El desprecio a los árboles alcanza los campus universitarios

En el año 2018 el entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker, había anunciado el ingreso, a más tardar en los siguientes seis meses desde hecho el anuncio, de un proyecto de ley para proteger y regular las intervenciones sobre el arbolado urbano, acuñando la iniciativa como “Ley arbolito”. Ese plazo se cumplió y la iniciativa no ingresó. En el mes de abril de 2021 se presentó, vía moción parlamentaria, un proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura verde, el que hace unos meses fue reemplazado por un nuevo proyecto del Ejecutivo, el que actualmente es discutido en primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Los fundamentos para promover iniciativas legales de protección y promoción del arbolado urbano son bastante obvios. Especialmente en un escenario en que el incremento de las temperaturas hace de los entornos urbanos espacios cada vez más inhóspitos para sus habitantes o para la biodiversidad de flora y fauna que las urbes albergan.

Promover ciudades más verdes, más sustentables, generando políticas que maximicen las externalidades positivas del arbolado y, al mismo tiempo, minimicen sus externalidades negativas, que también las hay, es un imperativo urgente, pero no por ello carente de complejidad y de incierto éxito.

Aunque parezca contraintuitivo, la población en general no cuida los árboles, los arrincona, maltrata y hostiliza, especialmente en invierno. La llegada del verano produce una tregua, pero solo pasajera. En no pocas situaciones los árboles son vistos como una amenaza, y son la última prioridad en un listado creciente de demandas de uso del espacio público, donde el aseguramiento de la provisión eléctrica, estacionamientos, ciclovías o edificios están muy por encima en términos de urgencias.

En el tratamiento de los árboles, ya sea que se encuentren en espacios públicos o en terrenos privados, se produce una mezcla lamentable de desprecio e ignorancia, matizada apenas por un discurso de admiración más bien retórico. En la práctica, vemos cómo los cortes de luz debido a temporales movilizan podas masivas que, sin consideraciones técnicas, terminan debilitando a los ejemplares, haciéndolos más vulnerables a pudriciones, desenganches de ramas y caídas, acrecentando el prejuicio de su alta peligrosidad, que retroalimenta a su vez más programas de podas masivas. El círculo se repite indefinidamente.

El desprecio y la ignorancia, sin embargo, en algunas situaciones no es aceptable. Es el caso de un reciente episodio ocurrido en el Campus Antumapu de la Universidad de Chile, ubicado en la comuna de La Pintana, administrado por la Facultad de Ciencias Agronómicas, y que también alberga a la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. En el campus se forman ingenieros agrónomos, ingenieros en recursos naturales, ingenieros en recursos hídricos e ingenieros forestales. Si se desea buscar no solo especialistas en árboles, sino también personas que los valoren, ese debiera ser un buen lugar para encontrarlos.

Probablemente nadie pensaría lo anterior si observara el maltrato grosero del patrimonio arbóreo del campus que ocurrió hace solo algunas semanas, carente de cualquier justificación y que permanece como grotesco testimonio de la brecha entre el discurso y la realidad; la brecha entre la formación teórica en las aulas y la realidad que siempre es miope, la hegemonía de la ignorancia, de la indolencia o del desprecio, o simplemente la hegemonía de la estupidez por sobre la ciencia.

Decenas de árboles que han adornado el campus por décadas, mutilados sin ninguna consideración técnica, estética o incluso en un abandono absoluto de la ética profesional que se debe impartir en las aulas a las que acuden diariamente estudiantes que buscan adquirir el saber técnico y que son testigos de una aberración que repele a la técnica. Probablemente no habrá protestas de estos estudiantes, tal vez una queja o un comentario a sus profesores al terminar una clase. ¿Cómo fue posible? ¿En qué estaban pensando?

Probablemente los profesores empatizarán con el reclamo y responderán que es una acción ajena al cuerpo académico y que es exclusiva responsabilidad de encargados administrativos, lo que podría ser cierto, aunque la autoridad principal en una unidad de educación superior siempre es la académica. Quien ostenta la autoridad en el campus no puede eximirse de responsabilidad, no es aceptable. 

La formación profesional y el trabajo de las unidades académicas no consiste solo en una transmisión neutra o ensimismada del conocimiento, sino también en aplicar ese conocimiento en entornos adversos. La adversidad puede ser financiera, cultural, técnica o política, pero no es una excusa, sino una condición inherente al futuro desempeño profesional de quienes se forman en estas unidades académicas.

Si la política pública debe estar basada en evidencia surgida de la ciencia, como es el llamado que repetidamente hacen los cuerpos académicos y de investigadores al mundo político, la evidencia indicaría que quienes toman decisiones políticas no deberían escuchar a la ciencia que se desarrolla en el Campus Antumapu de la Universidad de Chile, al menos en lo concerniente a la protección, cuidado y promoción del arbolado urbano. 

Imagen facilitada por el autor de la columna de opinión.