Un Estado eficiente y legítimo para servicios públicos universales y de calidad

Diversos proyectos políticos tienen como base fundamental la promoción de un Estado de Bienestar con la garantía de derechos sociales universales. Se han sostenido tanto razones de justicia social como de eficiencia económica para señalar lo deseable que sería un sistema de protección social de cobertura universal. Un amplio espectro ideológico comparte, al menos parcialmente, estas ideas, desde comunistas, socialistas, liberales-igualitarios e, incluso, en ciertos países europeos, hasta sectores ligados a la centroderecha.

En la dimensión referida a la justicia social, podemos situar a pensadores de la tradición liberal (igualitaria) como John Rawls, quien utilizando un experimento mental donde no conocemos nuestra posición original (género, clase social, etnia, entre otras pertenencias sociales) en la sociedad, muestra cuáles serían los principios de justicia que escogerían personas racionales en estas condiciones.

Uno de ellos es el principio de la diferencia, que sostiene que las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. De esta forma, Rawls justificaría una educación pública gratuita y de calidad, porque no sabrás si tienes los medios para pagar una educación privada. La promoción de un sistema de salud pública con cobertura universal, porque no sabes si serás una persona con enfermedades crónicas. Un sistema previsional que asegure pensiones dignas, considerando que no se sabe si vivirás lo suficiente o podrás contribuir durante toda tu vida laboral.

Más allá de la justificación normativa coherente y fundamentada, el diseño de seguros sociales tiene una serie de desafíos técnicos de alta complejidad que, si no se consideran correctamente, la idea de Estado de Bienestar se ve amenazada en su implementación y sostenibilidad de largo plazo.

El objetivo de esta columna es poder mencionar brevemente algunos elementos imprescindibles para una adecuada promoción de reformas económicas y sociales que permitan a nuestro país construir un Estado de Bienestar. Estos factores son cruciales si se busca proyectar en el largo plazo un Estado de esa naturaleza, procurando lograr una mayor prosperidad y bienestar para el conjunto de la población, cautelando tanto la legitimidad social como la eficiencia económica.

Legitimidad social

En primer lugar, un Estado de Bienestar requiere de una alta legitimidad social en la medida que la principal fuente de financiamiento son los impuestos pagados por la ciudadanía. En la medida que la población perciba que el pago de tributos se convierte de forma directa y concreta en servicios públicos de calidad, tendrá los incentivos para no evadir ni eludir y pagar los impuestos correspondientes. De lo contrario, habrá altos índices de evasión y elusión, imposibilitando incrementar la carga tributaria de forma sostenible, elemento necesario para el financiamiento de políticas socialdemócratas.

Así, la relación entre impuestos y beneficios debe ser clara para la ciudadanía, pues solo cuando todos cumplen, incluyendo el Estado, las personas están dispuestas a pagar más impuestos.

Eficiencia económica

En primer lugar, la universalidad de los servicios públicos es necesaria desde el punto de vista contributivo en la medida que, cuando los servicios públicos se restringen solo a los más pobres, quienes más los necesitan terminan recibiendo prestaciones de menor calidad, mientras que los sectores de mayores ingresos, que podrían contribuir decisivamente a su financiamiento, optan por soluciones privadas. Esta segmentación debilita la base contributiva y erosiona el compromiso colectivo.

En cambio, cuando todos participan del mismo sistema, se refuerzan los principios de solidaridad, se asegura una mayor inversión fiscal sostenida en el tiempo y se genera un interés transversal en mantener altos estándares de calidad. La universalidad, así, no es solo un ideal igualitario, sino una condición práctica y económica para que los servicios públicos funcionen bien y perduren.

En segundo lugar, un riesgo intrínseco a la idea de seguros sociales universales reside en la posibilidad de abuso de ciertos mecanismos solidarios de compensación. Por ejemplo, tanto en el sistema de salud como en el seguro de cesantía, hay un amplio espacio o posibilidades de defraudar al sistema, emitiendo licencias falsas (recuerde el emblemático caso de licencias falsas de funcionarios públicos) o abusando de la verdadera necesidad del uso del seguro.

En ese sentido, establecer con precisión las condiciones bajo las cuales se accede a los diferentes seguros, así como también castigar con dureza cuando hay un abuso de ellos, es crucial para evitar el despilfarro de recursos y la consecuente erosión del sentido originario de ellos. Los países europeos exitosos como los nórdicos combinan universalismo en la provisión de servicios públicos con una estricta fiscalización y monitoreo del acceso a los diferentes seguros.

En último término, resulta interesante mirar el caso chileno para ver qué tan bien lo está haciendo nuestro Estado en términos de reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades para toda la población. De acuerdo con datos de la OCDE (2024), Chile muestra una disminución del Gini de 0,04 puntos luego de impuestos, pasando de un 0.49 (de mercado) a un 0.45. Esto contrasta fuertemente con lo que ocurre en países desarrollados, donde los altos impuestos se convierten de forma más directa en servicios públicos de calidad para la población.

Por ello, si Chile quiere avanzar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, se debe resguardar con máxima prioridad la importancia y los beneficios asociados a tener un arreglo de esta naturaleza (legitimidad social), así como también diseñar los seguros de forma que su sostenibilidad técnica y económica no se vea amenazada. Solo así será posible construir y proyectar en el tiempo un Estado de Bienestar.