Que nuestras instituciones cuiden a nuestras instituciones

La supuesta contratación de 100.000 funcionarios “políticos” por parte del actual gobierno ha estado en el centro del debate en las últimas semanas. En un contexto de campaña presidencial, en el que irresponsablemente José Antonio Kast ha propuesto recortar 6.000 millones de dólares en menos de 18 meses, el presidente de Republicanos, la tienda del candidato, ha puntualizado que la mitad de la cifra se lograría con tan solo despedir a los miles de operadores contratados por esta administración. Sin evidencia que los respalde, medios de comunicación como El Mercurio[1] han replicado este mensaje.

El Gobierno ha salido a desmentir con datos estas afirmaciones, lo mismo han hecho centros de estudio y políticos que no están ligados al Ejecutivo. Así lo afirmó el ex Director de Presupuesto de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, en su cuenta de X, al sostener que “Decir que el gobierno ha contratado 100.000 personas adicionales es fake news. Estas cifras son del Estado que incluyen municipios y otras instituciones que son independientes del gobierno de turno”[2]. A una conclusión similar llegó el Centro de Estudios Horizontal, ligado a la derecha liberal, que tras emitir un informe, dijo a Ex Ante que “En el marco temporal abordado en el documento, el resto del Gobierno Central sólo explicaba el 6% del aumento de funcionarios (6,6 mil aprox). En total, un 36% del aumento, muy lejos de los 100 mil que de manera oportunista se le suelen imputar en el debate público.” [3]

Sin embargo, lejos de desactivarse el debate, este se ha agudizado. José Antonio Kast afirmó en T13 Radio que “la verdad es que ni ellos (Hacienda y DIPRES) saben cuántos son. Y recién cuando nosotros lleguemos y hagamos una auditoría total vamos a poder determinar cuántos funcionarios tienen”[4].

En este contexto, que el Consejo para la Transparencia (CPLT) publique en su sitio web el Informe de Fiscalización Personal Administración del Estado 2025 con el titular “CPLT revela que funcionarios de la Administración del Estado superaron los 841 mil con un alza de más de 9 mil en un año y detecta incumplimientos en la correcta publicación del personal”[5], titular replicado por diversos medios[6], es del todo problemático.

El informe identifica brechas relevantes en el acceso a la información pública en algunos servicios, detectando infracciones a la normativa sobre transparencia (4% de la administración central y 8% de las municipalidades) que deben ser fiscalizadas. Pero muy lejos de lo que insinúa el titular, no revela un aumento de 9.000 empleados públicos en un año – que valga decir, de todas formas, es menos que los 12.569 funcionarios que aumentaron entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 durante el gobierno de Piñera[7], periodo pre pandemia y pre estallido social.

Como se indica en la metodología del propio informe del CPLT, el estudio se concentró en el análisis descriptivo de dos mensualidades, septiembre de 2023 y septiembre de 2024, considerando, para 2023, 738 sujetos obligados de la Ley de Transparencia y, para 2024, un total de 752 organismos. Es decir, en 2024 se contemplaron 14 nuevos servicios en el análisis respecto del año anterior, de los cuales el 100% corresponde a la administración central[8]. Este aumento en el universo de los órganos fiscalizados explica el aumento del personal detectado por el organismo autónomo, lo que es refrendado por la Tabla 6 del mismo informe, que indica que el promedio de funcionarios por institución fiscalizada pasó de 1.151 en 2023 a 1.147 en 2024, es decir, una disminución del 0,34%.

Lejos de querer censurar a un organismo como el CPLT, esto es un llamado a resguardar la credibilidad en nuestras instituciones. Diversos organismos públicos, entre ellos la DIPRES y el INE, producen regularmente datos sobre nuestra realidad social. Datos que, si bien siempre se quedarán cortos para explicar toda la complejidad del mundo en que vivimos, son confiables, serios, y fidedignos. Como el ex Director de Presupuesto de Piñera señaló en su cuenta de X: “Chile es un país serio, sus cifras no son “mentirosas”. Cuidemos nuestras instituciones” [9].

Que el Consejo para la Transparencia, organismo autónomo que ha sido encomendado con la esencial tarea de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública de confianza, decida entrar oficialmente a un debate político empantanado por la mentira y la tergiversación de ciertos sectores y medios de comunicación, ya es de por sí problemático. Pero que lo haga con un titular diseñado por ellos mismos, mañoso, que insinúa cuestiones que no son ciertas, embarrando más el debate democrático de cara a las elecciones presidenciales, es un problema aún mayor.

No le hace bien a este la discusión sobre el empleo público en particular, pero más grave aún, no le hace bien a nuestras instituciones. Politiza de forma partisana su propia función, desacredita instituciones que han venido tratando de aterrizar el debate con datos, y contribuye a un clima generalizado de desconfianza hacia nuestra institucionalidad. Si uno lee el informe, podría ser un aporte para la transparencia en el acceso a la información sobre el empleo público, y por consiguiente, en el buen uso de los recursos públicos, pero su utilización mañosa para instalar una post verdad solo desvirtúa su valor.

No es inocente cuándo ni cómo se publica la información. Esperemos que el CPLT recoja la crítica, y para futuras publicaciones cuide la forma y el mensaje con el cual comparte su trabajo, por el bien de nuestras instituciones.