¿El fin del Injuv? La lucha por las políticas públicas para la juventud en Chile

Desde los tiempos de recuperación de la democracia el año 1988 y en el transcurso de la Presidencia de don Patricio Aylwin, se desarrollaron e implementaron políticas que permitiesen la revalorización de grupos etarios y de la sociedad de nuestro país, buscando la construcción de políticas sociales que fueran cimientos de reparación y reconexión del Estado con diversos grupos de la sociedad.

Así nacieron las políticas asociadas a la mujer, al adulto mayor, a los niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes y a las personas discapacitadas o con diversidad funcional, entre otros, fortaleciendo la institucionalidad existente o creando aquella necesaria para la implementación de políticas públicas que en definitiva fortaleciesen la democracia.

Luego de transcurrido un poco más de 50 años desde ese gran paso, hemos visto que dicha institucionalidad ha tenido consolidaciones diferenciadas. En el caso de la institucionalidad de la mujer, la creación del Ministerio de la Mujer y un Servicio que lo potencia, ha permitido instalar programas sociales, políticas públicas e, incluso, el desarrollo de estudios, que han consolidado un desarrollo de la musculatura institucional asociada a sus necesidades.

Distinto resultado ha existido con otras instituciones, pero la que ha tenido el menor desarrollo es la institucionalidad asociada a las políticas de juventud, las que a pesar de tener un crecimiento relevante hasta el año 1997, pese a los esfuerzos de focalización, cada año ha sufrido disminuciones presupuestarias, argumentándose temas de gestión, pero al final sus marcos presupuestarios fueron jibarizando los programas, estudios y desarrollo de políticas públicas destinadas a las nuevas necesidades de la población juvenil.

Toda acción institucional depende mucho del presupuesto inicial que le fija la Ley de Presupuestos del Estado; es el énfasis que un Gobierno le da a la institucionalidad y a las necesidades sociales en base dicho a Presupuesto lo que se focaliza.

El caso del Instituto Nacional de la Juventud (INJ o Injuv) es uno clarísimo de lo que no hay que hacer en políticas públicas que tienen por objeto satisfacer o dar respuesta a demandas sociales. La disminución constante de su presupuesto institucional cada vez lo encajona en un accionar de administración y no de gestión.

Si bien un rol relevante es la capacidad de sus directivos de crear políticas y programas, además de adaptarse a las necesidades y demandas sociales, por sus marcos presupuestarios el Injuv ha estado impedido de crear programas o desarrollar políticas públicas, siendo destinada su acción a estudios en materia de juventud que finalmente tienen poco impacto o los impactos sociales que genera al final deben ser aplicados y desarrollados por otros servicios.

No se trata tampoco de mantener una institucionalidad que desarrolle funciones que puedan desarrollar otros servicios, porque en varias instituciones del Ministerio de Desarrollo Social podría aplicarse la misma tesis y buscar su cierre definitivo traspasando sus acciones a otros ministerios. Al contrario, el ethos en la creación de cada uno de ellos implica justamente la valorización de grupos etarios de nuestra sociedad, con necesidades específicas, la respuestas a las cuales no solo acerca al Estado a la sociedad, sino que además fortalece la democracia.

Por eso, siempre es importante recordar el ethos institucional que motivó su creación. El mensaje del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud destaca la importancia de fomentar el desarrollo integral de los jóvenes y entregarles herramientas para su participación activa en la sociedad. La existencia de un servicio especializado se funda en la necesidad de crear y ejecutar políticas públicas enfocadas en la juventud, abordar problemáticas como la discriminación y promover áreas como el emprendimiento, la educación, la salud y la cultura.

Sin perjuicio de lo señalado, es una sorpresa que justamente en el Gobierno del Presidente Boric (que valoriza la creación de nuevos liderazgos y resalta la importancia de los jóvenes en el futuro de Chile) se reduzca drásticamente el Presupuesto Institucional del Injuv, despojándolo de una de las herramientas de conexión social, sumado esto al despido de un importante número de trabajadores en comparación con la planta institucional (plantas y contratas) y la reducción del presupuesto especialmente en el subtítulo 24.

Esta institución no puede transformarse en una de aquellas que sirven de caja para los ajustes del Gobierno. Sufrió los fuertes ajustes presupuestarios del año 2024 y 2025 y hoy se pretende convertirlo en un servicio fantasma, entregándolo al verdugo del Gobierno que asuma el próximo año, para finalmente cerrar sus puertas de manera definitiva.

Confiamos, quienes creemos en el desarrollo de este tipo de políticas públicas, en que la discusión presupuestaria podrá corregir este error, ya que no puede transformarse el destino de las políticas públicas y sus instituciones en los eslóganes de la derecha y la ultraderecha.

Si queremos realmente el desarrollo de políticas de impacto hacia la juventud, que apunten a importantes problemas a los cuales enfrentar, sea de salud mental, de cuidados, de desarrollo integral, de emprendimiento, de carácter educativo, de empleo juvenil, y seamos ejemplo en el fortalecimiento de nuestra democracia con este tipo de políticas públicas, entonces recordemos los motivos y fundamentos que llevaron a crear el Instituto Nacional de la Juventud y revaloricemos el desarrollo de su gestión, porque permitirá no solo darles una respuesta a nuestros jóvenes, sino que será la puerta de entrada para el desarrollo de un Estado empático, abierto y cercano con uno de los grupos etarios más importantes de nuestra sociedad.