La Contraloría y el FES: un pronunciamiento fuera de lugar

La reciente intervención de la Contraloría General de la República en torno al proyecto de ley que crea el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), destinado a reemplazar el cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE), ha abierto un debate necesario sobre los límites constitucionales del órgano contralor. Lo que a primera vista podría parecer un ejercicio de transparencia o prudencia fiscal, en realidad tensiona la arquitectura institucional de nuestro sistema republicano.

Según se ha conocido, la Contraloría emitió un informe –no firmado por la propia contralora– que cuestiona el gasto público que implicaría la iniciativa, la cual aún se encuentra en fase de discusión parlamentaria.

El problema no está en el contenido del informe, sino en el hecho mismo de su existencia. La Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría son explícitas: su función consiste en ejercer control de legalidad sobre actos administrativos vigentes, no sobre proyectos de ley en trámite. Su tarea es revisar lo que ya es derecho positivo, no lo que podría serlo.

El artículo 98 de la Carta Fundamental establece que la Contraloría “ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración”. De modo complementario, el artículo 9 de su Ley Orgánica (N.º 10.336) precisa que puede fijar el sentido y alcance de las leyes y reglamentos “en las materias de su competencia”, es decir, sobre normas existentes.

No hay margen alguno para interpretar que se le faculta a intervenir en el proceso de formación de la ley. Al hacerlo, se cruza la línea divisoria entre el control administrativo y la deliberación política, vulnerando el principio de separación de poderes que los artículos 6 y 7 de la Constitución consagran con claridad.

En los hechos, un informe de este tipo proyecta una sombra de duda sobre la legitimidad de la iniciativa y puede influir en el debate parlamentario, sin que haya mediado ni control de legalidad ni acto administrativo que revisar. Es, en estricto rigor, un pronunciamiento de mérito y oportunidad, no de legalidad. Y por eso mismo, constitucionalmente impropio.

Más aún, el que el documento no haya sido firmado por la contralora titular agrava el cuadro institucional: se trata de un informe carente de autoridad formal, emitido desde una posición que, por mandato constitucional, debería abstenerse de opinar sobre proyectos de ley. En términos republicanos, este tipo de gestos erosionan la confianza en la neutralidad técnica de la Contraloría, que constituye una de las piedras angulares del equilibrio de poderes.

La discusión sobre el financiamiento de la educación superior es demasiado relevante como para quedar empañada por una intervención fuera de competencia. Corresponde al Congreso deliberar sobre la conveniencia, el costo y la sustentabilidad del nuevo sistema; y al Ejecutivo, diseñarlo y defenderlo. La Contraloría, por su parte, debe preservar su independencia, evitando cualquier participación que pueda confundirse con un juicio político o presupuestario.

En tiempos en que la ciudadanía exige transparencia y rigor, la prudencia institucional no es una debilidad: es una forma de fortaleza. La Contraloría sirve mejor a Chile cuando se ciñe a la legalidad vigente, no cuando intenta anticiparla.