Invertir en naturaleza: la rentabilidad de conservar la biodiversidad

Chile enfrenta una paradoja urgente: posee una biodiversidad única —con cerca del 25% de sus especies endémicas—, pero sus ecosistemas sufren amenazas crecientes debido al cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de recursos y la degradación ambiental. Las acciones implementadas han sido insuficientes para frenar esta pérdida, lo que pone en riesgo no solo el patrimonio natural, como el agua, los alimentos y el clima que sostienen nuestra vida cotidiana, sino también genera riesgos económicos y financieros relacionados a la competitividad y resiliencia de las inversiones

Este desafío no es exclusivo de nuestro país. La Comisión Europea estima que más de la mitad del PIB mundial y dos tercios del valor económico añadido de la Unión Europea depende directamente de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Sin embargo, la inversión global en biodiversidad sigue siendo muy baja y existe una brecha de financiamiento estimada en USD 700 mil millones anuales para su protección y restauración.

En Chile, con un gasto público en biodiversidad equivalente al 0,36 % del presupuesto nacional y por debajo de países de la región como Costa Rica o Colombia, es urgente combinar fuentes de financiamiento público y privado. Por eso, desde el Ministerio del Medio Ambiente, y con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), impulsamos la creación de Instrumentos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad: herramientas innovadoras que, además de reconocer el rol de quienes cuidan la naturaleza, buscan canalizar recursos para su protección. Entre ellos destacan las retribuciones por servicios ecosistémicos y las certificaciones de sitios o actividades que aportan a la conservación de la naturaleza, integrando la dimensión ambiental en el centro del desarrollo económico y territorial.

Un ejemplo clave son los Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE), creados por la Ley N° 21.600 que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta figura jurídica permitirá que personas y entidades de los sectores público y privado retribuyan directamente a quienes conservan fuentes de agua, restauran ecosistemas o protegen especies en peligro, transformando la conservación en una inversión social, ambiental y económica de alto retorno.

Adicionalmente, y en el marco de esta misma colaboración entre el Ministerio del Medio Ambiente, el PNUD y el GEF, estamos implementando seis experiencias demostrativas que prueban y adaptan estos mecanismos a distintas realidades territoriales. En Mashue, parte de la tarifa del agua potable se destina, por acuerdo de la comunidad, a restaurar bosques y suelos; en Liquiñe, se protegen fuentes de agua con un modelo de retribución vinculado al turismo de naturaleza; en Maitencillo, Ventanas y Chepu, se crean refugios de biodiversidad en áreas de manejo pesquero; y en Caleta Huellelhue, se busca proteger un banco natural de choro zapato mediante certificaciones y esquemas de uso sostenible que restauren su hábitat.

La naturaleza es un activo estratégico. Hoy tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de transformar la manera en que financiamos y valoramos la naturaleza. Escalar los incentivos económicos para la conservación no es solo una aspiración técnica o política: requiere compromisos decidido de empresas, instituciones financieras, autoridades y la ciudadanía. Invertir en biodiversidad es invertir en agua, en alimentos, en resiliencia climática y en la estabilidad económica del país. La inacción implica hipotecar nuestro futuro; actuar, en cambio, nos permitirá construir un Chile que crece protegiendo y promoviendo relaciones virtuosas entre sus dos mayores fuentes de capital: las personas y la naturaleza.