Presidenciables y deudas pendientes con la discapacidad intelectual

Las elecciones presidenciales son la oportunidad de preguntarnos qué país queremos construir. Entre los temas que hoy demandan la atención pública están la seguridad, el desarrollo económico y el costo de la vida, por citar algunos.

Hay uno que suele quedar en la sombra: la situación de las más de 300 mil personas que viven en Chile con discapacidad intelectual, de acuerdo con la Encuesta de Discapacidad y Dependencia de 2022. Se trata de niños, niñas, adolescentes y adultos que requieren distintos niveles de apoyo, pero que siguen encontrando barreras que frenan su plena inclusión.

El Estado ha suscrito la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, comprometiéndose a promover, proteger y garantizar el respeto de su dignidad y el goce pleno de sus derechos. Sin embargo, lo cierto es que aún estamos lejos de cumplir con esos compromisos.

Conscientes de ello, en Fundación Coanil hemos elaborado un conjunto de 12 propuestas que consideramos urgentes en cuatro áreas clave: atención temprana, educación, empleo y vida independiente.

No se trata de reformas imposibles, sino de medidas concretas que pueden implementarse en el corto plazo, siempre que exista voluntad política y social para hacerlo.

Por ejemplo, un sistema de atención temprana permitiría acompañar a las familias desde los primeros días, evitando que condiciones de base se transformen en barreras insuperables.

En educación, es fundamental terminar con las injusticias que hoy afectan a las escuelas especiales: no se les debería castigar con la pérdida de subvención por ausentismo –un problema que exige más y no menos apoyo–; tampoco es aceptable que la Ley SEP las excluya, dejando fuera a estudiantes que son justamente los más vulnerables del sistema; ni que la formación laboral en la educación especial permanezca anclada a un currículo desactualizado, sin certificación que abra puertas a estudios posteriores o empleos.

El empleo es otro espejo de la deuda. Ocho de cada diez adultos con discapacidad intelectual no trabajan, lo que desnuda la falta de oportunidades y apoyos. Se requieren programas de inclusión laboral más flexibles, incentivos a las empresas que contraten personas con discapacidad intelectual y la creación de un modelo de empresa con empleo protegido, tal como ocurre en otros países con subsidios específicos para remuneraciones.

Finalmente, avanzar hacia la vida independiente exige desarrollar programas de viviendas tuteladas que combinen acceso a vivienda con servicios de asistentes personales, para que las personas adultas con discapacidad intelectual puedan fortalecer sus capacidades y vivir con mayor autonomía, en línea con sus propias preferencias.

Estas propuestas no son una quimera: están al alcance si asumimos la responsabilidad que como sociedad nos corresponde. Por eso creemos que es momento de que la ciudadanía, y en especial quienes aspiran a llegar a La Moneda, las pongan en el centro del debate. No podemos seguir aplazando una deuda histórica con las personas con discapacidad intelectual.

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