En un Chile que arde, urge una Ley de Incendios que escuche a los territorios

Mientras el Congreso tramita una nueva Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, las comunidades que viven en la primera línea del fuego vuelven a quedar fuera del debate. Bosquentrama –una red de organizaciones territoriales– exige que la ley reconozca su rol y les otorgue poder real en la prevención.

Cada verano, Chile arde. Los incendios forestales ya no son una excepción, sino parte de una crisis estructural. Los territorios rurales, golpeados por la sequía y la expansión de monocultivos forestales, se han convertido en escenarios de desastres previsibles. No hay sorpresa cuando el fuego vuelve; hay un Estado que llega siempre tarde.

El proyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales (Boletín N° 16.335-14), actualmente en discusión, busca fortalecer los instrumentos de gestión y reducir el riesgo. Sin embargo, en la discusión se han extrañado espacios para que quienes habitan los territorios afectados puedan exponer sus preocupaciones y necesidades. Un problema frecuente cuando se discute la política forestal.

Desde el Observatorio Bosquentrama, red de organizaciones comunitarias de la Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, se ha hecho un llamado urgente al Parlamento: la ley debe construirse desde los territorios, no sobre ellos. Las comunidades rurales, indígenas y urbanas-forestales llevan años organizándose, capacitando a sus vecinos y previniendo incendios con escasos recursos. Su conocimiento, nacido de la experiencia y la solidaridad, es un activo que el Estado no puede seguir ignorando, sino fortalecerlo.

Bosquentrama plantea propuestas concretas: que los instrumentos de planificación territorial sean vinculantes, para evitar la expansión irresponsable de proyectos en zonas de riesgo; que se aseguren recursos regionales permanentes para fortalecer a las organizaciones locales; que se limiten los monocultivos de pino y eucalipto, reconocidos factores de propagación del fuego; que se recuperen ecosistemas forestales nativos afectados por incendios; y que se apliquen sanciones proporcionales y un royalty ambiental a las grandes industrias forestales, cuyos aportes financien restauración y prevención.

La red también propone incluir la educación ambiental en todos los niveles, campañas permanentes de comunicación y mecanismos de transparencia sobre las causas de los incendios, integrando a la academia y a los municipios en la investigación y monitoreo.

Hablar de incendios forestales no es solo hablar de árboles: es hablar de desigualdad territorial, de la falta de ordenamiento territorial, de un modelo productivo que ha puesto el lucro por sobre la vida. Es reconocer que el fuego es el síntoma de un país que no ha sabido cuidar su territorio ni escuchar a quienes lo habitan.

Chile necesita una ley que no solo sancione, sino que prevenga y repare, que empodere a las comunidades y no las margine, que apueste por un nuevo pacto entre Estado, naturaleza y ciudadanía. Porque cada hectárea que arde es también una oportunidad que perdemos para hacer las cosas de otra manera.

El país no puede seguir legislando entre cenizas. La prevención no puede seguir siendo un voluntariado. El fuego no puede seguir siendo una política pública de verano.