A un año de la Ley Karin: la prevención es la clave

En este primer año de la Ley Karin, es fundamental reflexionar sobre el impacto de una normativa que propone un cambio cultural y civilizatorio relevante para convertirse en un pilar de justicia y dignidad en el mundo laboral. Honrando la memoria de Karin Salgado, funcionaria pública que se quitó la vida tras sufrir acoso laboral, esta ley es un compromiso de Estado para asegurar ambientes de trabajo libres de violencia. Como subsecretarios, hemos sido testigos de la transformación que esta legislación ha iniciado en nuestra cultura laboral.

El 1 de agosto de 2024 marcó el inicio de la implementación de la Ley Karin, estableciendo la obligatoriedad para empresas y organismos del Estado de contar con protocolos y capacitaciones de prevención contra el acoso y la violencia en el trabajo. Este enfoque hoy es un imperativo que cumplir para adelantarse a las situaciones complejas que pueden producirse en el mundo del trabajo. Esta ley, además, se enmarca en la ratificación de Chile del Convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral.

Los recientes informes de la Superintendencia de Seguridad Social, (SUSESO) y la Dirección del Trabajo (DT) son claros indicadores de la necesidad de esta ley, porque les da visibilidad a situaciones de las cuales no se hablaba o quedaban ocultas en los ambientes laborales. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la DT recibió 44.212 denuncias, de las que 42% calificaron por Ley Karin. El porcentaje restante da cuenta de conflictos que están ocurriendo en los espacios de trabajo, que obligan a las empresas a anticiparse.

Es preocupante que quienes más denuncian son las mujeres (66,4%) y que mayormente sea por acoso laboral (87,5%). Estos datos, junto con la alta concentración de denuncias en sectores como el comercio, la enseñanza y los servicios administrativos, nos muestran dónde debemos intensificar los esfuerzos.

La Ley Karin ha introducido cambios significativos que garantizan una mayor protección a las personas que se atreven a denunciar. Ahora se definen de manera más amplia el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y se exige a los empleadores tomar medidas de resguardo inmediatas, como la atención psicológica temprana para los denunciantes.

La normativa también refuerza el rol de la DT y la Contraloría General de la República en los procesos de investigación, asegurando confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género. Para quienes no cumplan, las sanciones pueden ascender hasta 250 UTM ($17.161.750 equivalentes al valor UTM del mes de agosto).

La Ley Karin es una herramienta poderosa que está construyendo una cultura laboral más segura, justa y digna para las generaciones futuras. El camino aún es largo, pero este primer año nos da la certeza de que estamos en la dirección correcta.