Paz social: último fetiche electoral

Inmediatamente después de Fiestas Patrias entramos en tierra derecha de la carrera presidencial. Serán ocho semanas intensas, con declaraciones cada vez más candentes, incluyendo descalificaciones cruzadas y promesas aguadas para conquistar los votos moderados que a todos los candidatos les están siendo esquivos.

Preparando esta recta final, la paz social surgió en estos días como el último fetiche electoral. Es que la seguridad y el crecimiento económico se vaciaron de contenido.

En seguridad, los candidatos plantearon más de 200 propuestas, en un juego infantil de la tuya y dos más. Difícil distinguir quién será más duro y eficiente. Lo que está claro es que para llegar a La Moneda habrá que ser drástico –o por lo menos declararse así– contra el narcotráfico y la delincuencia en cualquiera de sus formas y peligrosidad.

Frente a la promesa de progreso económico, tampoco es fácil descubrir las grandes diferencias entre los candidatos que llevan la delantera. Más allá de rebajar o subir impuestos –en plazos que superan el período presidencial y en modalidades más bien lábiles–, todos prometen combatir la evasión y la elusión y, sobre todo, agilizar las inversiones destrabando la famosa “permisología”. Para llegar a La Moneda habrá que defender el equilibrio fiscal y no involucrarse con las AFP, ni para borrarlas del mapa ni para reformar la reforma.

Resulta impresionante, por no decir patético, que las propuestas en seguridad y desarrollo económico –las principales demandas de la ciudadanía– se hayan ido licuando a medida que avanza la campaña. No hay abismos entre Jeannette Jara, la candidata comunista, y José Antonio Kast, el representante de la ultraderecha. Tampoco se distingue la derecha tradicional con Evelyn Matthei.

En este cuadro brumoso, la carrera cambió de apuesta para descubrir quién es capaz de asegurar la paz social. Es decir, quién hará un gobierno que calme la rabia que cunde en nuestra sociedad, lleve a los chilenos y chilenas a obedecer las leyes sin sublevarse (o hacerlo en la sobremesa pero jamás en la calle), impida huelgas masivas y protestas que afecten la cotidianeidad. En definitiva, quién puede prometer que no habrá un nuevo estallido social como el de 2019.

Que la paz social se convierta en un compromiso ineludible, frente al cual ningún candidato serio puede pronunciarse, refleja con crudeza y crueldad la sibilina realidad política en la que se desarrolla esta campaña presidencial. En los últimos días, los estrategas y analistas electorales instalaron la necesidad de un compromiso imposible, mucho más etéreo que cualquier demanda sectorial.

Amenazar con el caos o afirmar que no se permitirán acciones que promuevan el desorden, son absurdos fantasiosos, simplemente constituyen malas prácticas democráticas que solo conducen a enturbiar el proceso electoral tal como lo hacen las mentiras en redes sociales.

La paz social, ese deseo de convivencia pacífica, que se sustenta en la solución de los problemas más agobiantes de la vida humana, es un anhelo que se va construyendo a medida que la sociedad va destrabando sus conflictos para asegurar un bienestar básico, una hermandad entre sus integrantes y una libertad basada en el respeto al prójimo. Para llegar a La Moneda, todos se sumarán –sin mayores distinciones– a estos buenos propósitos. Lo que no significa que puedan cumplirlos.

En esta carrera, los candidatos se han ido disfrazando hasta volverse cada vez más parecidos a sus adversarios. Difícil saber quién está realmente bajo el disfraz y qué hará realmente cuando llegue al sillón presidencial.

Lo que está claro es que, en el actual contexto global, lo que se juega en esta elección no es menor. Más allá de las promesas de campaña, habrá que elegir entre un mandatario que se una a los vientos autoritarios, gobernando con decretos y usando resquicios para acumular la mayor cantidad de poder posible, o alguien que refuerce nuestra democracia, resistiéndose a los cantos de sirena que prometen orden para terminar en el silencio de los cementerios y el miedo pegado a la piel. Esta es la decisión que tendrán que asumir los ciudadanos, los que votarán voluntariamente y los que irán por obligación.