La lógica del financiamiento de la Defensa Nacional

Complementando una columna reciente sobre el presupuesto de Defensa Nacional, la idea de este artículo es entrar más en los aspectos conceptuales del financiamiento de la Defensa Nacional, y en particular de las capacidades estratégicas que Chile requiere para manejar las amenazas y riesgos que actualmente tiene, como también las que se visualizan en un horizonte de mediano plazo.

Antes de entrar en materia, el miércoles 9 de octubre se realizó una reunión de la segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, reunión en que se revisaron los presupuestos del Ejército y la Armada. Estaban presentes la ministra de Defensa Nacional y su equipo, como también los jefes del Ejército y la Armada. La reunión era para revisar los presupuestos de operación para el 2026.

En la reunión quedaron claros dos temas: el impacto operativo de los ajustes al Presupuesto del 2025 en enero de este año, y que el Presupuesto del 2026 vuelve a ser algo muy similar al del 2025 original, pero no resuelve los bajos niveles de entrenamiento, de navegación, de vuelo, y de mantenimiento y alistamiento que uno esperaría.

Usando palabras del almirante Cabrera: “Históricamente, diría yo, los últimos seis años, las Fuerzas Armadas, y en particular la Marina, han trabajado un presupuesto de continuidad”, señaló, describiéndolo como “el mínimo necesario para cumplir las tareas esenciales” (más detalles aquí).

Las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas vienen dadas principalmente por el material, el entrenamiento, el nivel de alistamiento y su capacidad de operación conjunta. Esas capacidades se vuelven una realidad si es que existe voluntad política de darles uso. Evidentemente, si las queremos metidas en múltiples cosas se pierde foco, y la capacidad de hacer frente a las principales amenazas y riesgos disminuye.

El presupuesto operacional incide principalmente en el entrenamiento y en la capacidad de operar. De este presupuesto salen los sueldos y el combustible, entre otros. El material, y buena parte del nivel de alistamiento y mantenimiento, dependen del presupuesto de inversiones, que en el caso de las Fuerzas Armadas está dado por la Ley de Financiamiento de Capacidades Estratégicas N° 21.174, la ley que reemplazó a la antigua Ley del Cobre, que destinaba parte de los ingresos de Codelco a financiar el material bélico que necesitábamos, y que dio certezas por muchos años, aunque su aporte era de menor cuantía.

La nueva ley, aprobada en el tercer trimestre de 2019, y que para efectos prácticos arrancó en enero de 2020, generó dos fondos: uno destinado a la compra de material, sistemas y mantenimiento de capacidades, y el otro, a atender contingencias.

Cuando arrancó el nuevo sistema de financiamiento no fue necesario abonar a ambas cuentas, porque quedaron financiadas con el saldo que había quedado de la Ley del Cobre. Con ese saldo se pagó todo lo pendiente y se financió el fondo plurianual de capacidades por lo menos cinco años, razón por la cual se estima que Hacienda recién tuvo que abonar el aporte basal de US$ 488 millones para el Presupuesto del año 2025, lo que confirmó que hará nuevamente para el 2026.

El plan original era que el primer aporte que no venía financiado por el saldo de la Ley del Cobre hubiera tenido lugar para el 2024, pero, como recién se indicó, no habría sido necesario. Conviene destacar que el saldo de la Ley del Cobre no solo aportó la caja inicial de la nueva ley, sino que también fue usado para financiar gasto social en un monto que largamente supera los US$ 1.500 millones.

Los problemas actuales con el uso del nuevo esquema de financiamiento más bien vienen dados por el hecho de que no se están firmando los decretos respectivos para activar los proyectos, o bien la caja no esta disponible. En ese sentido, conviene aclarar que los fondos para la Defensa no están manejados por el Ministerio de Defensa Nacional, sino por la Tesorería General de la República, dependiente de Hacienda. Lo que Defensa tiene es una cuenta por cobrar o un vale por, algo difícil de cobrar en épocas en que el país pasa por estrechez fiscal.

Cuando hablamos del segundo fondo, el fondo de contingencia estratégica, vemos que este no se ha suplementado en los dos últimos años y, si agregamos este año, serían tres. Al igual que el otro, inicialmente fue financiado por el saldo de la Ley del Cobre. La pregunta que corresponde hacer es si esto es importante o no, y la verdad es que no lo es tanto, si es que el fondo plurianual de capacidades estratégicas tiene un buen saldo que asegure poder cumplir con las obligaciones que se derivan de los planes de desarrollo de fuerza que tenemos, los que salen de la Política de Defensa y de la Política Militar.

De lo contrario sí lo es, porque uno de los propósitos del fondo de contingencia es suplementar al de capacidades estratégicas y no ser usado solo para contingencias, que en Chile son frecuentes.

El problema más bien es de señales políticas. Si no se indica por qué no se está suplementando en los montos que la ley establece, un aporte basal de US$ 488 millones para capacidades y de US$ 936 millones para contingencia, queda la sensación de que la Ley de Financiamiento de Capacidades Estratégicas es letra muerta y, peor aún, que el financiamiento de la Defensa retrocede en décadas, a la época en que las Fuerzas Armadas vivían en la pobreza más absoluta y sin las capacidades necesarias, dándoles la razón a quienes se oponían a la derogación de la Ley del Cobre y su reemplazo por el esquema que se aprobó en el segundo mandato de Piñera.

En ese sentido, es obligación de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados no solo preguntar por los saldos que tienen ambos fondos, sino también ver como se están usando y si es que los planes de desarrollo de fuerza tienen lógica y el financiamiento necesario, si es que se están desarrollando capacidades de operación conjunta y, por qué no, si estamos en condiciones de protegernos de las tecnologías que se observan en el Medio Oriente y en el campo de batalla ucraniano.

Chile necesita Fuerzas Armadas bien equipadas, entrenadas y en condiciones de proteger la soberanía y territorio, los mares de Chile, su espacio aéreo y espacial, y el interés nacional donde sea que esté ubicado. Proteger a Chile y sus intereses va más allá de una compra de drones y sistemas para monitoreo de las fronteras norte y noreste.

Nuevas áreas de misión o roles expandidos hacia el ámbito de la seguridad publica no se pueden hacer a costa de las capacidades estratégicas y la capacidad de las instituciones de poder asegurar que están en condiciones de cumplir con sus roles principales. Nadie dice que el Ejército no puede estar en la frontera, pero debe ser con los recursos que ello requiere. En defensa es peligroso actuar en forma voluntarista y pedir hacer más con menos sin saber de qué se está hablando. Es cosa de preguntarles a los argentinos, que sufrieron la pérdida del submarino ARA San Juan.

La paz y la tranquilidad que las Fuerzas Armadas de Chile han dado durante más de 140 años no es gratis. Puede que la Virgen del Carmen efectivamente nos proteja, pero ella también espera que sus hijos entiendan que principalmente depende de ellos, de entender la importancia de la Defensa Nacional, y la necesidad de financiamiento. Seguir las recomendaciones de expertos financieros de eliminar el aporte basal puede tener lógica financiera, pero es una pésima idea desde la perspectiva de la seguridad nacional.

La próxima vez que se nos ocurra hacer recortes en el Presupuesto, por favor recuerden, señores senadores y diputados, que la principal obligación del Estado es la seguridad de sus ciudadanos, seguridad externa que dan las Fuerzas Armadas e interna que dan sus policías, que –sumadas a otras capacidades del Estado en materias de inteligencia y ciberseguridad– producen lo que se conoce como seguridad nacional.