Ciencia y cáncer: el desafío invisible del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 anunciado por el Gobierno de Chile asigna un incremento del 5,6% al sector Salud, lo que permitirá financiar 115 mil nuevas cirugías, ampliar el acceso a prestaciones GES, fortalecer la salud mental y aumentar en un 14% la compra de vacunas. Sin dudas, estas son buenas noticias para el sistema asistencial y para miles de pacientes que esperan atención.

Sin embargo, esta expansión contrasta con una cifra que pasa casi inadvertida: el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) recibirá un aumento de apenas 0,01% en su presupuesto total. En términos reales, se trata de un estancamiento de la inversión nacional en ciencia (Diario Financiero, 2025).

Esta brecha refleja una paradoja estructural: se invierte cada vez más en curar, pero casi nada en comprender, prevenir e innovar. En un país donde el cáncer, desde 2019, es ya la primera causa de muerte (Minsal, 2022), esta decisión presupuestaria tiene consecuencias directas sobre la capacidad que tendrá Chile para implementar con efectividad su propio Plan Nacional de Cáncer 2022–2027.

El Plan Nacional de Cáncer depende de la evidencia científica local

El Plan Nacional de Cáncer (PNC), creado al amparo de la Ley 21.258, establece un marco integral para la prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos e investigación del cáncer en Chile.
Uno de sus ejes estratégicos es el fortalecimiento de la investigación, innovación y evaluación tecnológica, reconociendo que sin evidencia local no es posible diseñar políticas costo-efectivas ni adecuadas a las realidades regionales (Ministerio de Salud, Marco General del Plan Nacional de Cáncer 2022–2027, p. 14).

El documento subraya que la vigilancia epidemiológica, la formación de recurso humano avanzado y la investigación aplicada son “condiciones habilitantes” para cumplir las metas nacionales. Pero, para que esa condición se cumpla, el país debe dotar al sistema científico de recursos, infraestructura y continuidad.

Reducir o congelar el financiamiento a la ciencia, entonces, no es un hecho aislado: significa ralentizar el propio cumplimiento del PNC, afectando su capacidad de identificar factores de riesgo, evaluar tecnologías sanitarias y generar evidencia local para la toma de decisiones clínicas y de política pública.

Lo que dicen los datos: desigualdades e incertidumbres

La Fundación Arturo López Pérez (FALP), a través de su Centro de Investigación e Innovación en Cáncer (CIIC), ha desarrollado uno de los registros epidemiológicos más completos del país en el ámbito oncológico. El estudio Distribución geográfica de la incidencia de cáncer en beneficiarios del convenio oncológico FALP (Villalobos et al., 2024) muestra que la incidencia de cáncer de mama, pulmón, colon y tiroides en su población atendida supera significativamente las estimaciones internacionales de GLOBOCAN 2020. También indica que existen marcadas diferencias regionales asociadas a factores ambientales, socioeconómicos y de acceso a la salud.

Por ejemplo, la mayor incidencia de cáncer de pulmón en la Región de Antofagasta se relaciona con la exposición histórica al arsénico (Soza-Ried et al., Crit Rev Oncol Hematol, 2019), mientras que la alta incidencia de cáncer de colon y tiroides en Los Ríos y Coquimbo requiere nuevos estudios para identificar factores locales.

Estas evidencias confirman lo que el propio PNC había advertido: Chile no cuenta aún con un registro poblacional nacional completo, y su política de control del cáncer opera con estimaciones extrapoladas a partir de apenas el 2,2% de la población (Minsal, 2022).

La ciencia no es gasto: es inversión estratégica

La inversión en investigación oncológica tiene retornos tangibles. Diversos estudios internacionales han demostrado que cada dólar invertido en investigación biomédica genera entre 3 y 7 dólares de retorno económico indirecto en productividad, reducción de costos en tratamientos inefectivos y prolongación de vida saludable (WHO, Research for Health Strategy, 2021).

En Chile, sin embargo, la inversión pública en I+D se mantiene por debajo del 0,4% del PIB, muy lejos del promedio OCDE (2,7%). Esta brecha limita la capacidad de desarrollar soluciones locales en diagnóstico molecular, inteligencia artificial clínica, medicina personalizada y evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA), pilares centrales del futuro del control del cáncer.

El resultado es una dependencia estructural: se importan tecnologías y fármacos desarrollados en contextos distintos, a costos crecientes, sin una base nacional que permita evaluar su real impacto en los pacientes chilenos.

Invertir en ciencia no es financiar laboratorios: es generar una soberanía sanitaria, construyendo la capacidad de generar soluciones propias, más efectivas y más justas. En la FALP, y particularmente desde el Centro de Investigación e Innovación en Cáncer (CIIC FALP), trabajamos con una convicción que sintetiza este desafío: Sanar con Ciencia.

Sanar con Ciencia significa integrar la investigación traslacional, la evaluación económica, la innovación tecnológica y la colaboración interdisciplinaria al servicio del paciente. Significa que cada diagnóstico y tratamiento se sustentan en evidencia, y que cada decisión institucional contribuye al conocimiento colectivo.

Desde FALP hemos avanzado en la creación de un ecosistema de investigación oncológica que abarca biobancos, estudios clínicos, evaluación tecnológica, medicina traslacional y ciencia de datos. Pero su proyección depende de un entorno país que valore la ciencia como un componente esencial de la salud pública. Porque invertir en ciencia no es un gasto futuro, sino la única forma de garantizar salud presente y esperanza sostenible.