cambia por completo el mapa de licencias ambientales. Con 267 votos a favor y 116 en contra, el Congreso dio luz verde a una normativa que, según sus impulsores, “agiliza el desarrollo de proyectos”, pero que para organizaciones ambientalistas, científicas y pueblos indígenas representa una amenaza estructural a la protección del medio ambiente y un retroceso de décadas.

La nueva ley brasileña contempla licencias como la Licencia Ambiental Especial (LAE) y la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC). La LAE podrá ser otorgada incluso a proyectos con alto potencial de impacto ambiental, siempre que sean calificados como “estratégicos” por el Consejo de Gobierno Federal. Esta licencia se tramitará en una sola fase, con un plazo de análisis de 12 meses y una validez de hasta 10 años. Además, el texto establece que estos proyectos tendrán prioridad sobre cualquier otra licencia en tramitación.

La LAC, por su parte, permitirá otorgar licencias sin necesidad de estudios de impacto ambiental para actividades consideradas de riesgo medio o bajo, determinadas por cada ente federativo. Bastará con un informe y una declaración de compromiso ambiental. Sin embargo, una enmienda reciente estableció que la revisión por muestreo de estos informes no será obligatoria, abriendo vacíos en la fiscalización efectiva.

Desde el sector privado, el Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) ha defendido el proyecto, argumentando que no implica menos control, sino más agilidad, y aclarando que la normativa no se aplica a la seguridad de presas mineras, reguladas por otras leyes. Aun así, esta distinción técnica no ha evitado una fuerte crítica social: diversas organizaciones denuncian que se están autorizando megaproyectos sin evaluación ambiental seria y que el nuevo sistema debilita las herramientas de control existentes.

El riesgo de una institucionalidad ambiental debilitada

El caso brasileño muestra lo que sucede cuando se privilegia la agilidad por sobre la responsabilidad regulatoria. Más allá de los discursos sobre desarrollo sostenible, la nueva ley concentra poder en el Ejecutivo, debilita la fiscalización, limita la participación de actores clave y reduce el rol de la ciencia y de las comunidades en decisiones de alto impacto.

Brasil podría enfrentar consecuencias económicas severas. Ya en 2024, una cadena francesa suspendió compras de carne brasileña por su vínculo con la deforestación. Con un sistema de licencias más laxo, es probable que aumente la presión de compradores, inversionistas y reguladores europeos o asiáticos sobre otras exportaciones. El riesgo reputacional se transforma rápidamente en riesgo financiero.

Chile no es ajeno al debate sobre la “permisología”. Con la reciente aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, busca reducir significativamente los tiempos de tramitación sin renunciar al control ni a la evaluación ambiental. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, la reforma chilena propone mecanismos como una ventanilla única digital, plazos obligatorios y procedimientos diferenciados según el impacto del proyecto, en un intento por equilibrar eficiencia con responsabilidad institucional.

La minería es estratégica para ambos países, y también para el mundo en el contexto de la transición energética. Pero no cualquier minería: debe ser trazable, con baja huella ambiental y legitimidad social. El caso brasileño advierte sobre los riesgos de sacrificar controles en nombre de la agilidad. Chile, en cambio, tiene hoy la oportunidad de demostrar que se puede avanzar en eficiencia sin debilitar la institucionalidad, apostando por un desarrollo minero transparente, evaluado y alineado con los desafíos del presente.