La deuda del Estado frente a los homicidios infantiles

El reciente Reporte Anual de Homicidios en Chile, elaborado por el Ministerio Público, entregó una radiografía preocupante: nunca habíamos registrado tantas muertes de niños, niñas y adolescentes (NNA) a causa de la violencia letal en nuestro país. Entre 2016 y 2024, las víctimas aumentaron de 45 a 76, lo que equivale a un alza del 69%. Ese incremento no solo refleja la magnitud de la crisis, sino que también revela el fracaso de las políticas actuales para resguardar a los más vulnerables.

No se trata de hechos aislados, esta es una tendencia que se ha instalado con fuerza en la última década. La tasa de homicidios infantiles se mantiene desde 2023 en 1,7 por cada 100.000 NNA. Y aunque la mayoría de las víctimas son adolescentes hombres de entre 14 y 17 años, también hay niñas y niños pequeños entre los casos. En 2024, seis víctimas tenían menos de un año, un dato estremecedor que evidencia cómo en Chile ningún grupo etario está a salvo.

El informe aporta además un elemento central: el contexto en el que se producen estos crímenes. Si bien la mitad de los casos se vinculan a dinámicas delictuales, uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes fue asesinado en el marco de la violencia intrafamiliar. Es decir, dentro del espacio que debiera ser el más seguro para ellos, su propio hogar. 

Ahora bien, el reporte también entrega luces sobre la labor investigativa. La proporción de imputados desconocidos disminuyó, pasando de 38% en 2023 a 21% en 2024, lo que significa que las policías y la Fiscalía están identificando más sospechosos. Este avance es relevante, pero insuficiente si no va acompañado de medidas preventivas y de protección temprana.

Frente a este escenario, surge una pregunta ineludible: ¿qué está haciendo el Estado para frenar esta tendencia? Desde 2024 existe el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, integrado por 11 instituciones públicas y convocado por Fundación Amparo y Justicia. Esta instancia culminó recientemente su fase de diagnóstico y trabaja en propuestas concretas. 

En sus sesiones se han identificado desafíos críticos: la ausencia de protocolos comunes para investigar, las dificultades de intercambio de información entre organismos, la falta de formación especializada y, sobre todo, una mirada adultocéntrica en las políticas públicas que le resta prioridad a la gravedad de los crímenes contra la niñez.

Abordar estas brechas es una urgencia vital. Hoy existe un compromiso interinstitucional para actuar de manera coordinada, y por ello, estamos frente a un avance histórico. Pero de poco servirá si no se transforma en políticas sostenidas, con recursos suficientes, metas claras y seguimiento. 

Mantener y fortalecer ese compromiso con la niñez debe convertirse en prioridad nacional, trascendiendo los ciclos gubernamentales y sin depender de los cambios de administración. Como sociedad tenemos la obligación de exigirlo, y el Estado, el deber de garantizarlo.