Desmantelamiento de la respuesta nacional al VIH

Este 2025 se cumplen más de cuatro décadas desde que el VIH irrumpió como una crisis de salud global. Chile no fue la excepción. Pero, a diferencia de los años iniciales –donde la ignorancia institucional se enfrentaba con la valentía de comunidades organizadas–, hoy vivimos un retroceso más sutil, pero igual de dañino: el desmantelamiento silencioso de la respuesta nacional al VIH por parte de quienes se comprometieron con una política sanitaria progresista y con enfoque de derechos.

Desde ACCIONGAY, organización con más de 38 años de trayectoria en prevención, atención y acompañamiento a personas que viven con VIH, expresamos nuestra profunda preocupación ante el deterioro de las políticas públicas en esta materia durante la actual administración. El discurso ciudadano del Gobierno no se ha traducido en hechos: la inversión en prevención ha disminuido, los canales de colaboración con la sociedad civil han sido ignorados y los avances científicos, como la PrEP, siguen siendo inaccesibles para la mayoría.

La ruptura de la histórica alianza entre el Ministerio de Salud y las organizaciones comunitarias no solo ha debilitado las acciones en terreno, sino que ha vaciado de legitimidad las estrategias implementadas desde el nivel central. Peor aún: se percibe una obstrucción deliberada al trabajo que por años construyó puentes con poblaciones clave. Las Respuestas Regionales Integradas, que permitían adaptar la prevención a realidades locales, han sido ninguneadas sin explicación.

Los efectos son evidentes: regiones sin stock de condones ni test rápidos, campañas ausentes o ineficaces, equipos comunitarios desarticulados. ¿Cómo se explica que, en pleno 2025, tengamos personas que abandonan su tratamiento o temen hacerse un test por miedo a ser maltratadas en un centro de salud?

Y mientras el mundo celebra la eficacia de la profilaxis preexposición (PrEP) como herramienta fundamental en la prevención del VIH, en Chile se sigue negando su expansión a través de la sociedad civil. Es incomprensible que se insista en canales institucionales rígidos y excluyentes cuando existen equipos comunitarios formados, con llegada y experiencia.

Pero tal vez el retroceso más preocupante ha sido la omisión del VIH en la actualización del GES. Esta decisión condena a miles de personas que viven con el virus a terapias de segunda línea y con mayores efectos adversos. Es una expresión brutal de desigualdad: quienes pueden pagar acceden a lo mejor; quienes dependen del sistema público, se quedan atrás.

¿Dónde está ministra Aguilera? ¿Dónde están los compromisos con una salud pública con participación social? Tres años de silencio, indiferencia y puertas cerradas son la muestra de un abandono institucional que duele, que enoja y vulnera.

No es casualidad que, hoy, las principales voces de denuncia provengan desde las organizaciones históricas que construyeron la respuesta al VIH desde abajo. Porque sabemos que sin nosotros, sin la sociedad civil, no habrá fin al SIDA. Ni equidad. Ni justicia.

A siete meses del fin de este Gobierno, hacemos un llamado urgente a recomponer las confianzas. A que la salud deje de ser rehén de cálculos técnicos sin alma. A que la respuesta al VIH vuelva a tener rostro humano.

Chile no necesita más promesas. Necesita voluntad política, humildad y memoria. Y necesita entender que el silencio institucional también mata.