Regularización de tierras: un asiento jurídico que beneficiará a más personas

Tal como aparece en el gráfico, los trámites realizados en el Ministerio de Bienes Nacionales cayeron bruscamente a partir de 2021. El problema: teníamos trabas legales y administrativas que dejaban fuera a muchas personas del proceso de regularización. Es decir, un número menor de chilenos y chilenas concluyeron sus trámites para obtener el reconocimiento legal de su propiedad y adquirir el título de dominio. 

¿Por qué estos trámites son tan importantes? El ministerio –a través del D.L. N° 2695– se pone al servicio de personas, pertenecientes al segmento más vulnerable de la población, quienes pueden regularizar de forma gratuita la tierra donde viven, en muchos casos por generaciones, accediendo a subsidios y otros beneficios del Estado, optando por algo que es clave: seguridad y certeza territorial a miles de familias. Se trata de herramientas que proveen, en definitiva, más dignidad a ellas y a sus familias.

Pese al gráfico que aquí les presentamos, hay buenas noticias

Gracias a un trabajo coordinado y en conjunto con la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, las solicitudes de regularización aumentaron un 27% en el presente año y se han entregado un 28% de títulos de dominio más en relación con los últimos 10 años, impulsadas por nuevas normas que facilitaron el proceso y ampliaron el potencial de cobertura. 

En el caso del ente contralor, este emanó dos dictámenes: uno, excluye la exigencia de cabida predial mínima en inmuebles agrícolas y reconoce la posibilidad de regularizar títulos imperfectos sobre un inmueble; el otro, dispone que a las solicitudes de regularización que se encontraban en trámite antes de las modificaciones a la Ley N° 20.234 (agosto 2022), que exigieron recepción definitiva, no se les aplicará la mencionada exigencia.

Tras un diálogo con el Poder Legislativo, el Parlamento aprobó dos normas que, posteriormente, fueron promulgadas (Ley N° 21.741, conocida como Miscelánea, y la Ley N° 21.737), las que permitieron regularizar en loteos irregulares con recepción provisoria, resolviendo un 21% de rechazos y subir el límite de avalúo fiscal a 1.000 UTM, eliminando una exclusión que afectaba al 5% de los casos. Cabe puntualizar que, si bien hoy analizamos cada caso en su mérito, con la nueva ley se nos abre la posibilidad de no rechazar –a la primera– las solicitudes de regularización y de llegar a más personas. 

He recorrido varias veces el territorio nacional destrabando nudos y, en estas instancias, hay dos frases que recuerdo y que fueron dichas por personas que recibieron un título de dominio. La primera: “A mi hijo le podré heredar solo dos cosas, la educación y esta casa, donde nadie lo va a poder sacar”. Esta frase habla de la seguridad territorial que solo llega tras el título de dominio. La segunda: “Yo no tengo muchos bienes a que echarle mano, pero al menos tengo la casa donde caerme muerto y nadie me va a sacar de ahí”.

A modo de reflexión, puedo señalar que nuestro legado, en el ámbito de la tramitación de la regularización de la pequeña propiedad raíz, es que fuimos responsables en entregar una administración que –entre otras cosas– generó un cuerpo de modificaciones legales que permitirá que la próxima gestión entregará muchísimos más títulos de dominio que todos los anteriores, por cuanto tendrán un asiento jurídico que beneficia a más personas.

Por otro lado, disminuimos los tiempos de entrega, de dos años y medio a 8 meses, en el caso de que las personas hayan sufrido una catástrofe como, por ejemplo, un incendio o un tsunami. 

El poder disminuir los tiempos a este tipo de trámites y hacerlo gratuito para esas personas –sin la necesidad incluso de contratar un abogado– son parte de un legado en el ámbito de la regularización de la pequeña propiedad raíz. 

Estos cambios no son solo tecnicismos legales. Son evidencias de que, cuando las instituciones escuchan y trabajan juntas, es posible avanzar hacia lo que debe ser el verdadero fin de toda gestión pública: mejorar la vida y el bienestar de las personas, con soluciones concretas que generan un impacto real.