Una ley para los tiempos actuales: violencia política digital

Un reciente estudio de la Fundación Friedrich Ebert demuestra que la política ya no se limita al Congreso ni a los partidos, sino que también se construye en el espacio digital, donde influencers, líderes de opinión y ciudadanía articulan discursos, valores y decisiones colectivas. En este nuevo escenario, las redes sociales se transforman en una extensión del espacio público, convirtiéndose en un territorio donde también deben resguardarse los derechos y la participación política libre de violencia.

Lo anterior demuestra que en los últimos años, el espacio público se ha desplazado con fuerza hacia lo digital. Las redes sociales, foros y plataformas tecnológicas son las nuevas arenas del debate democrático, pero también se trata de escenarios donde se reproducen y amplifican violencias que antes se encontrabas acotadas a espacios físicos o medios escritos con editores responsables. La política se ha transformado y de esta transformación surgió un nuevo desafío: la violencia política digital.

La Comisión de Mujer y EG del Senado está trabajado un proyecto pionero, que tipifica por primera vez en Chile la violencia política digital como un delito autónomo, reconociendo su especificidad y gravedad. En el derecho comparado, la violencia digital se ha abordado de forma amplia. Sin embargo, esta propuesta la particulariza dentro del ámbito político, donde las consecuencias no solo afectan a la víctima, sino también a la democracia y representatividad.

El nuevo tipo penal sancionará a quien, sin autorización de la persona afectada, exhiba o difunda imágenes, sonidos o contenidos digitales verosímiles pero falsos, manipulados o creados mediante inteligencia artificial u otra tecnología, con el fin de obstaculizar, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y de participación de la persona afectada.

Esta norma es una forma de proteger a quienes ejercen representación, liderazgo o activismo y especialmente a las mujeres, para que no vuelvan a repetirse hechos como los sufridos por Evelyn Matthei, víctima de manipulación digital y difusión de contenido falso.

En definitiva, el proyecto de ley moderniza nuestra legislación con el único fin de proteger nuestra democracia allí donde hoy también se ejerce, en el mundo digital.