Opinión
Gobierno joven, tijeras viejas: INJUV, la voz que la juventud de región no puede perder
En un acto de profundo centralismo, una comisión asesora propone disolver el INJUV, ignorando el mandato de diálogo ciudadano y el trabajo que realizan las organizaciones juveniles en los territorios. Como sociedad civil, ejercemos nuestro derecho a fiscalizar esta decisión.
La vitalidad de una democracia no se mide en la eficiencia de sus hojas de cálculo, sino en su capacidad de promover el diálogo ciudadano y fiscalizar los poderes establecidos. Cuando una comisión técnica, actuando desde la opacidad de Santiago, propone desmantelar el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en nombre de la “optimización fiscal”, no está modernizando el Estado, está vulnerando esos principios.
La propuesta de disolver el INJUV no es un ahorro, es un acto político de silenciamiento. Es una decisión vertical que ignora el derecho civil a la participación y desprecia el valor de la sociedad civil organizada.
Quienes firman este plan ven al INJUV como un costo, porque su métrica es financiera. Nosotros lo vemos como un valor, porque nuestra métrica es la democracia. La comisión falla en su diagnóstico porque ignora que el INJUV contemporáneo no es un ente asistencialista, sino la principal plataforma del Estado para construir políticas con las juventudes, y no para ellas.
Nuestra crítica no nace desde la teoría, sino desde la práctica democrática. Como presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del INJUV, represento a un órgano pluralista y diverso. Está compuesto por representantes de agrupaciones estudiantiles, feministas, ambientales, deportivas, de disidencias sexuales, juntas de vecinos y de salud reproductiva. Somos la encarnación del “diálogo ciudadano”. Somos la sociedad civil organizada que ejerce su rol de contraparte del Estado.
Lo que la comisión propone es borrar de un plumazo este ecosistema participativo.
El valor del INJUV no está en su burocracia, sino en su capacidad de escuchar y visibilizar a quienes el poder central ignora. Su estudio sobre “Juventudes Cuidadoras” fue el primero en identificar a miles de jóvenes que sacrifican sus trayectorias por cuidar a sus familias. Su sondeo sobre “Juventudes y Seguridad” demostró que, contrario al prejuicio, un 83% de los jóvenes está interesado en el debate, probando que sí les importa el país.
El INJUV es la agencia que valora positivamente la diversidad que los tecnócratas no ven. Programas como “Hablemos de Todo” son la respuesta del Estado a la crisis de salud mental de miles de adolescentes. El Cuerpo de Voluntariado es la respuesta organizada –no solo la caridad– frente a los incendios y desastres. Desmantelarlos es un acto de negligencia estratégica que golpea directamente el bienestar general.
La paradoja que nos golpea es que esta medida proviene de una “Generación Dorada” que llegó al poder portando la bandera de la participación juvenil. Líderes que fueron dirigentes estudiantiles hoy aplican una lógica tecnocrática que antes combatían. No es oposición; es constatar, con profunda decepción, la facilidad con que el discurso de la asamblea se doblega ante la planilla Excel. Esta amnesia selectiva envía un mensaje letal: solo importamos si nos miran desde Santiago.
Esta decisión es, además, un acto de profundo centralismo. El verdadero trabajo del INJUV se hace en sus direcciones regionales, que con recursos mínimos llegan a comunas rurales y territorios donde el Estado no existe. Soy de Paillaco, en Los Ríos. Fui electo primero a nivel regional y luego por mis pares de todo el país. Defiendo este modelo porque sé que las juventudes de regiones no tienen otra puerta que golpear.
La propuesta de trocear el INJUV y repartirlo en ministerios (Salud, Economía) es una trampa burocrática para asegurar su irrelevancia. Un programa juvenil en un ministerio de adultos será siempre la última prioridad.
El problema de la política juvenil nunca fue la existencia del INJUV; fue su debilidad histórica. Si el objetivo es fortalecer la democracia, la solución es la opuesta: el INJUV debe ser fortalecido como una agencia coordinadora que obligue a todos los ministerios a dialogar con la sociedad civil y aplicar pertinencia juvenil.
Como sociedad civil, ejercemos nuestro derecho a fiscalizar esta decisión del poder. La eficiencia que se logra volviendo ciego y sordo al Estado frente a sus ciudadanos no es ahorro; es un retroceso autoritario.
La clase política debe entender que las juventudes no somos el futuro; somos el presente. Somos nosotros quienes heredaremos las consecuencias directas de las decisiones que hoy se toman, y seremos nosotros quienes estaremos aquí para gestionar la sociedad cuando, en 20 años más, quienes hoy legislan no estén para rendir cuentas por estos recortes. Silenciarnos hoy es garantizar la crisis del mañana.
Un Estado que renuncia a escuchar a sus juventudes es un Estado que ha renunciado a la democracia.
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