
La condena de Bolsonaro y la ruta de los aranceles en Brasil
En las redes sociales, un secretario de Trump publicó que las relaciones entre Brasil y EE.UU. alcanzaron su “punto más oscuro en dos siglos”. En paralelo, el titular del New York Times ha destacado: “Brasil fue exitoso donde Estados Unidos fracasó”.
El juicio de militares de alto rango en Brasil genera un precedente sobre cómo las democracias deben protegerse. Como señaló The Guardian, la condena envió un importante mensaje para el mundo: “La necesidad de responsabilizar a los líderes que minan las normas democráticas”. Pero el mayor mérito del juicio es que permite una corrección de ruta constitucional en el país.
La Constitución de 1988 –un marco de salida de la dictadura– estableció una vacuna contra golpes de Estado y exigió la penalización de los delitos contra el Estado de derecho. También es la Constitución la que confió al Supremo Tribunal Federal (STF) la misión de juzgar a esos delitos y que refuta la posibilidad de amnistía para un golpe de Estado.
Durante el juicio, un ministro del STF señaló: “Hay un país donde hubo amnistía, pero no hubo paz”, ya que, un día antes, un joven ligado al actual Gobierno estadounidense fue asesinado. Es un hecho un tanto curioso que quien nombró al ministro responsable de conducir el caso al STF fue Temer, tras articular un impeachment contra Dilma Rousseff.
Otra curiosidad es que la investigación contra Bolsonaro empezó porque el expresidente falsificó su tarjeta de vacunación contra el COVID. Su asistente de confianza confesó haber participado en ese delito, tras lo cual accedió a una delación compensada. La ministra Carmen Lucia del STF, al condenar a Bolsonaro, en su voto, resumió que esta acción significaba “un encuentro de Brasil con su pasado”.
Su importancia radica, por un lado, en el ejercicio de la independencia judicial, incluso frente a un intento de coacción contra la Corte por una potencia extranjera; por el otro, en la exposición pública de un intento de golpe de Estado cometido por las personas más poderosas del país.
La exposición de los hechos estuvo guiada por el debate técnico-jurídico, revelando emboscadas y atentados de asesinato de autoridades, con registro y confesión realizadas, en numerosas ocasiones, por los propios acusados. El juicio se saldó con 4 votos a 1 a favor de condenar al expresidente. El voto vencido servirá de combustible para los extremistas, pero no traerá consecuencias jurídicas.
Los hechos presentados por el fiscal nacional comprobaron la práctica de delitos tipificados en la Ley de Defensa del Estado Democrático de Derecho, que irónicamente fue promulgada por Bolsonaro, considerándolo culpable además de los delitos de organización criminal, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio protegido.
Entre las pruebas citadas en el juicio se destaca el cuestionamiento sistemático a las urnas, considerado parte de un plan golpista, que buscaba erosionar la confianza en las instituciones. El fallo fue paradigmático al señalar que una de las características de los nuevos autoritarismos consiste en sembrar desconfianza en los mecanismos electorales, atribuyéndoles fraudes inexistentes.
Además, fueron conocidos los planes de los “Kids Pretos” –nombre dado a los militares entrenados para actuar en misiones secretas– que incluían el asesinato del presidente, el vicepresidente y un ministro del STF, el borrador de un gabinete de crisis, el monitoreo de adversarios y la instrumentalización de la policía para impedir el voto de electores de Lula en 2022.
A su vez, Lula se enfoca en proteger al país de nuevos aranceles. Diplomáticos de Brasilia han fortalecido contactos con congresistas opuestos al Gobierno de Trump en EE.UU. La evaluación es que debe aprovecharse este momento para escapar del arancel estadounidense, contando con la intensificación de la polarización política en Washington, la tendencia de baja aprobación de Trump y un alza en la popularidad de Lula en Brasil.
A pesar del impacto de los aranceles, la exportación de carne de Brasil, por ejemplo, registró un aumento del 50%, alcanzando el segundo nivel más alto de su historia en agosto de 2025.
La oposición pide a Trump un fin a las sanciones económicas que “van en contra de los intereses de seguridad nacional de EE.UU. [que] han sufrido daños colaterales, ya que Brasil exporta cada vez más sus productos a China”. Piden a Trump que ponga fin de inmediato a “los aranceles ilegales” que, según ellos, golpearon a “las familias norteamericanas”.
Pero con la condena de Bolsonaro, la crisis se ha intensificado. En las redes sociales, un secretario de Trump publicó que las relaciones entre Brasil y EE.UU. alcanzaron su “punto más oscuro en dos siglos”. En paralelo, el titular del New York Times ha destacado: “Brasil fue exitoso donde Estados Unidos fracasó”. El clima es de esperanza, pero también cautela.
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